Miguel Nava Xochitiotzi
Expediente 695/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Miguel Nava Xochitiotzi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Se denuncia contradicción de criterios. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, se recibió copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión penal 45/2021, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, a través de la cual revocó la sentencia que concedió el amparo a la parte quejosa, dictada por este Juzgador, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno y, en su lugar, sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Esencialmente, la superioridad revocó la resolución impugnada porque el acto reclamado, consistente en la orden de citación y comparecencia emitida dentro de la carpeta de investigación 54/2020, a través del oficio FECCMP-T4/981/2020, por el Agente del Ministerio Público Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, dirigido al quejoso en su carácter de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, no afecta su interés jurídico, por llevarse a cabo en investigación inicial; en ese tenor, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, resolvió sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de revisión penal 232/2010, lo hizo esencialmente en el sentido de que el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (quejoso) sí cuenta con interés jurídico para reclamar un citatorio o "invitación", realizado por el Agente del Ministerio Público Investigador, puesto que está dirigido a su persona, en su calidad de servidor público, lo cual puede afectar su esfera de garantías individuales en caso de que no cumpla con los requisitos establecidos por la Norma Fundamental y las leyes secundarias aplicables, lo cual debe ser materia de análisis constitucional. De la anterior ejecutoria surgió la tesis aislada que enseguida se transcribe: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 162201 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común, Penal Tesis: VII.1o.(IV Región) 22 P Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 1048 Tipo: Aislada "CITACIÓN A UN MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA QUE DECLARE COMO INDICIADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL CONSTITUIR UN ACTO DE MOLESTIA EXCEPCIONAL QUE AFECTA SU INTERÉS JURÍDICO, PUEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Por regla general, los actos realizados para la integración de la indagatoria ministerial no son susceptibles de control constitucional, en aras de preservar, aun cuando sea en lo mínimo necesario, la función indagatoria del ente ministerial, que es de orden público, como ocurre con la citación del indiciado para que emita su declaración, que si bien es cierto es un acto de molestia, también lo es que por sí solo no afecta el interés jurídico del citado, porque se desconoce de antemano cuál será el resultado de ese procedimiento; sin embargo, tal disposición admite excepciones que deben examinarse casuísticamente para determinar la posibilidad de impugnar mediante el juicio de garantías los actos surgidos dentro de la averiguación previa. En este contexto, cuando se cita a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, que forma parte del poder público de esa entidad federativa, quien de conformidad con los artículos 17, 55 y 77 de la Constitución Política local, debe ser considerado como alto funcionario, dado el elevado nivel de responsabilidades propias de su encargo, para que comparezca a rendir su declaración en una averiguación ministerial con el carácter de indiciado, podría afectar no sólo su esfera jurídica personal, sino también trascender a la función que tiene encomendada como servidor público de alta jerarquía, máxime cuando los hechos probablemente delictuosos se relacionan con el pleno ejercicio de su encargo; todo lo cual permite establecer que se está en un supuesto de excepción en que el indiciado puede válidamente acudir al juicio de amparo a impugnar ese acto de molestia ocurrido dentro de esa etapa del proceso penal, ya que al distraerlo de sus labores puede ponerse en riesgo el servicio público que tiene encomendado." Lo resaltado es añadido. Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 225, 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente denunciar la posible contradicción de los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. En efecto, la posible contradicción de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados antes mencionados surge del estudio de la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como en el numeral 73, fracción V, en relación con el 4º, de la Ley de Amparo abrogada. Si bien un Tribunal Colegiado analizó el interés jurídico regulado en la Ley de Amparo vigente y el otro órgano jurisdiccional lo hizo con base en la misma Ley Reglamentaria, pero actualmente abrogada; lo cierto es que ambos tribunales realizaron el análisis de la misma figura jurídica, la cual es esencialmente idéntica en ambas legislaciones. Tampoco se inadvierte que los actos reclamados en ambos asuntos surgieron de dos sistemas penales distintos, pues en el caso más antiguo emanó del sistema penal tradicional o mixto; mientras que en el más reciente surgió cuando ya estaba vigente el sistema procesal penal acusatorio y oral; sin embargo, se estima, salvo la mejor consideración de la superioridad, que dicha circunstancia no impide el análisis de la contradicción de criterios, en atención a que en ambos casos la naturaleza del acto reclamado y la calidad de los quejosos son esencialmente iguales. Además, ambos Tribunales Colegiados coincidieron en que, por regla general, no procede el amparo indirecto en contra del citatorio o "invitación" emitido por el Ministerio Público para recabar la declaración de la persona sujeta a investigación; pero se separaron respecto a la procedencia del amparo cuando el quejoso tenga la calidad de magistrado de un tribunal del fuero estatal, en un caso del Tribunal Superior de Justicia y en otro del Tribunal Electoral. De ahí que, tomando como referente el criterio sostenido por uno de esos tribunales, fue que el suscrito juzgador resolvió el asunto de fondo y no se sobreseyó en el mismo. De este modo, en virtud de que la figura de contradicción de criterios tiene como fin brindar seguridad jurídica en la resolución de problemas jurídicos concretos, es que se estima procedente formular la denuncia correspondiente. Sobre el particular, resultan aplicables las tesis de jurisprudencia 1a./J. 106/2001 y P./J. 3/2010, emitidas por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA DENUNCIA RESPECTIVA DEBE RESOLVERSE CON PRIORIDAD POR TRATARSE DE UNA AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA" y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA", respectivamente. Para tal efecto, con el contenido del presente acuerdo, remítase oficio, vía electrónica, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como copia certificada de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, así como una impresión de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que se sirva turnar la presente denuncia de contradicción de criterios a la Sala que deba conocer y resolver la misma. Notifíquese Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.*
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de junio de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Agréguese el oficio y anexos signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del expediente 695/2020 del índice de este juzgado, promovido por el Miguel Nava Xochitiotzi, y un tomo de pruebas; asimismo, adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión penal 45/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Nava Xochitiotzi, contra los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tlaxcala, en términos del considerando sexto de la presente ejecutoria." Asimismo, se le tiene devolviendo el juicio de amparo 695/2020-III de este índice y un tomo de pruebas; en consecuencia, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese recibo de estilo. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la provisional y se concedió suspensión definitiva, es susceptible de depuración. En consecuencia, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido, por una parte, la suspensión definitiva. Resguárdese el juicio principal, como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia, y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Sin que haya lugar a devolver documentos originales al no obrar estos en autos. Devolución de expediente Finalmente, del estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Agente del ministerio Público Especializado en combate a la Corrupción, remitió en apoyo a su informe justificado (foja 43), consistente en copia autentificada de las constancias que integran la carpeta de investigación 54/2020, en consecuencia, devuélvase a la citada autoridad las documentales señaladas, mismas que obran por separado en un tomo de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de abril de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Miguel Nava Xochitiotzi, en contra de la resolución de veintidós de febrero del año en curso, dictada por este Juzgado de Distrito en el presente juicio de amparo, mismo que fue registrado con el número 45/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. Parte quejosa interpone recurso de revisión. Agréguese el escrito signado por el quejoso Miguel Nava Xochitiotzi, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el presente expediente. Se da trámite a recurso de revisión. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; con copia del escrito de agravios córrase traslado a las partes y, una vez integrado debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el original del presente expediente, así como original y copia simple del escrito por el que se interpone el citado recurso y agravios, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Cuaderno de antecedentes. Por otra parte, con diversa copia del escrito de expresión de agravios fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto. Notifíquese personalmente a las partes.
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