Miguel Osbaldo Carreón Pérez

Expediente 552/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
552/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
24/10/2019

Partes del expediente

  • Miguel Osbaldo Carreón Pérez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Resulta innecesario contar con los cuadernos de pruebas, se ordena devolver...

  2. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO ESTADO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN...

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de julio de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecinueve, Miguel Osbaldo Carreón Pérez, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las entidades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló, en esencia, que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 13 a 15), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se reconoció el carácter de tercero interesado a Angélica Ramírez Galindo, Quetzalli Inzunsa Sánchez y Carlos Eduardo Rangel Marrufo, quienes fueron emplazados en términos de la constancia respectiva (fojas 19 y 20); se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló alegato ministerial (fojas 39 a 44); se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las doce horas con diez minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, 53 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, con el Acuerdo General 3/2013 y 41/2018, del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados se hacen consistir en: Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: El acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente 463/2010, en el que, entre otras cosas, se impuso una multa al hoy quejoso por el importe de cien días de salario. De la Secretaría de la Hacienda Pública. La ejecución de la citada medida de apremio. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dado que así se advierte de las constancias que como anexo acompañó a su informe justificado que rindió (foja 22 a 32). Esto es, se observa la determinación de veintidós de enero de dos mil diecinueve (foja 28 a 30), en la que, entre otras cosas, se impuso una multa a la hoy quejosa; por tanto, su ejecución es inminente. En atención a ello, queda desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora Secretaría de la Hacienda Pública, (fojas 36 y 37), en la medida de que debe considerarse inminente el que se realice el acto de ejecución destacado en el inciso b) del considerando segundo de este fallo, por ser una consecuencia del mandamiento judicial primordialmente reclamado, cuya existencia quedó acreditada. En efecto, de las constancias de autos se advierte que la autoridad laboral ordenó girar oficio a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con el objeto de que se hiciera efectiva la multa equivalente a cien días de salario a la hoy quejosa (foja 29 vuelta); por tanto, al ya existir la solicitud del órgano jurisdiccional a efecto de que ésta se haga efectiva, ello torna inminente su ejecución y, en consecuencia, cierto el acto reclamado. Por lo anterior, se tienen plenamente probados los actos reclamados, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no advertirse que se actualice o acredite alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, menos de obvia y objetiva constatación, ni que se haya invocado diversa a las que hizo valer la entidad responsable; por tanto, procede estudiar la litis planteada en este asunto como en derecho corresponde. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. 1. En sus motivos de inconformidad primero y segundo, el solicitante de la tutela federal, sostiene que no le fue notificado acuerdo alguno, pues aunque el tribunal responsable afirma que el catorce de febrero de este año, se hizo del conocimiento a la entidad demandada, no indica el nombre de la persona física, por conducto de quien debía acatarse la prevención con apercibimiento de multa, pues al frente de la administración pública se encuentran personas físicas, con nombre y apellido. El argumento de la parte quejosa es infundado De la lectura del acto impugnado no se advierte que el Tribunal responsable haya obligado o delegado a alguna parte integrante en específico del ayuntamiento demandado para dar cumplimiento al requerimiento del pago del laudo, ya que como se advierte de la simple lectura del auto de apercibimiento y requerimiento como del cual se le hizo efectivo aquel, éste va dirigido de manera específica al ayuntamiento, quien en sí es la parte demandada en el juicio de origen y, por tanto, está obligado a acatar la sentencia ahí dictada. Esto es, no se precisó que el cumplimiento lo tuviera que hacer en lo particular alguno de los integrantes del ayuntamiento demandado en el juicio natural (persona física), o, en alguno de sus encargos dentro del propio organigrama del ayuntamiento demandado como pudo ser el presidente municipal, tesorero, síndico o regidores. Además, se está en la inteligencia de que el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, prevé que el síndico representa al Ayuntamiento. "Artículo 52. Son obligaciones del Síndico: (.) III. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales;" En ese sentido, en todo caso quien pudo haber desahogado dicho requerimiento era el propio síndico municipal por encargo de la propia ley, sin que ello implique por parte de quien ahora resuelve la imposición de dicha carga, pues, se insiste, el requerimiento se dirigió al ayuntamiento, sin que se tuviera la obligación de precisarse dentro del organigrama de la demandada el cargo o nombre específico alguno, en tanto que la norma, antes citada, establece con toda claridad a qué integrante está delegada la representación. También es ineficaz el concepto de violación relativo a que no le fue notificado de manera personal al ayuntamiento demandado el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho. Ello porque, como se aprecia en la constancia a foja treinta y dos, el ayuntamiento demandado -aquí parte quejosa- fue notificado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, en el domicilio procesal. No obstante lo anterior, para el caso de que la hoy quejosa, Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, parte demandada en el juicio de origen, considerara ilegal dicha notificación, pudo, al ser parte en el juicio de origen, reclamarla mediante la interposición del incidente de nulidad de notificaciones, lo cual fue omiso en promover. 2. Por otra parte, la quejosa argumenta que la determinación reclamada resulta violatoria en su perjuicio por lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se encuentra fundada ni motivada la aplicación de esa sanción. Lo anterior, es infundado. Los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, así, el primero de ellos, en lo conducente, como principio de legalidad, establece que la autoridad tiene como obligación la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por lo que, el gobernado debe estar cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad caso contrario estaría vulnerando su esfera jurídica. Por cuanto hace al segundo de los normativos constitucionales en cita, regula, entre otros derechos esenciales, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley, a efecto de que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. De ahí que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la emisión de una medida de apremio (categoría a la cual pertenecen los acuerdos impugnados vinculados a la sanción económica impuesta a la entidad reclamante de derechos fundamentales), se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: Exista determinación por parte de un órgano jurisdiccional. La misma se encuentre fundada y motivada. Deba ser cumplida por las partes o por alguna de las involucradas en el litigio. La notificación oportuna y personal al obligado. El apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Ahora bien, resulta oportuno señalar que el apercibimiento es una comunicación emitida por los jueces o tribunales en la cual se hace un llamado a alguna de las partes implicadas en un proceso judicial de una orden relacionada con el juicio y, al mismo tiempo, se hace una advertencia de las consecuencias que acarrearía dejar de cumplir con lo solicitado en la comunicación. Es decir, el apercibimiento no deja de ser una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, donde se especifica el hacer o dejar de hacer algo, que debe cumplirse y que se concreta en una advertencia conminatoria, respecto de una sanción que también se puede aplicar en caso de incumplimiento. Ahora, la emisión de un acto de autoridad debe contener la fundamentación y motivación apropiada como requisito indispensable, además, deberá ir precedida del apercibimiento correspondiente de donde derive, con el fin de que el particular tenga la certeza de que el mandamiento le ordena hacer o dejar de hacer algo y sus consecuencias. En efecto, los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear como medio de apremio la multa hasta por el término que precise la legislación adjetiva correspondiente, lo que permite delimitar el límite máximo que puede imponerse, pues la preposición "hasta" se emplea para expresar la duración de un periodo, lo que deja abierta la posibilidad de que la sanción pecuniaria pueda ser menor al tope máximo que establezca el código adjetivo que corresponda. Así, para determinar la multa que corresponde imponer a un sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional tiene la libertad de imponer la medida hasta por el límite estipulado en la ley, pero no es sino hasta que vence el término señalado para el cumplimiento de la obligación, en la que la autoridad que impone la medida puede calificar la contumacia y aspectos referentes a ésta, es decir, el dolo, la intención o incluso alguna justificación de esta persona por la falta de cumplimiento, por lo que en el auto en el que se apercibe la imposición de la medida no se puede tener dicha información y, por tanto, imposibilita determinar la temporalidad desde el apercibimiento. