Miguel Osbaldo Carreón Pérez
Expediente 3680/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3680/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- Miguel Osbaldo Carreón Pérez
Actuaciones
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva pronunciada en el juicio de amparo 1381/2018 (pomovido por la parte quejosa el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 423 a 428); y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Los antecedentes a los que se contrae esta interlocutoria son: Armida Sánchez Ochoa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos que reclamó de las siguientes autoridades: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco. Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan. Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan. Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial Edificación del Ayuntamiento de Zapopan. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapopan, Jalisco. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: El dictamen de Comisiones y Propuestas del Ayuntamiento, que aprueba la Integración de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, esto es, su emisión o elaboración, discusión, aprobación, promulgación, publicaciones y aplicación que fue aprobada el veintinueve de julio de dos mil cuatro. La emisión por sí o a través de sus subordinados, de la licencia de edificación mayor con clave H/D-4347/06/N, a favor del tercero interesado Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable, para el domicilio ubicado en avenida Central número 1351, lote 1, fraccionamiento Las Cumbres Residencial, autorizando la construcción de noventa y cuatro departamentos. La XXXIV (trigésima cuarta) sesión de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, celebrada el uno de febrero de dos mil dieciséis. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTD/2006/144 de siete de febrero de dos mil seis, relativa al acuerdo de la sesión dentro del expediente 073/2016. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTDU/2006/764, de dos de agosto de dos mil seis. El oficio 15031/2014/2-237/DPT de dos de abril de dos mil catorce. Actos respecto de los que solicitó la suspensión, de conformidad con lo previsto por el artículo 126 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de mayo dos mil diecisiete (fojas 39 a 47), se formó el incidente de suspensión, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran el respectivo informe previo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental y se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, la que se negó. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja que conoció y resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de toca de queja 197/2017, en el que por sesión de treinta de mayo de dos mil diecisiete, la resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- Es infundado el recurso de queja. --- SEGUNDO.- Se confirma el auto impugnado" (foja 74). Por interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 95 a 111) se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, contra la cual la quejosa interpuso recurso de revisión. En sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el incidente en revisión 666/2017 (foja 386 y expediente electrónico), en la que revocó la interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en atención a los razonamientos siguientes: ". Así pues, toda vez que la quejosa alega que la edificación en cuestión es contraria a la normatividad aplicable y resulta atentatoria de sus derechos fundamentales de calidad de vida, vivienda digna, acceso al medio ambiente, al agua potable y al desarrollo integral de las personas, ya que dicha construcción se encuentra en el mismo fraccionamiento ("Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", en Zapopan Jalisco) en el que la exponente es copropietaria porque tiene una unidad privativa condominal; ese alegato conjuntado con los medios de convicción que aportó la promovente, son suficientes para tenerla por acreditando su interés para solicitar la medida cautelar de que se trata, máxime si se toma en cuenta que entre tales elementos de prueba destaca el dictamen emitido por el Superintendente de Obras y Proyectos del "Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua y Alcantarillado", en el sentido de que "no es viable el otorgamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que donde se ubica el predio no se cuenta con volúmenes disponibles en la zona, en virtud de haber considerado todo el desarrollo como vivienda horizontal, y no para el cambio de proyecto vertical en donde genera un mayor volumen requerido" (folios 1 y 99 del cuaderno de pruebas anexas, en relación con el 157 del expediente 1381/2017). Por ende, en el caso resulta procedente la medida cautelar en virtud de que como se evidenció, la quejosa acreditó su interés suspensional; además, con su otorgamiento no se advierte afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, sino que por lo expuesto es viable jurídica y materialmente paralizar los efectos de los actos reclamados que, se alega, contravienen la normatividad aplicable en materia de urbanización y asentamientos humanos, y provocan un deterioro al medio ambiente. Aunado a lo anterior, de no concederse la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados serían de difícil reparación para la quejosa, al alterar el entorno en la zona en que tiene su inmueble, ya que se permitiría a la tercera interesada operar bajo una licencia que, se