Miguel Martínez Ochoa

Expediente 1488/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1488/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Miguel Martínez Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento al punto vigésimo primero fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que en las constancias que integran el presente incidente, se concedió la suspensión definitiva, se establece que el cuaderno original es susceptible de destrucción, lo que se realizará en el término de tres años; por lo que ve a su envío al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realícese; en tanto, su destrucción se llevara a cabo una vez transcurrido cinco años. Luego, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del punto vigésimo del acuerdo general señalado en el párrafo que antecede, éste es destruible en el término de seis meses; plazo que comenzara a transcurrir, en todos los supuestos, al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "[.] a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos afectados, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, ninguna autoridad deberá aplicar en perjuicio de la parte quejosa el artículo artículo 12, fracción II, inciso C, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número P. J. 31/89, en la página doscientos veintiocho, Tomo 111, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". La protección constitucional otorgada, se hace extensiva, al acto reclamado del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que deberá dejar sin efectos la resolución 14.5.1/2286/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho.[.].". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 14.5.1/1077/2019, dejó sin efectos la resolución 14.5.1/2286/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho; además, determinó dejar de aplicar en perjuicio de la parte quejosa el artículo 12, fracción II, inciso C, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  3. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Jalisco, mediante el cual, remite la notificación realizada a la parte quejosa, respecto del oficio 14.5.1/1077/2019. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "[.] a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos afectados, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, ninguna autoridad deberá aplicar en perjuicio de la parte quejosa el artículo artículo 12, fracción II, inciso C, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de julio de dos mil nueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número P. J. 31/89, en la página doscientos veintiocho, Tomo 111, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". La protección constitucional otorgada, se hace extensiva, al acto reclamado del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que deberá dejar sin efectos la resolución 14.5.1/2286/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho.[.].". Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. V. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Delegado Estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable encargada del cumplimiento, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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