Miguel Palet Beauroyre
Expediente 2134/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2134/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Palet Beauroyre
Actuaciones
- Principal
MESA III. Visto, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la devolución del duplicado de la causa penal de su índice... Atento a lo anterior, dígase a la autoridad antes mencionada que por diverso de veintitrés de los corrientes le fueron remitidas las constancias antes citadas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, el veinticuatro de marzo del presente año, tal como se advierte de la copia certificada de la constancia de notificación que para el efecto se remite.
- Principal
por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil quince, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del veinticuatro de marzo de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo
- Principal
MESA III.- Villahermosa, Tabasco, treinta de enero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y, con fundamento en los numerales 105 de la ley de amparo, 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Sin que sea el caso requerir el cumplimiento al 1. Juez Primero de Distrito en el Estado, toda vez que mediante proveído de dieciséis del mes actual, se reservó acordar respecto al oficio signado por dicha autoridad, por medio del cual dio cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; y, toda vez que falta por informar el cumplimiento a la ejecutoria el Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, se reserva para dar vista a las partes, hasta que la citada autoridad, remita las constancias relacionadas con el mencionado cumplimiento. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la 1. Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que es del tenor siguiente:.." "Lo que procede es conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, realice las siguientes acciones: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada, emitida en la causa penal 90/2011-2 de su índice, toda vez que el delito por el que se emitió se encuentra prescrita la acción penal. 2. Emita otra resolución en la que decrete el sobreseimiento en términos del artículo 298, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, al encontrarse extinguida la acción penal. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro: 2003877, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 15/2013 (10a.), Página: 497, de título y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA). La institución de la prescripción constituye la adquisición o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. En este tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la prescripción de la acción penal, ha sostenido que supone una inactividad del Ministerio Público en relación con el derecho de investigación y persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción, esto es, representa una condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo estatal, cuyo fundamento radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder sancionador, sino también en la seguridad que todas las personas deben tener ante éste. Así, la institución mencionada, más que un beneficio para el inculpado, constituye una sanción para la autoridad ministerial ante su inactividad o deficiente desempeño, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. De ahí que conforme a los artículos 115, 116, 118, 121, 122, 124, 125, 128 y 129 del Código Penal para el Estado de Durango, y 125, 126, 129 a 131, 134, 137 y 138 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, respectivamente, la sola presentación de la demanda de amparo indirecto contra una orden de aprehensión o de comparecencia no interrumpe el plazo para que opere la prescripción de la acción penal, sin embargo, si se concede la suspensión, el tiempo que ésta subsista deberá descontarse del necesario para que opere la prescripción, pues no libera a la autoridad de su omisión, ya que el referido proceso constitucional autónomo de amparo es el principal instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que puede promover un particular, por lo que sería un contrasentido que la actividad del quejoso, en defensa de sus derechos fundamentales, beneficie al órgano estatal obligado a actuar para no caer en la prescripción; sostener lo contrario equivaldría a desincentivar a los gobernados de hacer uso del recurso eficaz y sencillo que tanto la Constitución General de la República, como los tratados internacionales establecen para tutelar y proteger sus derechos humanos. En consecuencia, si mediante la promoción del amparo se obtiene la suspensión, tomando en cuenta su naturaleza jurídica, el tiempo que ésta subsista deberá descontarse del plazo necesario para que opere la prescripción de la acción penal, en tanto que en ese lapso la autoridad estatal no pudo cumplimentar la orden de aprehensión o de comparecencia reclamadas, porque la inactividad no resultó imputable al propio Estado, sino que deriva de la existencia de un mandato de suspensión decretado por el juzgador de amparo, a instancias del propio gobernado." Consideración que debe hacerse extensiva a la autoridad ejecutora en vía de consecuencia, al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Quinta Época, con registro: 1003207, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia(s): Común, Tesis: 1328, Página: 1492, de título y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en su caso, se implementarán las penas a que hacen referencia el arábigo 267 de la ley de la materia.
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