aduce, viola la normatividad aplicable. Por lo tanto, al reunirse los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, con motivo de que la quejosa solicitó la suspensión y con ella no se sigue perjuicio al interés social ni al orden público, sino que al contrario la controversia de fondo consiste en dilucidar si los actos reclamados son o no, los que siguen perjuicio al interés social y a las disposiciones de orden público en materia de urbanización y asentamientos humanos. Y, ponderando además que la ejecución de dichos actos reclamados podrían causar a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación; este Tribunal Colegiado determina que lo procedente es conceder la suspensión definitiva a la solicitante Armida Sánchez Ochoa, para el efecto de que se paralice la edificación autorizada mediante la licencia "H/D-4347-06/N" expedida por el Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, a favor de "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERUR" Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido. Para tal fin, las autoridades responsables están obligadas a paralizar temporalmente los efectos y ejecución de dichas autorizaciones, permisos o licencias, y a vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario. La referida medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de producirlos si la quejosa no garantiza dicha suspensión por el monto para resarcir los posibles daños y perjuicios se pudieran ocasionar a la tercera interesada, lo cual habrá de ser establecido por el Juez de Distrito al ser quien tiene todos los elementos necesarios para fijar tal cuantía, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. R E S U E L V E PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el incidente de suspensión del juicio indirecto de garantías 1381/2017; y, SEGUNDO. Se concede a la quejosa Armida Sánchez Ochoa, la suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos y con la condición precisada en el último considerando de esta ejecutoria.". En cumplimiento a lo anterior en auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se proveyó que la suspensión concedida surtía sus efectos desde luego, pero dejaría de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a la tercera interesada, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, determinación que fue notificada a la quejosa el ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 386 a 396). Inconforme con el monto de la garantía, la parte quejosa interpuso recurso de queja y revisión. El quince de marzo de dos mil dieciocho la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa informó que había causado estado el proveído en el que se desechó el recurso de queja 103/2018 intentado por la parte quejosa (foja 452). En proveído de veintiséis de marzo, se tuvo a la parte quejosa garantizando la cantidad que le fue fijada mediante resolución de seis de febrero de dos mil dieciocho (foja 386 a 391), para que surtiera efectos la suspensión definitiva otorgada respecto a los actos y autoridades señalados en su demanda inicial (foja 469). Por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho se recibió el oficio, mediante el cual las autoridades responsable rinden informe respecto al cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por el Tribunal Colegiado y para tal fin precisan que se ha dado seguimiento puntual a la medida cautelar (foja 415). Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 423 a 428), la parte quejosa promovió incidente por violación a la suspensión o incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada respecto a la demanda inicial conforme a lo determinado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Y en proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho se le dio trámite como incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, y el quince de mayo siguiente en cuanto a las pruebas que ofreció en tal incidente, se admitió la prueba de inspección judicial, no así la testimonial, por lo que interpuso recurso de queja (fojas 442, 462 y 473 del duplicado). El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia incidental de exceso o defecto en el cumplimento a la suspensión definitiva. En interlocutoria de cuatro de junio de dos mil dieciocho, se declaró infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, interpuesto por la parte quejosa (fojas 483 a 500 del duplicado). Inconforme con tal resolución la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que se proveyó el trece de junio siguiente (foja 515 del duplicado). En proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió testimonio de la resolución dictada el veintidós de noviembre del citado año, dentro del recurso de queja 267/2018 del consecutivo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la que declaró fundado dicho recurso (fojas 522 a 524). TERCERO. En acatamiento a la resolución dictada el veintidós de noviembre del citado año, dentro del recurso de queja 267/2018 del consecutivo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la que declaró fundado dicho recurso, en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se dejó sin efectos la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho (fojas 488 a 500 cuaderno incidente duplicado) y de conformidad con el artículo 206 de la Ley de Amparo, se admitió nuevamente a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, únicamente para el efecto de admitir la prueba testimonial ofrecida por el quejoso en su escrito de treinta de abril de dos mil dieciocho, a cargo de los testigos Ernesto García Gutiérrez y Miriam Sujey Godínez Sánchez (fojas 423 a 427 cuaderno duplicado), en consecuencia, se corrió traslado con el interrogatorio a las responsables: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco. Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan. Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial Edificación del Ayuntamiento de Zapopan. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapopan, Jalisco. Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan (sustituida por el ayuntamiento citado debido a que fue extinta). Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. De igual manera se corrió traslado a los terceros interesados siguientes: Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable. HSBC México. Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. Viarde Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En el caso, se les otorgó el término de tres días contados a partir de la legal notificación, de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, para que si era su deseo formularan por escrito las repreguntas que consideraran pertinentes. Se señalaron las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO para la celebración de la audiencia de alegatos, (fojas 423 a 427 y 714 a 715 cuaderno duplicado). La audiencia incidental a que se refiere el numeral 208 de la Ley de Amparo, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver los incidentes por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por serlo para conocer del incidente del juicio de amparo en el que se proveyó, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I; 206 a 209 de la Ley de Amparo; y, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata respectivamente de la denuncia por exceso y por incumplimiento a la suspensión definitiva concedida conforme a lo previsto por el numeral 126 de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 1381/2017 del índice de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. La parte quejosa Armida Sánchez Ochoa, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 423 a 428 de autos), afirma que existe defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional y definitiva, básicamente porque: La responsable al dar respuesta a los requerimientos que este juzgado se manifiesta que ha dado cumplimiento puntual a la suspensión, pero que no lo acredita. Que no ha adoptado ninguna medida de seguridad a las que refirió el Tribunal Colegiado, ni se ha constituido en la finca de la tercera interesada. Que no exhibe acta circunstanciada alguna o los datos de identificación de los sellos de clausura con los cuales acredite que dio cumplimiento a la medida cautelar. Que la obra sigue efectuándose a gran velocidad con el ánimo de terminar el edificio. Al efecto ofreció los siguientes medios de convicción: Testimonial a cargo de los testigos Ernesto García Gutiérrez y Miriam Sujey Godínez Ramírez, misma que en auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho se admitió. La instrumental de actuaciones. La prueba de inspección judicial, misma que por auto de quince de mayo de la presente anualidad, se admitió y fue desahogada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, como se advierte del acta conducente (fojas 481 y 482). Ahora bien, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, otorgó la suspensión definitiva a la parte quejosa para los efectos siguientes: ".el efecto de que se paralice la edificación. relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido. Para tal fin, las autoridades responsables están obligadas a paralizar temporalmente los efectos y ejecución de dichas autorizaciones, permisos o licencias, y a vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario." Además condicionó dicha medida cautelar al otorgamiento de la garantía que debía fijar este juzgado de Distrito, por lo que en auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se proveyó que la suspensión concedida surtía sus efectos desde luego, pero dejaría de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a la tercera interesada, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, determinación que fue notificada a la quejosa el ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 386 a 396). Por lo anterior, el término de cinco días concedido a la parte quejosa para otorgar esa garantía, transcurrió del doce al dieciséis de febrero, sin que obste a ello el que hubiese recurrido el monto de la garantía. Sobre el tema se cita la tesis III.5o.C.17 K (10a.), emitida por Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2922 del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SU INTERPOSICIÓN NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO DETERMINAR SI LA QUEJOSA CUMPLIÓ O NO CON LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA GARANTÍA FIJADA." Luego, no fue sino hasta el veintitrés de marzo que se la parte quejosa garantizó la cantidad que le había sido fijada mediante resolución de seis de febrero de dos mil dieciocho (foja 466), esto cuando ya había transcurrido el término de cinco días (doce al dieciséis de febrero) que le fue concedido para que la medida cautelar no dejara de surtir efectos. En cuanto a dicha suspensión, las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, por conducto del Síndico Municipal (foja 454 a 455), al rendir el informe que les fue requerido por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho (foja 442), afirman que de acuerdo a las facultades de