Miguel Mateo Sánchez

Expediente 1716/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1716/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Miguel Mateo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y además carece de relevancia documental; y, de destrucción del original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del autorizado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto la copia que solicita; previa razón de recibo.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1716/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y turnado en la misma fecha ante este órgano jurisdiccional; ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de noviembre del año pasado, previo desahogo de la prevención ordenada, este juzgado admitió la demanda; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; solicitó informe justificado; señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso, los actos reclamados tendrían ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Delegado y al Subdelegado, ambos del Registro Agrario; así como, al Jefe y a la Visitadora Agrario, ambos de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, todos en el Estado de México, a quienes le reclama: a) Comisionar a la licenciada ***, en su calidad de Visitador Agrario, para presidir y conducir la Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Jaltepec, Estado de México, de quince de septiembre de dos mil dieciséis; b) El haber hecho del conocimiento de los integrantes del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, municipio de San José del Rincón, Estado de México, mediante notificación de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que al no existir las condiciones para la celebración de la asamblea de ejidatarios convocada para el tres de octubre del año pasado, así como, ante las inconsistencias en la invitación y convocatoria, esa Procuraduría Agraria no asistiría; c) El haber hecho mal uso de documentación en resguardo de la Procuraduría Agraria; d) La omisión en expedir copias certificadas de la documentación que se encuentra en resguardo de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, solicitadas por ***, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, con folio de registro 15160033754; e) La orden para dictaminar la solicitud de inscripción del acta de asamblea de elección de Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, Estado de México, presentada mediante solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, registrada con folio 15160033770; Y, su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos que se reclaman. La Visitadora Agrario de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, al rendir su informe con justificación (folio 58), negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la suspensión de la Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Jaltepec, Estado de México, convocada para el de tres de octubre de dos mil dieciséis; así como el diverso que se hizo consistir en el haber hecho mal uso de documentación en resguardo de la Procuraduría Agraria. Negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa con medio de convicción alguno. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer, respecto de los referidos actos reclamados a la autoridad en cita. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 43), negó la existencia del acto reclamado, consistente en comisionar a la licenciada ***, en su calidad de Visitador Agrario, para presidir y conducir la Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Jaltepec, Estado de México, de quince de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, de las constancias que las propias responsables allegaron en copia certificada al presente asunto, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, municipio de San José del Rincón, Estado de México, integrado por Benito Pérez Sánchez, Tomás Cruz Suárez y Tomás Flores López, le solicitaron tuviera a bien designar personal a su cargo para que los asistiera en la asamblea de elección de órganos de representación ejidal, en caso de celebrarse, en primera convocatoria el seis de septiembre del año pasado, o de no celebrarse, sería en segunda convocatoria el quince del mismo mes y año; ocurso en el que, en su parte superior, se asentó: "Lic. *** Atender este asunto Gracias.". Circunstancia que se corrobora con las diversas documentales relativas al oficio P.A.15.05/1175/2016, de doce de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual el Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, comisionó a la licenciada ***, en su calidad de Visitador Agrario, para que asistiera a la asamblea de elección que tendría verificativo el quince de ese mes y año, en el poblado de Jaltepec, municipio de San José del Rincón, en la Entidad; y, el informe de comisión de diecinueve siguiente, signado por la citada profesionista, y dirigido al aludido Jefe de Residencia. De igual manera, la citada autoridad negó la certeza del diverso acto que le reclama, relativo a la suspensión de la Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Jaltepec, Estado de México, convocada para el de tres de octubre de dos mil dieciséis; empero, si bien es verdad no se advierte la existencia del acto como tal, la responsable aceptó haber hecho del conocimiento de los integrantes del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, municipio de San José del Rincón, Estado de México, mediante notificación de veintinueve de septiembre del año pasado, que al no existir las condiciones para la celebración de la asamblea, así como, ante las inconsistencias en la