Miguel Peña Chávez
Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Peña Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el arábigo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Finalmente, agréguese el ocurso electrónico de ..., mandatario judicial de la tercera interesada; en atención a su contenido, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1034/2021; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ., asistido de ., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y se da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; y C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, sin que ninguna de las partes las haya ofrecido. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la tercera interesada formuló alegatos e invocó causal de improcedencia; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1034/2021, promovido por ., contra actos del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otros; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. El día dos de diciembre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades reseñadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, la demanda se admitió a trámite el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En ese auto el suscrito juzgador dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; pidió los respectivos informes justificados; y señaló a la parte tercera interesada. De autos se advierte que la tercera interesada fue emplazada y compareció; la representante social de la Federación adscrita no intervino; se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento seguido ante un órgano de justicia con jurisdicción en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario . del índice del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, así como todo lo actuado, particularmente la ejecución de la sentencia sobre el inmueble identificado como la casa marcada con el número . TERCERO. Informe Justificado. Las autoridades responsables reconocieron la existencia del acto reclamado; lo que se robustece con las constancias certificadas que se remitieron, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio de amparo es improcedente por falta de interés jurídico del promovente, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en ese precepto, para la procedencia del juicio de amparo proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados; lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa. Además, el juicio procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño auténtico al juicio especial hipotecario . del índice del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, así como todo lo actuado, particularmente la ejecución de la sentencia, por medio del remate del inmueble identificado como la casa marcada con el número .; entonces, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados, pues solo de esta forma queda fehacientemente acreditado el interés jurídico. Esto es, la parte impetrante de amparo debió demostrar ser titular del derecho de propiedad que detenta; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En esta tesitura, la copia simple de un contrato de compraventa y de la credencial para votar del quejoso, son insuficientes para acreditación fehaciente del interés, pues constituyen reproducciones carentes de cualquier tipo de autenticación que hagan patente la existencia de los derechos que dicha pieza contractual pudiera consignar a favor del demandante. Al respecto se invoca el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 21/98 de la Novena Época, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, en Materia(s): Común, Página: 213, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Así, aun en el supuesto no concedido de que efectivamente el quejoso tuviera la posesión material del bien, este sólo hecho sería insuficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades foráneas (Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco), dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." No pasa inadvertido que en el presente asunto la parte tercera interesada invocara la improcedencia de la acción de amparo, sin embargo, no existe necesidad de emprender un análisis diverso respecto de sus señalamientos, cuando de oficio se examinó una causa probada para decretar la improcedencia y el consecuente sobreseimiento, en los términos que en este fallo se hace. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ., contra actos del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otros, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese. Lo sentencia y firma electrónicamente, ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese el ocurso de ..., mandatario judicial de la tercera interesada, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, por así tenerla acreditada en el juicio de origen; en atención a su contenido, se autoriza para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, así como para el uso de medios electrónicos. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con los nombres de usuario que proporciona, para consulta del expediente electrónico y recibir notificaciones por esa vía. Se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y por invocada la causal de improcedencia, con las que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional, que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Por otro lado se tiene por recibido el oficio del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló. Ahora, de las constancias que adjunta, se aprecia que la cesionaria es ..., quien se tuvo como parte tercera interesada en el auto admisorio. Por tanto a fin de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que emplace a la tercera interesada en los siguientes domicilios: ... NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERTESADA.
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