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 242/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170691, del rubro y texto siguientes: "MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE LA AUTORIDAD DEBE VALORAR PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se respeta por el legislador a través de disposiciones de observancia general que establecen sanciones administrativas a los gobernados, si generan certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar arbitraria o caprichosamente. En tal virtud, tratándose de sanciones pecuniarias la indicada garantía se acata cuando en la norma respectiva se establece una máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, pues ante ese contexto normativo tendrá delimitado su campo de acción ya que, por una parte, no podrá sobrepasar el máximo legal y, por otra, la decisión que adopte sobre la cuantía a la que ascienda la sanción, superior al mínimo, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 16 deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla". La aplicación de las medidas de apremio como la multa deriva de la ley y es consecuencia inmediata de la resistencia o incumplimiento injustificado por parte del obligado a cumplir una prevención; de ahí que el empleo y duración de esas medidas no puedan ser violatorios de garantías bajo el argumento de que el interesado ignoraba a lo que se exponía por su desacato, pues las consecuencias las prevé la propia ley, cuyo desconocimiento no puede alegarse; máxime que el objetivo de la imposición de las medidas afecta directamente el interés público, ya que tiene por objeto hacer efectiva y expedita la administración de justicia. Por tanto, si al requerido, concediéndosele un lapso para cumplir una prevención, dentro de la cual puede manifestar los impedimentos que tuviera para acatar el mandamiento, no cumple con dicha prevención, debe concluirse que no resulta violatoria de derechos esenciales la aplicación de medidas de apremio en su contra. No obstante que la autoridad no le advirtiese las consecuencias a las que se exponía en caso de incumplimiento, pues dichas consecuencias las prevé la propia ley y su imposición no ocurre sino hasta que el obligado presenta la conducta determinada frente a la orden, por lo que, únicamente hasta ese momento la autoridad puede hacer efectiva la medida de apremio según la conducta desplegada por el sujeto al que se le aplica la misma. Lo anterior es así, pues en el acuerdo donde se apercibe la imposición de multa no se está imponiendo propiamente dicho medio de apremio, sino que se le está advirtiendo que de incumplir con el mandamiento se le hará efectiva por el límite expresamente determinado por el juzgador, es decir, que se le advierte que de no realizar o abstenerse de realizar lo ordenado se le impondrá dicha medida, lo cual ocurrirá, se insiste, sólo hasta que se incumple con la obligación a la que se conmina, según las particularidades del incumplimiento, pues podría haber un cumplimiento parcial o que se justificara de alguna forma este incumplimiento, o bien, que con plena contumacia se dejara de acatarlo, cuestiones que sólo pueden ser evaluadas o ponderadas hasta que fenece el término para cumplir y así imponer la corrección correspondiente. En relación con lo antedicho, procede invocar la jurisprudencia 2a./J. 1/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1426, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2003086, del rubro y texto siguientes: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo". En ese sentido, resulta infundada la alegación del quejoso, en cuanto refiere que la multa no fue emitida conforme a las formalidades establecidas en la ley y que tampoco se encuentra debidamente fundada y motivada. Pues, basta imponerse de su contenido, para advertir que la autoridad responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que se sigue en esos casos, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como lo exige el precepto 14 de la Carta Magna y, en su determinación se expresaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que el tribunal del conocimiento tuvo en cuenta para emitir su pronunciamiento, dando así los fundamentos y razonamientos que estimó adecuados al caso. Asimismo, señaló como sustento a su determinación el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en que se apoyó para sustentar la medida de apremio que le impuso a dichos quejosos e indicó a manera de justificación del monto de la multa a imponer, que en caso de incumplimiento se haría acreedor a una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se actuaba, debido a la contumacia demostrada para cumplir con lo laudado y no ser el primer requerimiento que se le formulaba al respecto, lo que resultaba una falta grave conforme lo dispuesto en los preceptos legales que invocó en apoyo a su decisión. Es decir, la autoridad responsable conforme al contexto de los acuerdos vinculados, en uso de su arbitrio para la fijación del monto de la multa a imponer, fue lo que tomó en consideración e influyó en su ánimo para determinarla en cuarenta