invitación y convocatoria, esa Procuraduría Agraria no asistiría, por lo que solicitaba su comparecencia el día cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Residencia de esa dependencia, a fin de que se tratara lo relativo a la elección de órganos de representación ejidal y, en su caso, llevarlo a cabo por la vía conciliatoria. Finalmente, el citado Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, aceptó el acto que se hizo consistir en la omisión en expedir copias certificadas de la documentación que se encuentra en resguardo de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, solicitadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, con folio de registro 15160033754. De ahí que deban tenerse por ciertos dichos actos. Por su parte, la Visitadora Agrario de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, al rendir su informe con justificación (folio 58), negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en presidir y conducir la Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Jaltepec, Estado de México, de quince de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, tal negativa se desvirtúa por las razones que quedaron expuestas al inicio del presente considerando. En tanto que, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 72), negó el acto que le es reclamado, consistente en la orden para dictaminar la solicitud de inscripción del acta de asamblea de elección de Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, Estado de México, presentada mediante solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, registrada con folio 15160033770; empero, dado que con posterioridad hace diversas manifestaciones, en el sentido de que "el veintiuno de octubre de do mil dieciséis, se recibió en esta Delegación la solicitud a la cual recayó el número de control 15160033770"; es que debe tenerse por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Órgano de Control Constitucional, en relación al acto reclamado al Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, que se hizo consistir en la omisión en expedir copias certificadas de la documentación que se encuentra en resguardo de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, solicitadas por Pedro Cruz Cruz, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, con folio de registro 15160033754; estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...].". Por su parte, el artículo 6º de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo se puede promover por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de la propia Ley que dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.].". De la interpretación de los numerales de referencia, se advierte que puede acudir al juicio de amparo indirecto quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Luego, el interés jurídico a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto u omisión proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, o autoridades administrativas, que el quejoso estime violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero de dos mil ocho, tomo XXVII, página doscientos veinticinco, registro 170500, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. Ahora, con el objeto de verificar si la quejosa acreditó ese interés jurídico, así como su afectación, en principio es de reiterarse que el acto reclamado que no ocupa consiste en la omisión en expedir copias certificadas de la documentación que se encuentra en resguardo de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, solicitadas por Pedro Cruz Cruz, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, con folio de registro 15160033754. De igual manera, conviene señalar que, de las constancias de donde emanan los actos reclamados, previamente valoradas, se advierte que, mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, ante el Residente de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México; ***, por propio derecho, solicitó copias certificadas de diversas constancias relativas a las convocatorias de asamblea para la designación de órganos de representación del Ejido Jaltepec, Estado de México (foja 115). Ahora bien, de lo anterior se advierte que el aquí peticionario no fue quien solicitó ante la autoridad señalada como responsable las copias certificadas descritas en el ocurso presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, ni las mismas fueron peticionadas en su nombre o representación; ya que de haber sido elevada tal petición por el quejoso, o bien, en su nombre, se acreditaría su interés jurídico en la presente instancia. Por tanto, al no haber sido así, el amparo en contra de esos actos resulta improcedente, pues como se dijo se actualiza la causa de improcedencia antes referida, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que al gobernado (persona física o moral), se le impone la obligación de acreditar que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto u omisión de autoridad afecta ese derecho. Consecuentemente, como se dijo, dado que en el presente caso la parte quejosa no acreditó de manera fehaciente contar con interés jurídico para instar en la presente vía constitucional respecto a dicho acto, procede sobreseer el presente juicio de amparo con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Orienta el criterio del suscrito, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 166, Volumen 103-108, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. INTERÉS JURÍDICO. Tanto interés tiene en deducir la acción de amparo por violación al derecho constitucional de petición la persona que formuló la instancia escrita, como aquella