Miguel Martínez García

Expediente 1361/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1361/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Martínez García

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1361/2023, promovido por ********************en su carácter de apoderado de ******************** contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial y el veintinueve del mismo mes y año ante la oficina de correspondencia común, ambos de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************en su carácter de apoderado de ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ° Actuario adscrito a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".Lo constituye la denegación de justicia e impartición de la misma, ya que la autoridad responsable no acata los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no ha acordado el escrito de 18 de mayo de 2023, con número de folio 002493, y de la segunda, el ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS y para el caso de que la junta ya hubiere acordado dicho escrito del mismo, se reclama la falta de notificación del acuerdo de dicho escrito ya descrito en líneas anteriores.". SEGUNDO. El dos de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1361/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, con número de folio 002493, donde se solicitó se dicte auto de ejecución en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañan al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó acuerdo respecto el escrito presentado el dieciocho de mayo del año en curso, radicado bajo el número de folio 002493, relativo a su solicitud de dictar auto de ejecución, el cual fue notificado a la actora hoy quejosa el dieciocho de octubre de la presente anualidad, todo ello dentro del expediente laboral de origen ********************. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado por la parte quejosa se traduce en omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de mayo del año en curso, radicado bajo el número de folio 002493, dentro del expediente laboral de origen ********************; sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, la omisión reclamada quedó superada; de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. En consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores y al Instituto Mexicano del Seguro Social, ordenado en el expediente laboral 499/2020. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, y la Institución Bancaria HSBC, ya rindieron el informe de autoridad solicitado en el juicio laboral 499/2020. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no obra diversa información requerida mediante auto de cinco de octubre del año en curso; por tal motivo, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto del cinco de septiembre del dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "... SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por ********************, para que las autoridades responsables en el ámbito de sus funciones, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, den contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa el dieciséis de junio del presente año, y lo notifiquen en términos de la ley aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a las autoridades ante quién se formuló, a que provean necesariamente de conformidad con lo solicitado por la parte promovente -aquí quejosa-, sino que están en libertad de resolver de conformidad de acuerdo con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto....". Ahora bien, la resolución concesoria de amparo causó ejecutoria mediante proveído del treinta de noviembre de dos mil veintidós. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, a través de su Delegada, mediante oficio LV/DTVR/CTPSS/1785/2023, del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que tiene por recibido el escrito del quejoso del dieciséis de junio de dos mil veintidós, así como los anexos que ahí se describen, y a su vez, hace constar que admite a trámite la solicitud del quejoso, y que una vez que la Comisión cuente con elementos necesarios, ordena se turnen las constancias del expediente a dictaminar para que dentro de sesenta días naturales emita un dictamen; y, en diverso oficio LV/SSLP/DJ/2°7671/2023, del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, remite en copia certificada del auto emitido el veinte de abril del año en curso, donde ordena notificar por estrados el referido acuerdo del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Asimismo, en diverso oficio SSLyP/DPLyP/POEM/AÑO2/P.O.2/1106/2023, del veintidós de junio de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, remite el Decreto número mil ciento seis, por el que se concede pensión por jubilación vitalicia al quejoso ********************, el cual fue aprobado en sesión ordinaria del Pleno del trece de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, derivado de la solicitud de pensión realizada por el aludido quejoso, destacando del referido Decreto que se determinó lo siguiente: "ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por cesantía en Edad Avanzada a ********************, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado... ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % del último salario del solicitante como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos... ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por ********************... ARTÍUCLO 4°.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, deberá garantizar que ******************** y sus beneficiarios disfruten de las prestaciones de salud...". El citado Decreto fue notificado de manera personal al quejoso, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia de notificación respectiva que obra en autos. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber dado contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa el dieciséis de junio del presente año, a través del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, donde refiere que una vez que se reúnan los elementos necesarios, se turne el expediente a dictaminar, lo cual ordenó notificar por estrados, en diverso acuerdo del veinte de abril del año en curso y en consecuencia, cumpliendo con las citadas formalidades, con la libertad de jurisdicción concedida, procedió a determinar procedente la solicitud de pensión por Censantía en Edad Avanzada al quejoso ********************, a través del Decreto número mil ciento seis, aprobado en sesión ordinaria del Pleno del trece de junio de dos mil veintitrés, lo anterior, derivado de la solicitud de pensión realizada por el aludido quejoso, lo cual hizo de su conocimiento a través de la constancia de notificación realizada el uno de septiembre del año en curso. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que las autoridades responsables den contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa el dieciséis de junio del presente año, y lo notifiquen en términos de la ley aplicable al acto; habida cuenta, que la ejecutoria de amparo no constriñe a las autoridades ante quién se formuló, a que provean necesariamente de conformidad con lo solicitado por la parte promovente -aquí quejosa-, sino que están en libertad de resolver de conformidad de acuerdo con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber dado contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa el dieciséis de junio del presente año, a través del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, donde refiere que una vez que se reúnan los elementos necesarios, se turne el expediente a dictaminar, lo cual ordenó notificar por estrados, en diverso acuerdo del veinte de abril del año en curso y en consecuencia, cumpliendo con las citadas formalidades, con la libertad de jurisdicción concedida, procedió a determinar procedente la solicitud de pensión por Censantía en Edad Avanzada al quejoso ********************, a través del Decreto número mil ciento seis, aprobado en sesión ordinaria del Pleno del trece de junio de dos mil veintitrés, lo anterior, derivado de la solicitud de pensión realizada por el aludido quejoso, lo cual hizo de su conocimiento a través de la constancia de notificación realizada el uno de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión se hace constar que no se formó por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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