Miguel Moisés Cáceres Morales

Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
186/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Miguel Moisés Cáceres Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días a que hace referencia el artículo 111 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, para que manifieste si amplía su demanda respecto del Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite Número Tres, con domicilio en esta ciudad (fojas 48 a 49). Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Fiscal del Ministerio Público Investigador Trece, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Fiscalía de Distrito Centro, con residencia en Chiapa de Corzo, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintidós de marzo del año en curso, remite copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el registro de atención **********. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador Trece, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Fiscalía de Distrito Centro, con domicilio en Chiapa de Corzo, Chiapas; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, en las constancias que remite la autoridad, se advierte que no obra la determinación que le recayó a la comparecencia de dieciséis del mes en curso, llevada a cabo dentro del registro de atención ********, del índice del fiscal responsable, en la cual, el quejoso manifestó que se desistía de toda acción penal en contra ********. En consecuencia, a efecto de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador Trece, adscrito a la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, Fiscalía de Distrito Centro, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas, para que dentro del término de tres días contado a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita a este juzgado el auto que le haya recaído a la referida comparecencia del quejoso dentro del registro de atención ******, de su estadística. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238, ambos de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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