o aquellas en cuyo nombre o en cuyo interés legal fue formulada, pues en principio es evidente que cuando una persona actúa por cuenta de otra, ésta tiene interés legal en esa actuación.". Por otra parte, las autoridades responsables Jefe y Visitadora Agrario, ambos de la Residencia de la Procuraduría Agraria en Atlacomulco, Estado de México, estiman que con relación a los actos que les son reclamados, señalados con los incisos a) y b) del considerando segundo, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 1° fracción I, 5° fracción II, 63 fracción V, y 217, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos De Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Esto es así, porque de la transcripción en comento, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no sean de autoridad, ya que el artículo 1° fracción I, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad, lo que a contrario sensu, significa que es improcedente contra los actos que carezcan de esta naturaleza. Inclusive, aun cuando el artículo 5° fracción II de la citada ley, al definir quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, señala que tienen tal carácter, aquellas entidades que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien aquella que omite el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, destacando que para los efectos de la propia Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general, en el caso concreto no se cumple con ninguno de los extremos en mención; y, por lo tanto, el Jefe y la Visitadora Agrario, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, contrario a lo pretendido por el quejoso, no pueden ser considerados como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, por cuanto se refiere a los actos reclamados precisados. Para esclarecer lo anterior, es necesario recordar que la palabra autoridad deriva del vocablo latín autoritate y significa derecho o poder de mandar, regir, o gobernar; es, por consiguiente, la facultad de poder imponer obediencia. La autoridad puede expresarse de muchas formas. Ahora bien, el significado de autoridad en principio se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, dicho concepto se ha ido ampliando a través de las distintas épocas, debido al surgimiento de distintas autoridades administrativas y la complejidad de las relaciones jurídicas que hoy en día imperan en nuestro país. Bajo esa guisa, autoridad para efectos del juicio de amparo, de manera general, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Autoridad es, por consiguiente, la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonándose así el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública, como distintivo del concepto que se analiza. Lo expuesto, revela que para delimitar el concepto de autoridad, debe atenderse además a la clasificación que la Teoría General del Derecho realiza respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación, y de supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, respecto de las cuales, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o que se encuentran contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel; existe, pues, una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados; se regulan por el derecho público mediante procedimientos destinados para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que en dicha clase de relaciones jurídicas, el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable, en relación con la procedencia del juicio de amparo, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica o no dentro de las denominadas de supra a subordinación; para ello, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, y que su contraparte, esto es, el órgano del Estado de que se trate, o el particular que actúe como tal, en el caso concreto haya emitido o no actos unilaterales a través de los cuales haya creado, modificado o extinguido por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, si ello podía realizarlo sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, o si para ello necesitaba o no del consenso de la voluntad del afectado. Paralelamente, se debe analizar si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil, laboral o agrario. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Sirve de ilustración al respecto la tesis XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". De lo anterior podemos concluir que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que por tanto conducen a la procedencia de dicho juicio las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado; y, e) Que cuando el acto de que se trate, lo emita un particular, para ser considerado como autoridad responsable, deben reunirse no solo las anteriores exigencias generales contempladas por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, sino que además, la actuación o intervención del particular, esté autorizada expresamente por una norma general. Por consiguiente, para dilucidar a cerca de los alcances y contenido de la causal de improcedencia en cuestión, es pertinente señalar que, son de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, el contenido de las jurisprudencias a que se ha hecho mención, atendiendo a lo que estatuye el artículo 217 de la Ley de Amparo, y además de que el concepto que establecen tales criterios no se opone a lo que prevé el actual artículo 5°, fracción II de la propia Ley de la materia. Luego, en el caso concreto resulta evidente que, los actos precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de la presente resolución, mismos que el amparista atribuye al Jefe y a la