Miguel Nava Alvarado
Expediente 1546/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1546/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/02/2017
Partes del expediente
- Miguel Nava Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la SECRETARIA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO y anexo, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa número 132/2016; acúsese recibo, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino: ".ÚNICO: Se declara infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....VI
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Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, por medio del cual, acusa recibo del oficio 31317/2016 del índice de este Juzgado Federal, e informa que admitió el recurso de queja, interpuesto por el quejoso, en contra del auto dictado el seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, quedando registrado bajo el recurso de queja administrativa 132/2016 de su índice...VI
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el seis de octubre de dos mil dieciséis, en el presente juicio, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, pero no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de queja, copia del mismo, así como las copias necesarias para la substanciación del recurso interpuesto...VI
- Principal
Querétaro, Querétaro seis de octubre de dos mil dieciséis. DESAHOGA PREVENCIÓN Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso *********, a través del cual desahoga la prevención que le fue requerida mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. DESECHAMIENTO Ahora, en el caso debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Previamente, conviene señalar que la parte quejosa reclama de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, de manera destacada, la omisión de ser emplazado al Juicio de Protección de Derechos Fundamentales 1/2012. Ahora, se procede a hacer una relación de los antecedentes que se desprenden de autos y de las constancias que anexó el promovente a su escrito aclaratorio, que a saber son: El siete de noviembre de dos mil trece, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento al juicio de Amparo Directo 513/2013, resolvió lo conducente, lo que dio pauta a que el nueve de diciembre de dos mil trece, la Magistrada Celia Maya García, integrante del Pleno, como autoridad responsable y Ponente de la Sala Constitucional en el Juicio de Protección de Derechos Fundamentales de origen (primera instancia) de manera unitaria emitió resolución en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de ese Tribunal. El treinta de enero de dos mil quince, dentro del recurso de reclamación, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo directo 372/2014, se determinó procedente revocar la sentencia de nueve de diciembre de dos mil trece y se decretó la improcedencia del juicio constitucional 1/2012, relativo al juicio de protección de derechos fundamentales promovido por José Luis César Pérez Guzmán contra actos e interpretación realizados por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la Junta de Concertación Política. Inconforme con tal determinación, José Luis César Pérez Guzmán, promovió Juicio de Amparo Directo, el cual se radicó bajo el número 28/2016 (antes 149/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien, por resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, otorgó la protección constitucional al quejoso de mérito y en el amparo adhesivo, negó el amparo al hoy quejoso Miguel Nava Alvarado. Así, en acatamiento a la ejecutoria de amparo aludida, el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó insubsistente el contenido de la sentencia pronunciada por ese Pleno en fecha treinta de enero de dos mil quince; y al resultar inoperantes los motivos de inconformidad planteados por Miguel Nava Alvarado, confirmó la sentencia emitida el nueve de diciembre de dos mil trece, en el juicio constitucional 1/2012, relativo al juicio de protección de derechos fundamentales promovido por José Luis César Pérez Guzmán contra actos e interpretación realizados por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la Junta de Concertación Política. En ese orden de ideas, este Juzgador estima que respecto al acto reclamado por el quejoso Miguel Nava Alvarado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción VI, en sentido contrario, del propio cuerpo normativo. En primer momento, es preciso puntualizar, que al impetrante de amparo, no le resulta el carácter de tercero extraño al juicio generador del acto reclamado, como lo pretende hacer ver. Para comprobar tal supuesto, es menester determinar que por personas extrañas al juicio, debe entenderse a las que no se encuentran vinculadas al mismo por alguno de los medios legalmente establecidos para ese efecto. Ordinariamente, el actor se vincula por sí mismo cuando elige presentar una demanda, y desde que la lleva a la Oficialía de Partes, surgen cargas para él de mantenerse informado acerca del Juzgado al cual fue turnado para su conocimiento, para posteriormente acudir ante éste a continuar el proceso. Al demandado se le vincula al proceso, fundamentalmente, a través del emplazamiento, pues por virtud de éste se le pone en conocimiento de la demanda entablada en su contra, con lo cual surge la carga de contestarla en cierto tiempo y seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó en todas sus etapas. Asimismo, el demandado puede vincularse mediante su apersonamiento al juicio. A los terceros se les vincula en forma semejante al demandado; para los llamados a juicio a fin de que les pare perjuicio la resolución, se les vincula mediante una citación; al litisconsorte se le vincula mediante notificación personal. Los terceros coadyuvantes o excluyentes pueden comparecer por sí mismos, a petición de alguna de las partes o por orden del juez, y en estos dos últimos casos mediante citación al juicio. En general, su vinculación deriva de una resolución o citación para requerir su auxilio o su intervención, con la posibilidad de que les produzca algún efecto pernicioso. Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que lo fue, pero incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J.7/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.- Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Ahora bien, ese carácter con el que se ostenta el quejoso, promoviendo por su propio derecho, queda desvirtuado en razón de que conforme a las constancias que adjuntó, se advierte que participó activamente en el juicio de origen, tan es así que ha interpuesto los recursos y medios de defensa respectivos contra la sentencia primigenia de nueve de diciembre de dos mil trece y sus resoluciones posteriores en relación con el juicio 1/2012. De ahí entonces que, de autos puede desprenderse claramente que el quejoso se vinculó al procedimiento en el juicio de origen, por lo que no puede ser considerado tercero extraño como lo pretende. Resulta aplicable al particular, la jurisprudencia P./J 39/2001, que sustento el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 93, del Tomo XIII, Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." De igual manera, se actualiza la diversa causal prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "El juicio de amparo es improcedente: .XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La razón de la causal de improcedencia establecida en el artículo arriba transcrito, es la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías, siendo necesario destacar, que los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de garantías en perjuicio del agraviado, por ende, para hablar de cesación de tales efectos, debe atenderse, necesariamente, así a que la contravención alegada por el quejoso ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella, esto es, debe constatarse si las cosas se han reestablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, cuando se trata de actos positivos, pues sólo en esta hipótesis se estaría en presencia de la causal de improcedencia en comento. En el caso, de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se aprecia que el promovente del amparo, pretende controvertir la sentencia de nueve de diciembre de dos mil trece, misma que ya fue sustituida por la diversa de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, de ahí que no pueda surtir efecto alguno al haber cesado sus efectos. Apoya a lo expuesto, la tesis VI. 2º. J/41, que sustentó el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, publicada en la foja 664, Tomo IV, Segunda Parte Tomo 2, Julio-Diciembre, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, que dice: "SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO RESPECTO DE LA PRIMERA. Es improcedente el juicio de amparo en la parte en que se reclama el fallo de primer grado, toda vez que éste quedó legalmente sustituido por la resolución de segunda instancia que también se combate, y por ende es incuestionable que han cesado los efectos de aquella sentencia; de ahí que resulte aplicable lo establecido por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo." Por último, en el presente caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de garantías, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. La segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de garantías del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Así, una de las hipótesis invocadas, prevé que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En ese orden de ideas, debe decirse que la consecuencia de la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, trae como resultado, el que se ejecute la sentencia de nueve de diciembre de dos mil trece, dictada en los autos del Juicio Constitucional 1/2012, sobre protección de derechos fundamentales promovido por José Luis César Pérez Guzmán, en contra de actos e interpretación realizados por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la Junta de Concertación Política, en la que se ordena a la Legislatura, admitir la candidatura de José Luis César Pérez Guzmán, para ocupar el cargo público referido, y analizar la documentación presentada en comparación con la de la persona designada (aquí quejoso), a fin de elegir entre ellos dos, a la persona más idónea para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, tomando en cuenta que el elegido deberá garantizar la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas, y así impactar positiviamente en la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos, cuya finalidad es la que se persigue con la designación del citado funcionario público, deriva de la ejecución de la sentencia del diverso juicio de Amparo Directo 513/2013, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad. Esto es, que se pretende controvertir la sentencia de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (en contra de la cual promovió amparo directo, que, indica, le fue desechado por extemporáneo) en lo relativo a que se dejó insubsistente la resolución de treinta de enero de dos mil quince, estimando que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 25 fracción VIII de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro, lo que implica que se pretende enderezar el presente juicio en contra de una resolución dictada en ejecución de un juicio de amparo pues fue el Tribunal Colegiado quien precisamente estimó otorgar la protección constitucional para que se dejase insubsistente la resolución citada por no actualizarse la causa de improcedencia aludida. Por ello, debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse en la ejecución de la sentencia protectora del referido juicio de amparo directo 513/2013, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada II.2O.P.41K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, visible en la página 2363 cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR Y LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO INCIDEN EN LOS MISMOS ASPECTOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL. Aun sin prejuzgar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garantías, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional; de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 105 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de garantías." Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierten se opongan a ésta. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia antes invocada.
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