Miguel Pazos Ríos

Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
549/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Miguel Pazos Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, trece de abril de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. VII. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción que corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 549/2020, promovido por Miguel Pazos Ríos, contra los actos que reclama de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el once de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, Miguel Pazos Ríos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 810/2019 del índice de la sala responsable. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En trece de noviembre de dos mil veinte se admitió la demanda, se requirió el respectivo informe justificado, se dio vista a la representante social de la adscripción y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver del juicio, de conformidad con los artículos 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad 810/2019 del índice de la sala responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto que la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad declaró cerrada la instrucción en el juicio de nulidad 810/2019, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, sin que a la fecha de rendir su informe (dos de diciembre del año próximo pasado) hubiera emitido la resolución correspondiente; lo anterior, por así haberlo manifestado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en soporte de su informe, de las que se advierte el auto de esa fecha en la que se declaró cerrada la instrucción citando a las partes para dictar el laudo correspondiente; documentales con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Sobrevino la improcedencia del juicio, conforme al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos la omisión reclamada. La norma en cita, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia que se invoca, se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Tal hipótesis se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin del juicio constitucional, que es el de obtener la reparación a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; u, obligando a la responsable a respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que exija, cuando es de carácter negativo. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Igualmente resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." (P. CL/97, localizable en la página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Para justificar la improcedencia del juicio, se relatan los antecedentes del caso: El cinco de abril de dos mil diecinueve el quejoso Miguel Pazos Ríos, por su propio derecho demandó al Presidente Municipal y otras autoridades por la nulidad de la omisión de reconocerle el grado de Suboficial Operativo de la Policía Municipal. Mediante auto de ocho de abril siguiente se admitió a trámite la referida demanda se radicó con el número 810/2019. Seguido el juicio por todas sus etapas, el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve se declaró cerrada la instrucción, citándose el juicio para oír sentencia. 4. El dos de febrero del año en curso se dictó la resolución correspondiente, mismo que se notificó en esa fecha al autorizado del actor aquí quejoso. De la narrativa que antecede, se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, debido a que la omisión de dictar la sentencia en el juicio de nulidad de la que se queja, quedó subsanada desde el momento en que la autoridad responsable actuó y emitió la resolución respectiva. Entonces, sobrevino la improcedencia del amparo, en razón de que ya se realizó el acto de autoridad que se pretendía, con lo que se abandonó el estado de omisión; por ende, el juicio constitucional ya carece de razón al haber desaparecido su objetivo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia. De ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad de actos que ya no subsisten. Así, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que ya no subsiste la omisión. Destacando que, si bien pudieran acontecer nuevas violaciones al artículo 17 de la Carta Magna, ello sería materia de diverso juicio de amparo en atención a que la acción debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento administrativo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." (2a. CV/2013 (10a.), visible en la página 732, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación) Finalmente, resta decir que si bien, para arribar al presente fallo, se toma en consideración la documental aportada por la responsable, después de culminadas las primeras dos fases de la audiencia constitucional, ello está permitido excepcionalmente cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento, como acontece en el caso. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." (2a./J. 25/2012 (10a.), página 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo, conforme a los artículos 61 fracción XXI y 63 fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Pazos Ríos contra la omisión que reclama al Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expresadas en el último considerando. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintiuno. Informe de autoridad responsable. Téngase por recibido el mensaje enviado vía correo electrónico por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el veinticinco de febrero del año en curso, se notificó al quejoso Miguel Pazos Ríos, por conducto de su autorizado jurídico, la sentencia dictada en el juicio de nulidad 810/2019-III y al efecto remite copia de las constancias con las cuales acredita lo anterior. Pruebas y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese cuaderno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que dentro del juicio de amparo 549/2020, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, a las nueve horas con diecinueve minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó dictar sentencia, misma que se encuentra pendiente de pronunciar; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes. Autoridad remite constancias. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de nulidad 810/2019-III. Notifíquese.

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