Visitadora Agraria, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, no pueden ser considerados como actos de autoridad, para efectos de la tramitación del juicio de amparo, aun analizándose el caso concreto a la luz del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. Esto es así, porque en el caso a estudio se advierte que entre el Jefe y la Visitadora Agraria, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, y el quejoso, solo existe una relación de coordinación, y no de supra a subordinación. Para explicar tal aserto, en necesario recordar que los actos reclamados que ahora nos ocupan, son: a) Comisionar a la licenciada ***, en su calidad de Visitador Agrario, para presidir y conducir la Asamblea de Ejidatarios del Ejido de Jaltepec, Estado de México, de quince de septiembre de dos mil dieciséis; y, b) El haber hecho del conocimiento de los integrantes del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, municipio de San José del Rincón, Estado de México, mediante notificación de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que al no existir las condiciones para la celebración de la asamblea de ejidatarios convocada para el tres de octubre del año pasado, así como, ante las inconsistencias en la invitación y convocatoria, esa Procuraduría Agraria no asistiría. Sin embargo, por las razones que ahora se exponen, no puede considerarse que con relación a dichos actos, el Jefe y la Visitadora Agrario, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, hayan actuado como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Ello obedece a que por definición, por las labores que desempeñan y por los alcances mismos de sus actos, en relación con los trámites necesarios para la celebración de una asamblea general de determinado núcleo Ejidal, la Procuraduría Agraria de la que dependen los funcionarios señalados como responsables, fue creada jurídicamente, según la nueva Ley Agraria como una unidad administrativa de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada en la Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene a su cargo exclusivamente funciones de asesoría y defensa de los derechos de ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, nacionales y campesinos en general, según se desprende de los artículos 134, 135 y 136 de la citada Ley. Consecuentemente, al carecer dicho organismo de facultades de ejecución, esto es, de facultades para emitir actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales se cree, modifique o extinga por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten el estatus jurídico de los quejosos, pues se insiste la Procuraduría Agraria tiene funciones de asesoría y defensa de los derechos de los ejidatarios [quejoso], y por lo tanto, el Jefe y la Visitadora Agrario, ambos de Residencia de la citada Procuraduría Agraria no pueden considerarse como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XV.2º.I A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 391, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "PROCURADURÍA AGRARÍA. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo que establecen los artículos 134 y 135 de la Ley Agraria en vigor, la Procuraduría Agraria no es un organismo accesorio de la Secretaría de la Reforma Agraria sino descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas funciones son de servicio social y defensa de los ejidatarios, ya que del análisis de las atribuciones que le confiere el artículo 136 de la Ley Agraria en cita se deriva que éstas son esencialmente de asesoría, representación, conciliación, estudio y proporción de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica del campo, denunciar ante las autoridades correspondientes el incumplimiento o responsabilidades de los funcionarios agrarios y de inspección y vigilancia dirigidos a defender los derechos de sus asistidos, mismas que, además de otros, se reiteran en el artículo 4o. de su Reglamento Interior, sin que aparezca que tenga facultades decisorias y de disposición de fuerza pública.". De esta forma, es inconcuso que los actos reclamados precisados con antelación, no pueden ser considerados como actos de autoridad, toda vez que el Jefe y la Visitadora Agraria, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, al realizarlos, no gozan de las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que revisten el actuar de un órgano del Estado que pueda considerarse como autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo. Dicha causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo u omisivo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sin embargo, si los actos reclamados antes citados, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, es claro que no pueden cristalizarse sobre ellos los fines de la acción constitucional; por lo tanto, aun cuando es claro que -en su caso- dichos actos pudieren ser revocados o nulificados, mediante el ejercicio de las acciones civiles, administrativas o agrarias correspondientes, ante la autoridad competente para ello, el solo hecho de que no se trate de actos de autoridad, sino de acciones desplegadas por un organismo oficial, pero en un plano de igualdad -esto es, dentro de una relación de coordinación-, condiciona la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior, máxime que en la especie tampoco se actualiza el supuesto de la fracción II, segundo párrafo, del artículo 5° de la Ley de Amparo, habida cuenta que aun cuando dicho precepto legal dispone que cuando el acto de que se trate lo emita un particular, para ser considerado como autoridad responsable, deben reunirse no solo las exigencias