Miguel Ortiz Jonguitud
Expediente 361/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Ortiz Jonguitud
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de octubre de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo registrada con el número 361/2019-I-B; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. Notifíquese. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Vianey Gutiérrez Zuviri, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ...., contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 361/2019-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad y como acto reclamado la determinación de treinta de agosto de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de julio del propio año, en el que se tuvo a la perito de su contraparte por aceptando el cargo conferido; asimismo, se requirió a las partes a fin de que proporcionaran más documentos o firmas a efecto de rendir el dictamen correspondiente, en los autos del juicio de desocupación 82/2019. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa, reclama del Juez Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, recaída al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de julio del propio año, en el que se tuvo a la perito de su contraparte por aceptando el cargo conferido; asimismo, se requirió a las partes para que proporcionaran más documentos o firmas a efecto de rendir el dictamen correspondiente, en los autos del juicio de desocupación 82/2019. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, de manera tal, que las violaciones de que se duele el impetrante en caso de no resultarle favorable la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia respectiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata de cuestiones que tienen que ver con el desahogo de una prueba pericial en grafoscopía. En consecuencia, la resolución que por esta vía impugna el quejoso, no debe reclamarse en amparo indirecto pues, atento al estado procesal del juicio de origen, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatida en amparo directo en caso de que se dicte una resolución definitiva desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 996, Tomo II, del Apéndice 2011, al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. ." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ---, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a --y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso ... el auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, que dice:" IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ...., contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 361/2019-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad y como acto reclamado la determinación de treinta de agosto de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de julio del propio año, en el que se tuvo a la perito de su contraparte por aceptando el cargo conferido; asimismo, se requirió a las partes a fin de que proporcionaran más documentos o firmas a efecto de rendir el dictamen correspondiente, en los autos del juicio de desocupación 82/2019. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa, reclama del Juez Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, recaída al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de julio del propio año, en el que se tuvo a la perito de su contraparte por aceptando el cargo conferido; asimismo, se requirió a las partes para que proporcionaran más documentos o firmas a efecto de rendir el dictamen correspondiente, en los autos del juicio de desocupación 82/2019. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, pues del análisis de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, de manera tal, que las violaciones de que se duele el impetrante en caso de no resultarle favorable la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia respectiva. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata de cuestiones que tienen que ver con el desahogo de una prueba pericial en grafoscopía. En consecuencia, la resolución que por esta vía impugna el quejoso, no debe reclamarse en amparo indirecto pues, atento al estado procesal del juicio de origen, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatida en amparo directo en caso de que se dicte una resolución definitiva desfavorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 996, Tomo II, del Apéndice 2011, al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. ." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ---, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a --y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, por así solicitarlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente. "
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