Miguel Oliver Hernández

Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
397/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • Miguel Oliver Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el siete de febrero de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, ya que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad ministerial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 397/2018, promovido por Miguel Oliver Hernández, contra los actos reclamados del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintitrés de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de veinticuatro siguiente, se registró el asunto con el orden 397/2018 y se previno al quejoso; después de que desahogó el requerimiento relativo, mediante proveído de treinta y uno de mayo pasado, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de osl actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias del expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de presentación o citación, así como su ejecución, que se atribuyeron a las autoridades siguientes: Con el carácter de ordenadora al: a) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles; En calidad de ejecutoras: b) Jefe General de la Policía de Investigación. Ambos de la Procuraduría General de Justicia; c) Secretario; d) Director General de la Policía Bancaria e Industrial; y e) Director General de la Policía Auxiliar. Los tres últimos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos de la Ciudad de México. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades mencionadas -con excepción del citatorio de quince de mayo pasado, atribuido a la autoridad ministerial responsable, que será materia de estudio del siguiente considerando-, pues así se aprecia del respectivo informe justificado que rindieron, sin que exista medio de convicción en contrario. En ese sentido, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las autoridades referidas, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Es cierto el citatorio reclamado, emitido en la carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-1S/D/00317/12-2017, pues así lo manifestó la autoridad ministerial responsable, lo que se corrobora con la copia autenticada de las constancias que remitió, entre las que se encuentra tal citación; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. Así se considera porque de la interpretación sistemática de ambos dispositivos, se obtiene que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es necesario abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En ese contexto, como se dijo, la citación no afecta el interés jurídico del quejoso, porque no se le apercibió para el caso de incumplimiento, es decir, que el amparista se encuentra en libertad de acudir o no al llamado de la autoridad responsable, dado que si no acude no causa efecto alguno, en razón de que no existe alguna condicionante que le obligue a presentarse ante dicha autoridad, pues el único fin del acto reclamado es dar a conocer los hechos que se le imputan en la indagatoria, sin alterar su esfera jurídica, situación con la que incluso se posibilita la defensa adecuada del quejoso con motivo del hecho delictivo que se le atribuye. En ese sentido, al quedar evidenciada la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Oliver Hernández, contra los actos reclamados consistentes en la orden de presentación o citación, así como su ejecución, que se atribuyeron a las autoridades siguientes: Con el carácter de ordenadora al: a) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Uno de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles; En calidad de ejecutoras: b) Jefe General de la Policía de Investigación. Ambos de la Procuraduría General de Justicia; c) Secretario; d) Director General de la Policía Bancaria e Industrial; y e) Director General de la Policía Auxiliar. Los tres últimos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos de la Ciudad de México.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso y anexos, en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, que se tendrán por reproducidos en la audiencia constitucional. Ahora, en cuanto a la diversa petición en el sentido de que se autorice ".el uso de aparatos como lo so las cámaras fotográficas, celulares conteniendo cámara fotográfica, grabadoras o lectores ópticos.", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este expediente. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. Finalmente, téngasele reiterando el domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, así como autorizados a las personas mencionadas en dicho ocurso en los términos que se precisaron en el acuerdo de veinticuatro de mayo pasado.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en el primero se contiene; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante, la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias que se remiten, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbricas y folio.

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