generales contempladas por el artículo 5 de la Ley de Amparo [que el particular funja como un órgano del Estado frente a otro particular; que ello obedezca a una disposición de la ley -concesión, franquicia, delegación, etcétera-, virtud de la cual se le haya dotado de una facultad administrativa; y que con motivo de esa relación, dicho particular emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otro particular, sin que para ello necesite acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado], sino que además, se requiere que la actuación o intervención del particular, esté autorizada expresamente por una norma general, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular. No obstante, en el caso concreto no se cumple con dicha condición, habida cuenta que si bien el Jefe y la Visitadora Agrario, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, son funcionarios de la administración pública, el organismo al que se encuentran adscritos no tiene atribuciones para llevar a cabo actos con las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que revisten el actuar de un órgano del Estado, pues por el contrario, de los artículos 134, 135 y 136 de la Ley Agraria, se advierte que las funciones de dicho organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, para lo cual únicamente puede: I. Coadyuvar y en su caso representar a dichas personas en asuntos y ante autoridades agrarias; II. Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas en mención en sus relaciones con terceros, que tengan que ver con la aplicación de la ley de la materia; III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre las personas mencionadas, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria; IV. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes; V. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo; VI. Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria; VII. Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus asistidos; VIII. Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas legalmente; IX. Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo anterior en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda; X. Denunciar ante el Ministerio Público o ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que, en su caso, incurra el comisariado ejidal y que le deberá presentar el comité de vigilancia; y XI. Las demás que la referida ley, sus reglamentos y otras leyes le señalen. Por tanto, tomando en consideración que el marco jurídico en el que se desenvuelven los funcionarios señalados como autoridades responsables, le impiden ejercer actos de autoridad, pues la naturaleza jurídica de sus funciones es de servicio social, y están encargados de contribuir en la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, debe concluirse que si bien cabe la posibilidad de que la persona que funja como Jefe o Visitador Agrario, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, en el desempeño de sus funciones pudiera incurrir en alguna práctica irregular, sus actos sólo pueden ser objeto de las acciones civiles, penales, agrarias, administrativas o de responsabilidad oficial que resulten procedentes, con objeto de revocarlos, modificarlos o nulificarlos; empero, no pueden ser materia de estudio en un juicio de amparo, precisamente porque no se trata de actos de autoridad, ni mucho menos de un particular con funciones equiparable a las de un órgano del estado -y que por tal motivo pudiera considerarse como autoridad para los efectos del juicio de amparo- precisamente porque las funciones que le han sido asignadas por la ley, tienen el carácter de servicio social, dado que están encargados de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, con quienes pueden coadyuvar -y en su caso representarlos- en asuntos y ante autoridades agrarias, atender sus consultas jurídicas, promover y procurar la conciliación de sus intereses en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria, y en general desempeñar todo acto encaminadas a defender los derechos de sus asistidos; circunstancia que en sí misma permite concluir que dichos funcionarios, no tienen atribuciones para llevar a cabo actos con las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y por lo tanto, tampoco pueden considerarse que se traten de un particular que pueda ser considerado como responsable para los efectos del juicio de amparo, pues los actos que se les atribuye derivan de una relación de coordinación, y no se supra a subordinación. Por consiguiente, este Juzgado Federal concluye, que con relación a los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) del considerando segundo de la presente resolución, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 1° fracción I, 5 fracción II, 63 fracción V, y 217, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, con relación al diverso acto reclamado, identificado con el inciso e) del considerando segundo de esta sentencia, este Juzgado Federal advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, habida cuenta que tiene que considerarse que el quejoso debió cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, esto es, acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario, conforme a lo dispuesto por los artículos 1º de la Ley Agraria, 1º y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. De manera que, al no haberlo hecho de esa manera, debe considerarse que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61 fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. Esto es así, porque los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 61 fracción XX, primer párrafo, de