Miguel Miranda Hernández

Expediente 113/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
113/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Miguel Miranda Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ____, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otro; fórmese expediente físico y electrónico; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 113/2019_I. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve por el que la autoridad señalada como responsable no acordó favorable la promoción de requerimiento de pago, así como el uso de la fuerza pública. Respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En ese tenor, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917_1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917_2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Atento a lo anterior, este Juzgado de distrito advierte que la parte quejosa debió agotar previamente, antes de acudir a esta instancia constitucional, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que refiere: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Luego así, en término del artículo 850, fracción I, de la legislación invocada, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente (integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto), conocerá del recurso de revisión, el cual tiene por finalidad que, de así estimarlo procedente la autoridad revisora, modifique el acto que la originó en los términos que procedan y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, en términos del artículo 852, último párrafo de la referida legislación. En tal virtud, debe agotarse el recurso de revisión previamente a acudir a la instancia constitucional, pues de no hacerlo se surte la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como ocurre en el presente caso. También es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera alguna de las excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, puesto que el auto que reclama la parte quejosa, no implica para la accionante del amparo, algunas de las afectaciones por parte de la autoridad, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Al respecto, cobra aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Y la diversa tesis XXVII.1o.5 L, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Agosto de 2003, visible a página 1731, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917_2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Miguel Miranda Hernández. Por otra parte, se tiene como domicilio el que cita el quejoso, para los efectos que refiere, en términos del artículo 24 de la legislación citada a las personas que indica, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior por identidad jurídico_procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria con quien actúa. Doy fe.

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