Miguel Morales Colín

Expediente 1482/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1482/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Arturo López Sánchez
  • Miguel Morales Colín

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en proveído de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, a efecto de que entregue el oficio 25919, dirigido al Director General de Notarias y del Archivo en el Estado de Oaxaca; sin que aún obre en autos las constancias respectivas. Por tanto, a fin de no violar las reglas fundamentales que rigen al juicio de amparo, así como para dar margen a que acontezca lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se señalan las once horas con quince minutos del treinta de octubre de dos mil diecisiete, para su verificativo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta; toda vez que en el presente juicio de amparo estaban señaladas las once horas con diez minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la audiencia constitucional, al haberse declarado inhábil ese día, se difiere la misma y en su lugar se fijan las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Arturo López Sánchez y Miguel Morales Colín, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Regional Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1482/2017-I. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en:  La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 476/2017, por la que confirmó la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete dictada en el expediente 469/2017, en la cual se resolvió sobre la excepción de litispendencia planteada. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre el acto que por esta vía se reclama, y con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desechar la de plano, por su manifiesta e indudable improcedencia. Los citados artículos disponen: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe señalarse que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero, existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el propio artículo 107, fracción III, incisos b) y c) constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Así, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquéllos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; ya que de obtener una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de esa violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse algún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado; de modo que resulta necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para en su caso, combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, como una violación procesal. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, los dispositivos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen que cuando se reclaman actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es decir, procede el juicio biinstancial, solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente tienen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J.24/92, del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Pleno, de la siguiente manera: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, que hiciera procedente el juicio de amparo. Es conveniente destacar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías individuales, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación para los quejosos, la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 476/2017, por la que confirmó la sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete dictada en el expediente 469/2017, en la cual se resolvió sobre la excepción de litispendencia planteada. De ahí que el acto reclamado sólo se traduce en la confirmación de la resolución interlocutoria en la que se resolvió sobre la excepción de litispendencia, la cual es de naturaleza procesal, cuyos efectos no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia definitiva, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado al promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, en el presente asunto al quedar asentado que el acto reclamado es una violación de carácter procesal, hay que estar a lo establecido en el numeral 172, fracción VII, en el sentido de que se tomarán en cuenta como violaciones a las leyes del procedimiento y que afecten las defensas del quejoso, los demás casos análogos a las fracciones que la preceden a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE.". Así como también es aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.". En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Arturo López Sánchez. DOMICILIO. Como lo peticionan los quejosos, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En diverso aspecto, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, por así haberlo solicitado. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido.

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