la Ley de la materia, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.". En efecto, el texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Al respecto es importante destacar que el artículo 61 fracción XX, primero párrafo, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, el quejoso debe agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, conviene destacar lo siguiente: El peticionario de garantías señala de manera destacada como acto reclamado la orden para dictaminar la solicitud de inscripción del acta de asamblea de elección de Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, Estado de México, presentada mediante solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, registrada con folio 15160033770. Para ello, señala en su demanda de amparo, en suma, que dicho acto le causa perjuicio, pues considera que al haberse solicitado la inscripción de un acta de asamblea, respecto de órganos de representación ejidal, que nunca fueron electos por la asamblea de ejidatarios; de llevarse a cabo tal inscripción se causarían daños irreparables e irreversibles al Ejido. No obstante, del análisis de lo expuesto en la demanda de amparo, así como de la lectura de los documentos allegados por el quejoso a su escrito de demanda, el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, de las constancias que exhibió como sustento de sus afirmaciones, este Órgano de Control Constitucional advierte, que la sola orden para dictaminar la solicitud de inscripción del acta de asamblea de que se trata [en la forma y términos aludidos por el quejoso], tendría que ser combatida mediante el juicio agrario previsto en la Ley de la materia, al ser ese un medio ordinario de defensa que debe ser agotado previo a acudir al juicio de amparo, en el caso no concedido de que se tratase de un acto de autoridad. Lo cual es así, porque en todo caso, lo que pudiere ocasionar algún perjuicio al peticionario de amparo sería la irregular tramitación de la inscripción de un documento, en el cual intervinieron diversos sujetos de derecho en un plano de coordinación [igualdad], en circunstancias que el amparista considera anómalas. Empero, en tal caso, para la defensa de sus intereses, el hoy quejoso debe entablar las acciones legales correspondientes, ante el tribunal agrario competente, a efecto de obtener la declaratoria de nulidad de la orden para dictaminar la solicitud de inscripción del Acta de Asamblea de elección del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido Jaltepec, Municipio de San José del Rincón, Estado de México, solicitada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, así como la anulación, paralización o revocación de sus efectos y consecuencias legales. Lo cual, solo podría tener lugar en el caso de que en el procedimiento respectivo, se colmaren los extremos de la acción de nulidad en comento, mediante los medios de prueba que en su oportunidad se oferten ante el Tribunal Agrario correspondiente. Para explicar lo anterior, es menester destacar que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en la fracción XIX, la creación de Tribunales Agrarios, señala: "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada." [.] XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y.". A su vez, los artículos 1 y 163 de la Ley Agraria, establecen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República.". "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.". Por su parte, los diversos numerales 1° y 18, fracción VIII, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone: "Artículo 1°. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.". "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo: (.) VIII.- De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias.". Precisado lo anterior, es de sostenerse que en el caso concreto, particularmente en lo que atañe al acto reclamado precisado en el inciso c) del considerando segundo de la presente resolución, este Juzgado Federal advierte la concurrencia de la mencionada causal de improcedencia, habida cuenta que del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, así como del cúmulo de constancias allegadas al presente juicio de amparo, este Órgano de Control Constitucional aprecia se trata de una cuestión jurídica que debe ser ventilada por el quejoso -mediante la acción agraria correspondiente-, dado que se trata del medio previsto en la ley para lograr la revocación o modificación del acto reclamado. Esto es, en la especie, la parte quejosa previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar la acción de nulidad correspondiente ante la autoridad agraria competente, pues si bien se aprecia que el alegato central del amparista, radica en que al haberse solicitado la inscripción de un acta de asamblea, respecto de órganos de representación ejidal, que nunca fueron electos por la asamblea de ejidatarios; de llevarse a cabo tal inscripción se causarían daños irreparables e irreversibles al Ejido; luego, lo cierto es que al apreciarse que dichas alegaciones claramente se encuentran encaminadas a establecer cuáles son las causas y motivos por las que la inscripción del acta de asamblea de que se trata -en criterio del quejoso- debe ser nulificada; por tanto, debe concluirse que dicha declaratoria no es propia del juicio de amparo, sino de la correspondiente acción agraria pertinente, que el propio quejoso debió agotar previo a acudir al juicio de amparo. Sin embargo, tal pronunciamiento no puede realizarse de manera directa e inmediata en el juicio de amparo, pues lo que en todo caso podría ser materia de estudio en esta vía constitucional, sería