las autoridades que representa, no se han llevado actos tendientes a violar la suspensión otorgada. Medios de convicción a los que se otorga valor demostrativo pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, los indicados con los números 2 y 3, por tratarse de documentos expedidos por autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones. Respecto a la testimonial desahogada dentro de la audiencia constitucional el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en la que declararon los atestes Miriam Sujey Godínez Ramírez y Ernesto García Gutiérrez, la que merece valor probatorio pleno, de conformidad a los requisitos contenido en artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; porque dada su edad, capacidad e instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar los hechos declarados, aunado a lo anterior, lo atestiguado fue susceptible de conocerse por medio de los sentidos y los deponentes lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otros; sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni reticencias y versaron acerca de las circunstancias esenciales de los hechos declarado y de autos no aparece que hayan sido obligados a atestiguar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, además porque dieron la razón de su dicho; motivos por los cuales se consideran veraces sus exposiciones y lejos de estimar que carecen de independencia para atestiguar en la causa, debe dársele el valor de indicio que la ley le atribuye como testigos de esos hechos. En la que fueron coincidentes al establecer que conocían la acción urbanística Vista Vento, que la misma no se encuentra suspendida y que a ella ingresan personas que realizan trabajos de construcción, que les consta lo anterior en virtud de que la primera es administradora y el segundo jefe de seguridad, ambos del Condominio las Cumbres, dentro del cual se encuentra la acción urbanística Vista Vento, y tienen acceso a los registros de las persona que ingresan al fraccionamiento para trabajar en Vista Vento (fojas 738 a 742). Del tercero de dichos medios probatorios, se observa que, por lo menos, al día en que se verificó la inspección judicial respecto de la finca marcada con el número 1351 de la Avenida Central, Fraccionamiento Las Cumbres, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, lo siguiente: "Por lo que respecto al punto señalado con el punto número: No se apreció ningún sello de clausura. Se observaron dos masculinos colgados del edificio por la parte de afuera del mismo, a la altura del piso 5, haciendo trabajo de lo que al parecer es sellado de ventanas, así mismo en el área del estacionamiento se observó a un masculino realizando trabajo de albañilería como lo es el de enjarre en una Proción de muro. Así mismo el autorizado de las partes terceras interesadas solicitó el uso de la voz para hacer las siguientes manifestaciones. ".con relación al punto uno, no tengo nada que decir. por lo que ve al punto señalado con el número dos, menciono que no se está ejecutando ninguna actividad propia de la edificación, sino que son actividades propias del mantenimiento del edificio, además de que la torre se ubica en el lote once, no en el lote uno, circunstancia ya advertida dentro del propio amparo, cabe establecer que la torre está habitada.". Así, del acta de inspección jurisdiccional se advierte, que se visualizaron dos personas realizando trabajos al parecer de sellado de ventanas y otro individuo realizando enjarre en una porción de muro, además la afirmación del representante de los terceros interesados en el sentido de que esos trabajos son de mantenimiento y no de edificación, y que dicha torre se encuentra habitada, afirmaciones que no fueron objetadas por la parte quejosa, se concluye que existen indicios de que el inmueble se encuentra habitado. Ahora bien, como lo analizó la Superioridad, en los casos que la suspensión concedida al quejoso no se limite a impedir a la autoridad la ejecución del acto reclamado, ello implica para esa responsable no solo la obligación de "no hacer", sino que la suspensión también le impone una obligación de "hacer", en consecuencia la carga de la prueba relativa al debido cumplimiento de la suspensión recayó en la mencionada autoridad, por lo que su informe no puede consistir en la simple negativa de haberla incumplido, como lo hacen las autoridades aquí responsables al rendir su informe. Lo anterior debido a que para la valoración del cumplimiento de la suspensión se requiere, al menos, la explicación de los actos concretos que han realizado las responsables para dar cumplimiento a la misma y en su caso que la respalde con las pruebas correspondientes. En dicho contexto, la suspensión de los actos aquí reclamdos fue concedida a la quejosa "para el efecto de que se paralice la edificación autorizada mediante la licencia 'H/D-4347-06/N' expedida por el Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a favor de 'INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERUR' Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el 'Condominio Las Cumbres Residencial de Altura', marcado con el número 1351 de la 'Avenida Central' en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido"; además vinculó a las autoridades responsables con la obligación de "paralizar temporalmente los efectos y ejecución de dichas autorizaciones, permisos o licencias, y a vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario". Entonces, las autoridades responsables, obligadas a "vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario"; a