días de salario mínimo general vigente, según lo previsto en el artículo 143 de este cuerpo normativo; ello, conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal que establece la obligación de los Ayuntamiento de observar todas las disposiciones de las leyes federales y estatales en el desempeño de las funciones o en la prestación de servicios a su cargo, en correlación con lo estipulado en el normativo 56 fracción VII de dicho ordenamiento. Pues, se impone la obligación de las entidades públicas en las relaciones laborales con sus servidores de acatar en sus términos los laudos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, aunado a que tal exigencia se corrobora con lo señalado en el artículo 139 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que atribuye el deber de cumplir a la parte que sea condenada en el laudo. Por cierto, los acuerdos impugnados constan por escrito y fueron emitidos por autoridad competente, pues fueron dictados por un tribunal en materia laboral en un juicio precisamente de esa naturaleza, de manera que se colman las demás exigencias del propio precepto 16, párrafo primero, constitucional. Efectivamente, los proveídos reclamados constituyen medidas de apremio utilizadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para hacer cumplir sus determinaciones; además, tales medios de apremio pueden afectar no sólo a las partes, sino también a terceros, pero en cualquier caso, tienen el propósito de vencer la conducta contumaz de una de las partes, para lograr el cumplimiento de las determinaciones y resoluciones de referencia. Lo anterior encuentra apoyo en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, en cuanto autoriza a las Legislaturas Locales para establecer los medios necesarios para garantizar "la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VIII.2o. J/36, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 1013, tomo XIV, julio de 2001, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189293, que establece: "MULTA EN AMPARO DIRECTO. SU APLICACIÓN ES CONSECUENCIA LEGAL CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE AMPARO. Si de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable no dio cumplimiento al imperativo contenido en el artículo 169 de la Ley de Amparo, al no remitir al Tribunal Colegiado correspondiente la demanda de garantías junto con las demás constancias necesarias dentro del término señalado por el precepto legal antes citado, resulta evidente que con tal proceder omisivo incurrió en el incumplimiento de la anotada obligación legal, lo cual es sancionable por sí mismo en términos de lo establecido en el propio precepto invocado, al no haberse respetado los plazos legalmente establecidos para la remisión de la demanda de garantías, situación que origina graves perjuicios a la parte quejosa, pues con el injustificado rezago en la remisión de aquélla, se obstaculiza la administración de justicia, con infracción al mandato contenido en el artículo 17 constitucional. Las consecuencias del incumplimiento resultan aún más evidentes si el retraso en el envío de la demanda obedece a la falta de la constancia de notificación a una de las partes en un trámite correspondiente a diverso juicio de amparo, promovido en contra del mismo acto reclamado por distinto quejoso, ya que tal supuesto no encuadra en los casos de excepción a la obligación de que la autoridad responsable cumpla con el envío de la demanda y sus anexos, en el término improrrogable de tres días". Resulta igualmente aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 15/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, tomo III, abril de 1996, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200622, que señala: "MULTA PREVISTA EN EL ARTICULO 224 DE LA LEY DE AMPARO. APLICABILIDAD DEL ARTICULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY. Tratándose del incumplimiento de determinadas obligaciones procesales impuestas por la ley, específicamente la que es a cargo de las autoridades responsables en el amparo agrario, concerniente a la rendición del informe justificado, al cual deben acompañar las constancias necesarias para determinar con precisión los derechos de los interesados, la omisión de rendirlo, sin explicación alguna, da lugar por sí misma a la imposición de la multa establecida en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley de Amparo, sin que haya necesidad de motivar la mala fe de quien incurre en ella, pues, por regla general, el silencio de las autoridades hace presumir ese elemento, o su evidente negligencia, equiparable a la mala fe, por cuanto dejan de cumplir lo que la ley ordena, sin explicación ni justificación alguna; por tanto, en estos casos no es aplicable el artículo 3o. bis de la propia Ley. Sin embargo, no toda omisión de rendir el informe con justificación, o de remitir las constancias necesarias, es sancionable sin razonar la mala fe, pues bien puede suceder que existan causas o motivos que hayan impedido el cumplimiento de la obligación, hipótesis en las cuales la autoridad debe