la forma y términos en que el Tribunal agrario haya procedido a valorar los medios de prueba que el gestionante le alleguen en el juicio de nulidad, así como el sentido de la resolución en la que -con base en dicha ponderación- se haya declarado procedente o improcedente la acción de nulidad intentada. Esto es, en el juicio de amparo solo podría analizarle la legalidad o constitucionalidad de la resolución que llegase a dictar el tribunal ordinario, en el juicio correspondiente, entorno a la pretendida nulidad del documento refutado de falso por los quejosos, así como los motivos o argumentos que haya vertido el Tribunal Agrario con relación a las pretensiones del quejoso. Corresponde, por tanto, a un Tribunal Agrario, determinar si la tramitación de la inscripción del Acta de Asamblea General del Ejido Jaltepec, Municipio de San José del Rincón, Estado de México, con motivo de la solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, es o no contraria a derecho, y de ser así, declarar la nulidad de la misma, así como la de todas y cada uno de sus efectos o consecuencias legales. Virtud de lo anterior, este Juzgado Federal aprecia que la pretensión del peticionario de garantías, sólo puede ser analizada por un Tribunal Unitario Agrario, porque para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la tramitación de inscripción del acta de asamblea de que se trata, es menester que se ejercite la acción legal correspondiente. Orienta el criterio del suscrito, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.2o.13 A, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1244, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE ASAMBLEA DE COMUNEROS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA SU CALIFICACIÓN REGISTRAL PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. Cuando en amparo se reclama la resolución del delegado estatal del Registro Agrario Nacional, donde se deniega la calificación registral de un acta de asamblea de comuneros, aquél debe sobreseerse con base en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el diverso 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado previamente el principio de definitividad a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, esto es, el juicio de nulidad consagrado en el numeral 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.". Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional lo considerado en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Tercera Parte, página 110 de rubro: "AGRARIO. PLANO DE EJECUCIÓN DEFINITIVA APROBADO, SU CONSTITUCIONALIDAD PUEDE EXAMINARSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", así como tampoco se opone lo decidido en la Jurisprudencia 2ª./J. 61/2001, consultable en el medio de difusión en comento, correspondiente a la Novena Época, tomo XIV, diciembre de 2001, página 254 de rubro: "NÚCLEOS DE POBLACIÓN EJIDALES O COMUNALES, NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY AGRARIA ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN.", al estimar que la Ley Agraria en su artículo 166, en relación a lo suspensión del acto reclamado establece que los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados, pudiendo acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva; suspensión que se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Titulo Segundo, Capítulo I, Sección Tercera de la Ley de Amparo, debiendo considerar las condiciones socioeconómicas del interesado para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. Sin embargo en la Ley de Amparo, en el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado en materia agraria, en el artículo 132, establece que por cuanto ve a la suspensión concedida a los núcleos de población, no requerirá de garantía para que surta sus efectos, por lo que no se está en el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 61 fracción XX, al no establecer la Ley Agraria mayores requisitos, ello en virtud de que tal criterio constituye un criterio genérico, siendo que existe diversa tesis aplicable por analogía jurídica para el caso en específico, siendo la 2a./J. 55/97 del rubro siguiente: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A AL ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.", sin que se advierta que haya sido abandonada por la instancia emisora y, por ende, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor, es de aplicación obligatoria. Esto es así, porque en el caso concreto es necesario atender al acto en específico, no así a la determinación de carácter genérico tal y como se establece en el último criterio mencionado por lo que, como ya se razonó en el presente asunto, este Juzgado Federal estima necesario que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debió agotar el juicio agrario conforme al artículo 18 fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios vigente. Lo anterior, habida cuenta que de la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 27 de la Constitución Federal, publicada el seis de enero de mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial de la Federación, se sentó un nuevo marco jurídico entorno al sistema de justicia agraria, sustituyéndose el antiguo régimen de justicia administrativo-judicial seguido ante las Comisiones Agrarias Mixtas por uno propiamente jurisdiccional a cargo de órganos autónomos [Tribunales unitarios agrarios] y así brindar al gobernado plenamente la garantía de audiencia y defensa en contra de actos que incidan en la creación alteración, modificación o extinción de derechos emitidos de forma unilateral. Empero, dado que los artículos 1º