Miguel Máximo Hernández Hernández y Otros.
Expediente 1867/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1867/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/01/2018
Partes del expediente
- Miguel Máximo Hernández Hernández
- Miguel Máximo Hernández Hernández y Otros.
- Máximo López Gayosso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Intégrense los cuadernos incidentales respectivos. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".
- Principal
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Miguel Máximo Hernández Hernández y Maximino López Gayosso, respecto de los actos reclamados del Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla, indicados en el considerando segundo y por los motivos indicados en el considerando Tercero de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, respecto del proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 48), se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito y anexos de cuenta del quejoso *********, por medio del cual hace manifestaciones en relación a la vista que se le dio en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (foja 38) y ofrece pruebas. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones en relación a la vista que se le dio en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la parte quejosa los discos compactos que acompaña al escrito que se provee, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, no ha lugar a tenerla por admitida la prueba de inspección judicial, en razón de que en el caso la misma resulta ser extemporánea. Esto es, de conformidad con el citado artículo 119, párrafo tercero, dicho medio probatorio debe ofrecerse con un plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, por lo que dicha probanza sería admisible únicamente si se tratare de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerla en el plazo señalado anteriormente. Luego entonces, la parte quejosa ya conocía los hechos a probar desde el inicio del presente juicio constitucional, por tanto ha recluido su derecho procesal de ofrecer dicha probanza, en virtud de que la fecha de la audiencia constitucional que debe tomarse en cuenta es la del ocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 24) y, el escrito de cuenta fue presentado el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes éste juzgado de Distrito, por lo que el plazo de cinco días antes referido no se cumple. ... Por tanto, al no cumplirse los requisitos antes señalados, no es posible admitir el medio de prueba ofrecido por el quejoso. Se hace constar que los discos compactos que se acompañan al escrito que se provee no se integran al expediente electrónico ya que existe imposibilidad material para su digitalización, lo que se precisa en términos de los Acuerdos Generales conjuntos 1/2013 y 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que ordenan la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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