Miguel Mendoza Sánchez
Expediente 2422/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2422/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Mendoza Sánchez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa estar en vías de dar cumplimiento a lo requerido en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, para lo cual remite copia certificada del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en la controversia laboral 165/2008 de su índice; sin embargo, no remitió las constancias de notificación a las partes del citado proveído. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por conducto de sus integrantes Narciso Contreras Hernández, en su calidad de Magistrado Presidente, Gustavo García Pereyra, en su calidad de Magistrado Representante de las Entidades Públicas y Karen Alondra López Morales, en su calidad de Magistrada Representante de los Trabajadores, así como al Actuario de su adscripción, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, remita copia certificadas de las constancias de notificación a las partes del proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio laboral de origen. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente; es decir, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues su eventual incumplimiento acarrearía un perjuicio en contra de la parte quejosa respecto del derecho humano de pronta impartición de justicia, prerrogativa fundamental consagrada por el numeral 17 Constitucional y por el que debe velar el suscrito juzgador. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignados al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que resulte aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 185736, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación."
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