Miguel Márquez Gómez

Expediente 1780/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1780/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Miguel Márquez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de enero de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en 2 el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de seis de diciembre año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial CCA 37/2021. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declare competente para conocer de la demanda de amparo, promovido por ******************, al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el conflicto competencial señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. Glósese a este expediente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la Superioridad; por tanto, se determina que el resto de copias que lo integran son susceptibles de destrucción. En cumplimiento a lo ordenado por el órgano revisor, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del asunto y determina: Sentido de la determinación inicial Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación el diverso 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Acto reclamado. De una revisión efectuada al ocurso que nos ocupa, se desprende que si bien la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que señale la porción normativa que de dicha ley pretende combatir en esta vía constitucional. Lo anterior genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional, toda vez que se debe indicar claramente el artículo o artículos de la Ley que pretende combatir, con el objeto de que este Juzgado de Distrito pueda analizar su constitucionalidad, el contenido de sus prescripciones y determinar si están dirigidas a la parte quejosa o influyen sobre su esfera jurídica. En ese sentido, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa deberá precisar lo siguiente: a) Cuál es la porción de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, puesto que la misma contiene diversos artículos de distinto contenido normativo. b) Si tales porciones normativas las reclama en carácter de autoaplicativas o heteroaplicativas. c) Si el acto administrativo se encuentra vinculado con la naturaleza de los actos reclamados, y con ello deberá expresar el acto de aplicación. d) Si las porciones normativas que desea reclamar se encuentran vinculadas o aplicadas en el oficio DRO/SP/DPSH/2347/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, también señalado como acto reclamado de forma destacada. Tal cuestión, debe ser precisado por la parte quejosa y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información se fijará la litis constitucional; de igual forma, las autoridades responsables estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones III y IV del numeral 108 de la ley de la materia. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, página 54, registro: 227883, del siguiente rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISION EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACION DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. 2. Copias. Deberá exhibir el original y, copias legibles y suficientes del escrito en que dé cumplimiento a la presente prevención, esto es, para cada una de las autoridades responsables que se señala con dicho carácter. Sin que haya lugar a solicitar copia de las documentales precisadas en el presente acuerdo a efecto de correr traslado al Ministerio Público Federal adscrito, toda vez que este será notificado electrónicamente. Lo anterior, siempre y cuando el desahogo de la presente prevención no se realice de manera electrónica. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la presente determinación, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención formulada deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras. Para lo anterior, se le hace saber a la promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. