Miguel Mercado González Rubio
Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/06/2021
Partes del expediente
- Miguel Mercado González Rubio
Actuaciones
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano la demanda de amparo. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Fernando Ávila Jiménez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO POR RAQUEL DORANTES VARGAS, ACTUARIA JUDICIAL, MEDIANTE AVISO AL QUEJOSO, POR LO QUE SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CUATRO DEL MES Y AÑO EN CURSO...
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, cinco de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por MIGUEL MERCADO GONZÁLEZ RUBIO, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Tepic, Nayarit. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 194/2021-XI. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen. 1 ? No se tramita el incidente de suspensión por los motivos que se exponen más adelante. Fijación del acto reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado lo constituye la determinación de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Tepic, Nayarit, en el expediente 40/2019 de su índice, en la cual resolvió el incidente de objeción de pruebas, declarando inexistente y carente de materia la objeción de documentos. Improcedencia En primer término, es importante analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Juicio de amparo indirecto 194/2021-XI Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, al analizar de manera integral el escrito de demanda, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que indica: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.).". El precepto legal transcrito establece lo que constituye jurisprudencial y doctrinalmente se conoce como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional es únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión; de ahí que no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos humanos, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, sino obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer a esta vía constitucional, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de improcedencia de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En este orden de ideas, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque la determinación que se reclama fue emitida por el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Tepic, Nayarit; lo que evidencia que se trata de una resolución proveniente de un tribunal judicial; y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Juicio de amparo indirecto 194/2021-XI Por otra parte, en lo que se refiere a los elementos contemplados en los números 2o., 3o., y 4o., debe traerse a colación los artículos 637 y 645, fracción I, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, los cuales disponen: "Artículo 637. El recurso de apelación tiene por objeto que en segunda instancia se reparen, en su caso, las violaciones cometidas en las resoluciones contra las cuales sea admisible." "Artículo 645. Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: (.) VI.- Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; (.)" De la interpretación del precepto legal transcrito, se tiene que la resolución incidental de quince de febrero de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente 40/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Tepic, Nayarit, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación; actualizándose así el elemento punto dos de los antes mencionados. De igual forma, se cumple con el tercer requisito, toda vez que el medio de impugnación se encuentra contemplado dentro de la ley procesal del estado, la cual rige el procedimiento del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Ahora, en lo atinente al último de los requisitos, con base en la interpretación literal del numeral 637 de la ley procesal que nos ocupa, se desprende que el objetivo del recurso de apelación consiste en la reparación de las violaciones cometidas en las resoluciones emitidas en el juicio de origen; provocando que el acto puede ser modificado, revocado o nulificado. En ese tenor, si la resolución interlocutoria de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad judicial responsable, conforme al numeral 645, fracción VI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, resulta ser apelable, el quejoso debió de agotar el medio ordinario de defensa, previo a acudir al juicio de amparo; de no oponer dicho medio de defensa, se actualiza la causal prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas".2 Por consiguiente, en acatamiento al principio de definitividad que rige la técnica de estudio en el presente asunto, resulta indispensable que se interpusiera dicho recurso previamente a la promoción del presente juicio de amparo, ya que el promovente del amparo, no se ubica en los supuestos de excepción, a saber: cuando el acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el arábigo 22 Constitucional. Además, que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. De tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, aun tratándose de menores de edad, en virtud de que el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que se agoten los medios 2 Registro digital: 175624, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/260, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1816, Tipo: Jurisprudencia. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Juicio de amparo indirecto 194/2021-XI legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia por reiteración de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."3 En las relacionadas condiciones, se colige que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, y, por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizado Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado a los licenciados Luis Fernando López González, Verónica Patricia Guerrero Vinueza y José Roberto Carrillo Sánchez, que menciona en su escrito inicial de demanda en términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuentan con cédula profesional debidamente registrada, ante los órganos jurisdiccionales. 3 Tesis de jurisprudencia con datos de localización: Registro digital: 187016, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Asimismo, se tiene por autorizado a Juan Alejandro Medina González, Héctor Gerardo Ortiz González y Salvador González Melchor, única y exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, sin que esta autorización tenga mayores alcances, por así haberlo solicitado en la demanda la parte quejosa. Ahora bien, de conformidad con el artículo 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se habilita a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que realicen la notificación personal del presente proveído, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, por lo que en todo momento deberá extremar las precauciones necesarias a fin de salvaguardar su salud y de las demás personas con las que interactúe; en la inteligencia que, de no ser voluntad de la parte quejosa firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. FERNANDO ÁVILA JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 18/09/21 12:01:13 Juicio de amparo indirecto 194/2021-XI Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente de suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Fernando Ávila Jiménez, Secretario que autoriza y da fe.
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