Miguel Mendiola Ruiz

Expediente 732/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Miguel Mendiola Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veintidós. SEÑALA NUEVO DOMICILIO PROCESAL. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, se tiene a los autorizados de la parte quejosa señalando nuevo domicilio procesal el que indican en su ocurso, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo en que se actúa, promovido por Miguel Mendiola Ruiz en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente hágase devolución de las constancias que obran en un tomo de pruebas por separado, las cuales fueron remitidas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, como sustento de su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, mediante el cual el autorizado del quejoso solicita acceso al expediente electrónico y proporciona usuario para tal efecto. Atento a lo anterior, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se le autoriza únicamente la consulta electrónica de este expediente, en el señalado sistema. Por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las diligencias necesarias a fin de que los indicados usuarios puedan realizar la consulta solicita, ello para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.Rcl

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 732/2019-IV, promovido por Miguel Mendiola Ruiz, contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, en la misma data, Miguel Mendiola Ruiz, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, en los términos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS.- a) Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, se reclama la omisión en la ejecución, en lo que a mí respecta, del laudo en cumplimiento de ejecutoria de fecha 18 de abril de 2018 dictado en el expediente ordinario laboral 85/2015. b) De la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, la omisión en el cumplimiento de ejecutoria, emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán en el expediente ordinario laboral 85/2015". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 732/2019, y previa prevención se admitió la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: a) La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de proveer sobre la ejecución del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral número 85/2015; así como dar contestación al escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve; y, b) La falta de cumplimiento al laudo de mérito por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán TERCERO. Inexistencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó parcialmente la omisión que se le reclama, aduciendo que se han realizado diversas actuaciones en torno a dar cumplimiento a la ejecución del laudo. Lo anterior se robustece con las constancias que remitió el Tribunal responsable, de las que se desprende que a fojas 14, 28, 42 y 45 del cuaderno de pruebas, obra copia de los proveídos emitidos el once de junio de dos mil dieciocho, veintisiete de febrero, diecinueve de junio y ocho de agosto, todos de dos mil diecinueve, por el Tribunal responsable, en los que ha realizado diversas actuaciones tendientes a observar lo ordenado en el laudo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y también se observa que antes de la presentación de la demanda (veintiuno de junio de dos mil diecinueve), el Tribunal responsable emitió un proveído el diecinueve de ese mes y año, en el que además de dar contestación al escrito presentado el veintidós de mayo por la parte actora, despachó auto de ejecución por la cantidad de $168,808.48 (ciento sesenta y ocho mil ochocientos ocho pesos 48/100 moneda nacional), comisionando al Actuario de su adscripción para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada Secretaría de Educación Pública, y le requiriera del pronto pago y en caso de negativa, procediera al embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo laudado. Asimismo, obra diverso auto emitido por el Tribunal responsable el ocho de agosto del año en curso, mediante el cual tuvo a la parte demandada haciendo saber el impedimento que tenía para cumplir con el laudo, incluso realizó nuevo requerimiento a dicha Secretaría . Lo anterior permite afirmar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiuno de junio de dos mil diecinueve-, la omisión calificada como lesiva de los derechos fundamentales de la quejosa, no existía, porque sí había realizado actuaciones para ejecutar el laudo; además de haber dado contestación al escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve de cuya omisión también se duele. Al respecto, cabe precisar que la existencia de los actos u omisiones de autoridad deben analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la actuación u omisión de la autoridad no existía a la presentación de la demanda de amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio por inexistencia de la omisión reclamada. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a la autoridad aquí precisada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53 "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. También es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 236, Pleno, tesis 284". En consecuencia, dado que la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por la quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia de las omisiones reclamadas antes indicadas, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación a dichas omisiones, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Ahora, respecto del acto que se reclama a la Secretaría de Educación en el Estado, cabe destacar que fue omisa en rendir el informe solicitado, no obstante de haber sido emplazada. Sin embargo, no procede tener por cierto el acto que se le reclama, puesto que en relación con dicha autoridad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. En efecto, a la autoridad citada en último término la parte quejosa le reclama la falta de cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral número 85/2015; acto que se estima no es de autoridad para efectos del amparo y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la aludida legislación. Al respecto debe precisarse que la primera de las aludidas disposiciones establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, la segunda establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: 1. Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren su fundamento, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Luego, es evidente que el acto reclamado a la autoridad en cita, no reviste el carácter de actos de autoridad, pues la falta de cumplimiento del laudo aludido, dentro del juicio laboral que la parte quejosa promovió en su momento en contra de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, atribuido a dicha Secretaria por la falta de cumplimiento de laudo, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, sino en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de las sentencias. Dicho de otro modo, por regla general, si el acto reclamado consiste en que el órgano gubernamental que contendió en el procedimiento como parte formal ha omitido cumplir, en ejecución, con la condena que le fue impuesta éste no tiene la calidad de autoridad en el juicio de amparo, pues tal actitud omisiva, deriva de su participación en el procedimiento en un plano de igualdad, en el que no está dotado de aptitud impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el juzgador cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de relación de coordinación, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad, ello al margen de que los bienes de la citada Secretaría sean o no embargables, ya que tal medio no es el único para garantizar la plena ejecución de la sentencia. Para concluir en los términos anotados, no pasa inadvertido que el quejoso sustente en su demanda de amparo en la jurisprudencia 2ª./J.85/2011, del rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)"; sin embargo, se estima que con la determinación adoptada no se contraviene su contenido, porque en la contradicción de tesis de la que deriva diversa jurisprudencia 2ª. /J.34/2018 (10ª), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó entre otras, la jurisprudencia citada en primer lugar y sostuvo que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que figuren como parte demandada los Ayuntamientos, como institución gubernamental, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando exista en la legislación respectiva un procedimiento para ejecutarlo, o a través de los medios de apremio, además de que también podría agotarse lo relativo al delito de desobediencia. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo se deberá de agotar al procedimiento que la legislación laboral aplicable prevea para lograr la ejecución del laudo o sentencia. Abundó que no obstante que no se prevea el embargo como medida de apremio en la ley respectiva, los diversos medios de apremio contemplados en la legislación correspondiente, son suficientes para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas. Además, en la ejecutoria que sustenta dicha jurisprudencia, se estableció que el criterio se emitía bajo una redacción temática, a modo de ser aplicable no sólo a los Ayuntamientos y en materia laboral, sino a todo el sistema jurídico nacional, puesto que el tema ahí interpretado era previsible se encontrara en otras disposiciones estatales o federales y también para el cumplimiento de sentencias definitivas y no sólo a laudos. En consecuencia, no procede en contra de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, pues es evidente que aún no se agota el procedimiento de ejecución forzosa, haciendo valer todos los medios de apremio aplicables. Así, resulta que por el momento, el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el acto que aquí se reclama a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ésta y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Consecuentemente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de dicha Ley, lo cual conduce a sobreseer el presente juicio de amparo conforme al numeral 63 del ordenamiento legal en cita. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016588 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Página: 478 AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO.De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Contradicción de tesis 363/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito. 31 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 15/2016, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 196/2017. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 448, con el rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 966, con el título y subtítulo: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 699, con el título y subtítulo: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respectivamente. Tesis de jurisprudencia 34/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de marzo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de abril de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Mendiola Ruiz, en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por las razones insertas en este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado- Doy fe.

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