Miguel Pacheco Reyes
Expediente 661/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Miguel Pacheco Reyes
Actuaciones
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el escrito del quejoso ********, en atención a su contenido, respecto a la devolución del documento que solicita, ha lugar a acordar favorablemente su petición, para lo cual, con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se le concede un plazo de noventa días hábiles, para recuperar el aludido documento. Se le apercibe, que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido. Asimismo, se le tiene como autorizados para tal fin, a las personas que indica, para ello, deberán solicitar a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, una cita para acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, donde se les proporcionará fecha, hora y un código QR para su acceso. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
MESA 2. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Incorpórese a los autos, el escrito signado por el quejoso ************; visto su contenido y como lo solicita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, en términos de su artículo 2, en lo conducente y 17 de la Constitución Federal, expídase a su favor, copias simple de lo actuado en este juicio de amparo. Por tanto, a efecto de estar en condiciones de entregar las copias solicitadas, toda vez que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permite el empleo de tecnologías y medios alternativos de comunicación con las partes, solicítese que proporcione un correo electrónico a fin de enviarle las copias que solita. Lo anterior, a fin de evitar el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, representa no solo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, dada su comparecencia a las instalaciones de este órgano jurisdiccional. No obstante, si la parte quejosa insiste en comparecer al órgano jurisdiccional a recibir las copias, solicítese designe a una persona que comparezca ante este Juzgado y se le haga entrega de las copias solicitadas, para que, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal, se registre la fecha y hora en el Sistema de Citas de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
Mesa 2.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintidós de octubre de la presente anualidad, en el cual se desechó demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
notificación a la quejos por no haber acudido a notificarse pese haber dejado aviso.-San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. I. Recepción y formación del expediente físico y electrónico. Con la demanda de amparo que promovió *****, contra actos del Delegado en el Estado de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 661/2020. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. II. Análisis de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en tener la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En el caso, *******, reclama del Delegado en el Estado de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras autoridades, lo siguiente: "De las Autoridades ordenadoras y ejecutoras, reclamo la Resolución que de manera unilateral han emitido fuera de todo procedimiento previamente establecido, por medio del cual han determinado LA NO PROCEDENCIA DE DEVOLVERME LA CANTIDAD DE $132,951.56 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/56 M.N), BAJO EL CONCEPTO 054 "COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN", CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE MAYO DE 2020 Y LO SUBSECUENTE; COMO TAMBIÉN LA QUITA Y SUPRESIÓN DE DICHO CONCEPTO POR LA CANTIDAD MENSUAL DE $627.13 (SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/13 M.N.), COMO SE DETALLA DE LA SOLICITUD QUE HICE MEDIANTE ESCRITO RECEPCIONADO CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2020; no obstante de no existir causa eficiente para ello, y sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento; es decir, fuera de todo procedimiento establecido, sin que se me haya notificado el inicio del mismo, negándoseme de esta manera la intervención en dicho procedimiento administrativo que culminó con la resolución de que me duelo, pero sobre todo NO se me dio la oportunidad de defender mis derechos, alegar y ofrecer pruebas, vulnerando en mi perjuicio lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal en vigor, que establece que: "NADIE PODRA SER PRIVADO DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO..."; y que la Suprema Corte de la Nación ha establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de los derechos de los gobernados se encuentran los de escuchar a los interesados y se les dé la oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos, situación que no acontece en el procedimiento unilateral llevado por las responsables en mi contra y que culmino en la Resolución a que me refiero anteriormente determinación que me fue enterado de manera verbal el día diecinueve de octubre de dos mil veinte." Así, planteada la demanda de amparo, se advierte que es improcedente; pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)" Del citado artículo, se desprende que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, se surte la causa de improcedencia prevista en el mismo. Bajo esa premisa, resulta pertinente traer a contexto el contenido del artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor de conformidad con el Transitorio Primero el día siguiente de su publicación, numeral que establece: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" Del numeral citado, se obtiene por una parte, que el juicio de amparo es improcedente entre otras hipótesis, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia, y por otra, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre otros, respecto de aquéllas que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones del artículo 3º. Así, de la interpretación extensiva, se advierte que los actos por los que se duele el quejoso, no implican violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocer del juicio contencioso administrativo; porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas (CONCEPTO 054 "COBRO INDEBIDO DE PENSIÓN"), realizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En tales circunstancias, se estima que previamente a impugnar los actos reclamados por la parte quejosa, en la presente instancia constitucional, debieron combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Ello es así, en razón de que como se analizó, por una parte la referida ley orgánica, en específico su artículo 3º, precisa cuáles son las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre las cuales se incluye la determinación que por esta vía se impugna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1194, del siguiente contenido y rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto y con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta. Por cobrar aplicación al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo. Igualmente, la jurisprudencia PC.XXV. J/7 A (10a.), de rubro y texto siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD. Los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada (de igual contenido al actual numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) establecen que la acción contenciosa administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, al tratarse de un mecanismo de jurisdicción restringido donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan resoluciones definitivas, y que se encuentren mencionados dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el dispositivo de la ley orgánica referida. Así, el concepto de resoluciones definitivas pondera, además de su atacabilidad a través de recursos ordinarios en sede administrativa, su naturaleza, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa. Bajo ese tenor, cuando con motivo del pago de pensiones en la demanda respectiva se impugne un acto denominado como la "omisión" consistente en: a) la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión conforme a lo establecido en la legislación aplicable, o b) la actualización, determinación y cálculo de las prestaciones adicionales a dicha pensión, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple, necesariamente la procedencia del juicio de nulidad estará condicionada a que exista una resolución de la autoridad que resulte legalmente competente, que tenga el carácter de definitiva y que, por lo mismo, revele que se trata del producto final o de su última voluntad. Lo anterior se concluye de esa forma, porque los actos impugnados en esos términos no son definitivos para efectos del juicio de nulidad, precisamente porque no poseen la característica exigida por la ley y su interpretación, según lo expuesto, al no combatirse en realidad el producto final de la manifestación expresa de la autoridad administrativa, o su última resolución para poner fin a un procedimiento, ni tratarse de una manifestación aislada que refleje su voluntad definitiva. Lo anterior, en el entendido de que el pago periódico de la pensión y de las prestaciones citadas en los términos en que lo hace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no constituye una resolución definitiva para la procedencia del juicio de nulidad, en tanto que dicha actividad se lleva a cabo para satisfacer un interés general, aunque en concreto de los jubilados y, por ende, no se dirige a una persona en particular; sin que sea factible que la procedencia del juicio contencioso se vincule o se haga depender de la forma en que el órgano jurisdiccional aprecie el acto impugnado por su clasificación o por la percepción que se tenga de él, pues para efecto de la procedencia del juicio debe atenderse a que se trate de una resolución definitiva conforme al artículo 14 mencionado. Sin soslayar que, aun cuando los argumentos expuestos por el justiciable hagan énfasis sobre violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado el cumplimiento de disposiciones que se combaten en esta instancia, se obligaría a examinarse aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo que esta circunstancia no puede tomarse como excepción al principio de definitividad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número XXI.2o.J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 87, tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." III. Domicilio y autorizados. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta; y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a ******, al haberse encontrado registrada a su favor cédulas profesionales ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación. Y, respecto de las demás personas, únicamente se autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. De igual manera, se toma nota del correo electrónico y los números telefónicos proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. VI. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que se considerara información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VII. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación del expediente. Tomando en consideración que conforme al Acuerdo General 21/2020 existe la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes; sin embargo, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. En consecuencia, se exhorta a la parte quejosa, para que preferentemente continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL), lo que les permitirá presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.
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