Miguel Miguel Fernando

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Miguel Miguel Fernando

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el fedatario de la adscripción, se constituyó en el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco ubicado en Ciudad Industrial, para el efecto de notificar al quejoso MIGUEL MIGUEL FERNANDO, el auto de dieciséis de mayo actual; asimismo, que en el acto de la notificación asentó que el impetrante manifestó "Que no ratifica la demanda de amparo que fue promovida por Adrián Jiménez Asencio en su favor." En el citado auto, se apercibió al directo quejoso que en el caso de no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Adrián Jiménez Asencio, se tendría por no presentada la misma. En consecuencia, se hace efectivo dicho apercibimiento; así que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida a su nombre y se dejan sin efectos las providencias decretadas al respecto. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós se tuvo al Magistrado Presidente del Tribunal responsable, informando que señaló las doce horas del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, para el desahogo de diligencia de reinstalación de la actora -aquí quejosa-; sin que se advierta que haya remitido notificación alguna de las partes respecto del auto en el que fijo fecha y hora para la citada diligencia. En mérito de lo anterior y tomando en consideración que en la data en que se provee es la misma que se señaló para la reinstalación de la quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente en que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de la diligencia en comento, en el entendido de que, de no haberse celebrado, ya sea por la falta de notificación de las partes o bien, por la inasistencia de las mismas, deberá señalar fecha y hora INMEDIATA para su desahogo, practicar la notificación del proveído donde así lo indique y remitir en consecuencia, las notificaciones respectivas a este órgano de amparo. Asimismo, se exhorta al Tribunal responsable, que cumpla con los parámetros de probidad y celeridad dentro del procedimiento de origen, además se insta a su titular a realizar gestiones correspondientes a la reinstalación de la aquí quejosa en el centro de trabajo establecido en el laudo condenatorio de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización1 , de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo cual deberá atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". Valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 96.22 para el año 2022. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintidós, mismo que entró en vigor el uno de febrero del mismo año. Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." De igual forma se apercibe al Titular de la autoridad responsable que en caso de persistir con el desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de tres días decretado con anterioridad, será denunciado ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo. Finalmente, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado por la quejosa, por el cual solicita se realicen diversos requerimientos a la autoridad responsable respecto del cumplimiento del fallo protector, al respecto deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.

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