Miguel Olivares Rojas

Expediente 375/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
375/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Miguel Olivares Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales. Oficio. Por otra parte, se agrega el oficio signado por la autoridad responsable, para que obre como corresponda. Medios de contacto. Atento a su contenido, ténganse al compareciente por señalando el correo electrónico webmaster@congresocoahuila.gob.mx, así como el número de teléfono 8442038641; lo anterior, para que se tengan como medios especiales y expeditos de contacto durante la emergencia sanitaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de noviembre de dos mil veinte. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales. Comunicación oficial. Agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda la comunicación oficial que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterey. Acuerdo. En tal virtud, téngase por devuelto debidamente diligenciado el exhorto 115/2020, del índice de este juzgado. Acuse de recibo. Resulta innecesario acusar de recibo del presente exhorto, dado que fue recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse de recibo respectivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace efectivo apercibimiento. Ahora bien, toda vez que el exhorto de referencia se giró para el efecto de emplazar a juicio al tercero interesado Felipe Garza Nava y que a su vez le requiriera para que dentro del término de tres días contado a partir de que quedara legalmente notificado de ese proveído señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se le practicarían por medio de lista, y ya que del contenido de la comunicación se advierte que la parte tercero interesada fue emplazada a juicio el cinco de agosto del año en curso, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a tal prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de marzo del año en curso, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista las subsecuentes notificaciones a la parte tercero interesada, hasta en tanto señale nuevo domicilio en el que pueda practicársele. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, y turnado a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna ese día, Miguel Olivares Rojas, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se trascriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo con el carácter de autoridades responsables ORDENADORAS a las siguientes: - C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TORREÒN, COAHUILA. - C. ADMINISTRADOR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TORREÒN. - JEFE DE LA UNIDAD DE CAUSAS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL SISTEMA ACUSATORIO, CON RESIDENCIA EN TORREON, COAHUILA. - Asimismo, señalo como autoridades responsables en su modalidad de EJECUTORAS, a las siguientes: C. DELEGADO REGIONAL LAGUNA I DE LA FISCALIA DEL ESTADO DE COAHUILA. - C. COORDINADOR DE LAS UNIDADES DE ATENCION Y DECISION TEMPRANA DE DELITOS CON DETENIDO. - UNIDAD DE ATENCIÒN Y DECISION TEMPRANA DE DELITOS CON DETENIDO MESA I. - UNIDAD DE ATENCIÒN Y DECISION TEMPRANA DE DELITOS CON DETENIDO MESA II. - UNIDAD DE ATENCIÒN Y DECISION TEMPRANA DE DELITOS CON DETENIDO MESA III. - UNIDAD DE ATENCIÒN Y DECISION TEMPRANA DE DELITOS CON DETENIDO MESA IV. - UNIDAD DE TRAMITACION MASIVA DE CASOS DE DELITOS VARIOS. - C. DIRECTOR DEL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS CON RESIDENCIA EN TORREON, COAHUILA. - C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ASCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACION DEL CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS CON RESIDENCIA EN TORREÒN, COAHUILA. - C. INSPECTOR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL, REGION LAGUNA I. - C. JEFE, ENCARGADO Y/O COMANDANTE O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL DESPACHO DE LA POLICIA CIVIL COAHUILA DESTACAMENTADA EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA PRIMER OFICIAL DEL AGRUPAMIENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA DE FUERZA COAHUILA, DESTACAMENTO TORREON, COAHUILA. - IV. ACTOS RECLAMADOS. - De las autoridades señaladas como Ordenadoras responsables, reclamo las ordenes de citación, comparecencia y aprehensión dictados en mi contra, así como los actos de molestia en mi persona derivados de la integración de una carpeta de investigación. - De las autoridades responsables ejecutoras, reclamo la ejecución material de dichos mandamientos de captura, así como cualquier acto de auxilio o cooperación, para con las primeras tendiente a detenerme e internarme en prisión". En la demanda de amparo, la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, los cuales son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal, se radicó la demanda de amparo registrándose con el número 375/2020, y por acuerdo de tres de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta al tratarse de actos reclamados a una autoridad residente en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción, satisfaciéndose la competencia por razón de grado, materia y territorio. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, que dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: La orden de aprehensión; detención, comparecencia o presentación; y, ii. La ejecución; Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Inspector de la Agencia de Investigación Criminal, Región Laguna I, Coordinador y agentes del Ministerio Publico de la Unidad de Atención Temprana de Delitos con detenido en representación de Mesas I, II y III, administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, por sí y en representación del administrador y jefe de la unidad de causas de dicho juzgado; Delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Laguna I, agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos Varios; Director del Centro de Operaciones Estratégicas; y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas, todos con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. Ahora bien, no es obstáculo para dictar la presente resolución el hecho de que no obren los informes justificados de las autoridades responsables Coordinador de las Unidades de Atención y Decisión Temprana de Delitos con Detenido; Unidad de Atención y Decisión Temprana con detenido Mesas III y IV; Inspector de la agencia de Investigación Criminal Región Laguna I; Encargado o Comandante del Despacho de la Policía Civil Coahuila, ni la vista que se dio a la parte quejosa con la denominación de las autoridades Comandante de la Base Temporal de Operaciones de la Corporación Policial Fuerza Coahuila y Primer Oficial del Agrupamiento de la Policía Preventiva De Fuerza Coahuila de esta ciudad, a quienes les reviste el carácter de ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios, sino que se hacen depender del reclamado a las ordenadoras; por lo que es inconcuso que dichas autoridades ejecutaran el acto reclamado, de ahí que se haga la extensiva la determinación señalada. En efecto, ante la negativa precisa externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, en torno a los actos reclamados a ella atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dichas autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". Luego, si las autoridades negaron la existencia de los actos de que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a quien resuelve a abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el juicio respectivo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.). "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 509. Página: 335.). Determinación. Con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Maribel Villanueva Salas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con sede en esta ciudad, mediante el cual proporciona el correo electrónico coelaguna@hotmail.com; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Vía para la rendición de promociones. A pesar de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, 12/2020, 21/2020, y demás relativos, que establecen los lineamientos esenciales a seguir para el trámite de los diversos asuntos de la competencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación ante la actual contingencia sanitaria mundial -virusSARS-CoV2 (COVID-19)-, dentro de los cuales se ha adoptado para ello un esquema de distanciamiento social y de prioridad al trabajo a distancia como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores y salvaguardar la salud de los servidores públicos, se hace del conocimiento que cualquier tipo de promoción que pretenda presentar, habrá de efectuarlo - mientras sea viable- al correo oficial 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

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