MIGUEL PADILLA LUIS y Otros.

Expediente 484/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
484/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • MIGUEL PADILLA LUIS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula y libro Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vistos los autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días concedido a la quejosa ""....."", en auto de nueve de marzo del año en curso, para recoger los edictos, a fin de emplazar al tercero interesado ""......."", así como para que acreditara ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos respectivos; sin que lo hubiere hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y en el caso se aplicará la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En efecto, la fracción III, inciso b), del artículo 27, de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que a pesar de haber realizado la investigación del domicilio del tercero interesado con diversas autoridades, a fin de que informaran a este Juzgado si en los archivos de las oficinas a su cargo obraba algún domicilio de """......."""", de los cuales se advierte lo siguiente: El Apoderado Legal de Teléfonos de México, con sede en la ciudad de Oaxaca, no proporcionó registro alguno a nombre del tercero interesado. La Vocal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca, precisó el domicilio ubicado en Calle Sierra de Tamazulapan, Manzana 6, Lote 9, Sección 1 Crucecita, Código Postal 70989, Municipio Santa María Huatulco, Oaxaca; como del citado tercero interesado. El Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente, Oaxaca "1", indicó como domicilio del aludido tercero interesado el ubicado en calle Eucaliptos, Número 307, Interior A, colonia Reforma, Código Postal 68050, Municipio Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por su parte, el Jefe de Oficina de Atención a Clientes de la Zona Comercial Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Sureste; Jefe de la Unidad Jurídica del instituto Catastral del Estado de Oaxaca y, el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitieron un listado de servicios, registros de cuentas y personas localizadas a nombre de "".......""", ello, al no contar estas autoridades con mayores datos de identificación del tercero interesado de que se trata, por lo que no les fue posible estar en condiciones de establecer con exactitud si el tercero aquí buscado es alguna de las personas que aparecen en la lista aludida. En atención a ello, en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento al citado tercero en los domicilios ubicados en ""......""""" ; así como en el diverso ubicado en ""......"""" (domicilio indicado por la autoridad Vocal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca); obteniendo resultados negativos. Que en auto de ocho de enero de esta anualidad, se ordenó por última vez el emplazamiento del tercero interesado ""......"", en el domicilio ubicado ""....."" remitiendo para ello exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca sede en Salina Cruz, quien devolvió la comunicación oficial sin diligenciar en atención a que en ese domicilio no vive dicha persona. Tomando en cuenta lo anterior, mediante auto de nueve de marzo pasado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la citada parte procesal, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndola para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger los mismos a efecto de realizar el emplazamiento de que se trata, del cual quedó notificada el quince de marzo siguiente, sin que hubiere comparecido al despacho de este juzgado a recoger los edictos para realizar el emplazamiento, ni mucho menos acreditado que los entregó para su publicación. De lo anterior, es evidente que el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la quejosa acudiera a este Juzgado a recoger los edictos, a fin de que, conforme al precepto legal 27 de la ley de la materia, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, acreditara la publicación; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado y del cual quedó debidamente notificado, no acudió a recoger los citados edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que en el caso en específico podría acudir a deducir sus derechos, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de comparecer a recoger los edictos y por consiguiente al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia impetrante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Es importante precisar que no pasa inadvertido el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Se dice lo anterior, pues la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial, ni de los elementos de prueba que se encuentran en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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