fin de demostrar que han acatado debidamente la medida cautelar, al menos deberán informar lo que han hecho sobre la mencionada vigilancia y, en su caso acompañará las pruebas correspondientes, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de valorar y resolver si en efecto se ha dado cumplimiento o bien si existe exceso o defecto en ese cumplimiento. Por lo anterior, el informe rendido por las autoridades responsables con la sola mención que: de acuerdo a las facultades de las autoridades que representan, no se han llevado actos tendientes a violar la suspensión otorgada, debe estimarse deficiente, debido a que no precisan las acciones que han realizado para dar cumplimiento a la suspensión, ni aportan ningún elemento de convicción con el que acrediten que efectivamente han dado cumplimiento a la misma. Así, ante la deficiencia del informe rendido por las autoridades responsables, ese establece la presunción de ser cierta la conducta de desacato que se les atribuye, en cuanto al cumplimiento de la suspensión. Por tanto, en atención a los lineamientos ordenados por el Tribunal Colegiado, lo advertido del material probatorio aportado por la parte quejosa y de los informes rendidos por las autoridades responsables, se concluye que es fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, toda vez que no informaron en forma precisa, cuales son los actos concretos que han realizado para dar cumplimiento a la suspensión, ni acompañaron prueba alguna con la que demuestren que efectivamente han realizado actos pertinentes para cumplir con la suspensión, esto es, para el efecto de que se paralice la edificación autorizada mediante la licencia "H/D-4347-06/N." expedida por el Director de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a favor de "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA HERUR" Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura" marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido. Así, ante la evidencia de que existe defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida en el recurso de revisión 666/2017, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se concluye que son fundado los motivos de queja expresados por la parte quejosa. Por lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 209 de la Ley de Amparo, debe declararse fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, concedida en el recurso de revisión 666/2017, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, relativa a este incidente y requerir a las autoridades responsables Dirección de Obras Públicas, Director de Control de Ordenamiento Territorial, Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial, Ayuntamiento Constitucional, Comisión Técnica de Desarrollo Urbano (sustituida por el ayuntamiento citado debido a que fue extinta) y Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que: En el término de veinticuatro horas cumplan con la suspensión, esto es, para que se paralice la edificación autorizada mediante la licencia "H/D-4347-06/N." expedida por el Director de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a favor de "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTURA HERUR" Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura" marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido y lo acrediten fehacientemente ante este juzgado de Distrito. Con el apercibimiento que de no hacerlo serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en resolución de la sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el incidente en revisión 666/2017, interpuesto por la quejosa Armida Sánchez Ochoa, por las razones expuestas en el último considerando de la presente interlocutoria y para los efectos ahí precisados. SEGUNDO. Requiérase a las autoridades responsables Dirección de Obras Públicas, Director de Control de Ordenamiento Territorial, Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial, Ayuntamiento Constitucional, Comisión Técnica de Desarrollo Urbano (sustituida por el ayuntamiento citado debido a que fue extinta) y Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que de inmediato den cumplimiento a la suspensión definitiva decretada en este incidente, en los términos señalados en el considerando último del a presente resolución. Notifíquese; personalmente al quejoso y terceros interesados. Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa y firma con la secretaria Ángel Gabino Wood Corona quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy veintiocho de enero de dos mil diecionueve, y además certifica que el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que alude el numeral 117 de la Ley de Amparo, para efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la responsable en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 268 y 269). Por tanto, se ordena diferir la audiencia señalada para hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibida la razón actuarial elaborada por la Actuaria adscrita a este juzgado, a través del cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para realizar la notificación al quejoso Miguel Osbaldo Carreón Pérez, por las razones que de la misma se desprenden. Por tanto, se comisiona a la actuaria judicial para que una vez que transcurra el periodo vacacional, realice la citada notificación. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante Felícitas Guzmán Maldonado, que certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/FGM/estef *
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