y 18, fracción VIII, de la Ley Agraria, disponen que los tribunales agrarios son los órganos federales a quienes corresponde la administración de justicia en materia agraria, y que es a dichos órganos a quienes corresponde, entre otros actos, conocer de las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias, debe colegirse que [con relación al acto reclamado precisado en el inciso e) del considerando segundo de la presente resolución], cualquier acción tendiente a cuestionar, hacer cumplir o nulificar el referido acto reclamado [la tramitación de inscripción del acta de asamblea] por contravenir las leyes agrarias [como lo afirman en la especie el quejoso], debe encausarse a través de alguna de las acciones de nulidad, previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 18 de la Ley Agraria. Por ello, es que al prever la fracción IV del numeral 18 del cuerpo de la Ley Orgánica de los Tribunales Unitarios Agrarios referida en párrafos que anteceden, que las acciones agrarias pueden oponerse frente a los actos de las "autoridades agrarias", es que se considera que para efectos de la acción de nulidad agraria lo son las de carácter administrativo [como lo es la autoridad administrativa señalada como responsable]; por lo tanto, se estima que en la especie, es oponible al acto reclamado, porque probablemente incida negativamente sobre los derechos agrarios que el peticionario asegura debe preservarse en su favor. Sin embargo, se insiste, dichas pretensiones deben encausarse en el juicio de nulidad, ante el Tribunal agrario competente, previo a instar la acción constitucional. De manera que, aun en el supuesto de que la ley agraria estableciera mayores requisitos para obtener la suspensión del acto reclamado, en el caso concreto el peticionario de garantías estaría obligado a agotar el juicio de nulidad, porque en todo caso la posible afectación de sus intereses no deriva de un acto omisivo, sino de la tramitación de inscripción del Acta de Asamblea de elección de órganos de representación del Ejido de que se trata, así como sus efectos y consecuencia legales, tales como la consecuente privación de los derechos del quejoso, y demás ejidatarios; sin embargo esas anomalías invocadas por el quejoso como causas de nulidad, como ya se indicó, deben demostrarlas ante el Tribunal Agrario competente, quien determinará la invalidez o nulidad de dicha actuación, precisamente de presentar aquella serie de anomalías que el amparista afirma que son contradictorias a las prescripciones que sobre la materia previene la Ley agraria. De ahí que, en todo caso, será la resolución que emita la autoridad agraria competente [sobre los temas en cuestión], la que podría ser combatida por el quejoso mediante los medios ordinarios de defensa, o mediante algún medio extraordinario de defensa, conforme a derecho proceda, pues de realizarse aquél análisis en el presente juicio de amparo indirecto, implicaría una substitución y suplantación absoluta de las funciones de la autoridad agraria, con la consabida derogación o inaplicación implícita de la fracción VIII del artículo 18 de ley de la materia, que previene precisamente que el juicio de nulidad, procede contra todo aquél acto o contrato que contravenga las leyes agrarias. En mérito de todo lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que concierne a los actos reclamados enunciados en los incisos a) y b) del considerando segundo de la presente resolución, atribuidos al Jefe y a la Visitador Agrario, ambos de Residencia de la Procuraduría Agraria, con sede en Atlacomulco, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con el 1° fracción I, 5 fracción II, 63 fracción V, y 217, todos de la Ley de Amparo [por no tratarse de actos de autoridad, para los efectos del juicio de amparo]; en tanto que, en relación al acto que quedó señalado con el incido d) del referido considerado, y que se reclama del aludido Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria, se configura la diversa causa de inejersatividad, contemplada en la fracción XII, del numeral 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales; y, en lo que concierne al acto reclamado precisado en el inciso e) del referido considerando segundo de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia contemplada por el artículo 61, fracción XX de la propia Ley de la materia [al no haberse cumplido con el principio de definitividad], por los motivos expuestos a lo largo del presente considerando. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 61 y 63 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, y que precisados quedaron en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el día de hoy quince de febrero de dos mil diecisiete, en las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, quien actúa en unión de Oscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que da fe. EL JUEZ EL SECRETARIO

  4. Principal

    Intégrense los oficios y anexos de cuenta mediante los cuales las responsables remiten las constancias solicitadas; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes ellas por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, ya que las remitidas el cinco del mes y año en curso, con diversas de las que se reciben. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas. Para dar tiempo a que transcurra el término referido en el párrafo primero de este acuerdo, la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se transfiere y en su lugar se señalan las nueve horas con dos minutos del treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

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