invocar y probar ante el Juez de Distrito esa circunstancia, y quedará al arbitrio de éste calificar, conforme al artículo 3o. bis, las razones que se den para justificar el incumplimiento y determinar si existe o no mala fe y si es del caso imponer la sanción". También es útil en este tema, la jurisprudencia 2a./J. 74/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 845, libro 9, agosto de 2014, tomo II, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007241, que señala: "MULTAS EN EL JUICIO DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUERIMIENTO DEL JUEZ FEDERAL. CUANDO SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA, ES INNECESARIO ANALIZAR SI EXISTIÓ MALA FE DEL INFRACTOR COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). En el juicio de amparo hay dos grupos de multas que podrían distinguirse de la siguiente manera: I. Las impuestas por la violación a alguna disposición de la Ley de Amparo abrogada, dentro de las que se encuentran las establecidas en los artículos 16, segundo párrafo; 32, último párrafo; 41; 51, último párrafo; 61, último párrafo; 71; 74, fracción IV; 81; 90, último párrafo; 100; 102; 119; 134; 149, penúltimo párrafo; 152, penúltimo párrafo; 153, último párrafo; 164, párrafo segundo; 169, último párrafo y 224, párrafo segundo; y II. Las que se imponen por desacato a un mandato judicial con fundamento en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la mencionada ley, donde se contempla la multa como medida de apremio tendente a garantizar el cumplimiento o efectividad de las resoluciones que emiten los Jueces o tribunales. De acuerdo a lo anterior, el ámbito legal de aplicación del indicado artículo 3o. Bis, al precisar que se refiere a "las multas previstas en esta ley", sirve para garantizar la legalidad de las multas identificadas con el número I; mientras que las señaladas con el número II se aplican por incumplimiento a un mandato del Juez Federal, es decir, constituyen una medida de apremio para hacer efectivo el cumplimiento de sus resoluciones y respecto de las cuales no es menester analizar, en su caso, la mala fe o no en la conducta del infractor, sino que la legalidad de estas multas deriva de que se observen otras formalidades, consistentes en que: 1. Exista un mandamiento legítimo de autoridad; 2. Al pronunciarse dicho mandato se aperciba al obligado que en caso de no cumplirlo se le impondrá un medio de apremio; 3. Se determine con precisión el medio de apremio a aplicar previsto en la ley; 4. Se notifique el mandato al sujeto obligado a su cumplimiento; y, 5. A partir de que surta efectos la notificación del auto que contiene el mandato legítimo de autoridad, sin que se hubiera cumplido en el término concedido, se haga efectivo el medio de apremio al contumaz." 3. Por otro lado, el quejoso manifiesta en sus conceptos de violación que el apercibimiento de treinta de octubre de dos mil dieciocho, fue a diversas personas que en su momento integraron el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, considerando que la administración actual entró en funciones a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. El motivo de disenso es infundado e inoperante, pues tal y como lo reconoce el peticionario y además queda corroborado con su constancia de mayoría de votos expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (foja 8), la administración actual entró en funciones el uno de octubre de dos mil dieciocho, esto es, para la fecha en que se realizó el requerimiento (treinta de octubre de dos mil dieciocho), el ayuntamiento estaba obligado a dar cumplimiento, pues fue emitido dentro de su vigencia. Por lo que, se reitera no le asiste la razón, en virtud de que posterior a los veintinueve días que entró en funciones, el tribunal responsable pronunció el acuerdo reclamado y el cual fue notificado el catorce de febrero de dos mil diecinueve. En ese sentido, si la parte quejosa dentro de sus atribuciones no dio cumplimiento, es inconcuso que el tribunal haría efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho. En mérito de lo anterior, ante la ineficacia de los conceptos de violación, sin que en el caso se observe que opere alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente, lo que se impone es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo; por los fundamentos y los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; hoy veintidós de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado permitieron la elaboración del engrose quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que la resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, remite dos tomos originales y copia certificada del juicio 463/2010. Se tienen por admitidas y desahogadas, fórmense tres cuadernos de pruebas. Dése vista a las partes, en términos del precepto 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, para que se impongan de su contenido, en la inteligencia de que "dar vista" significa que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado.

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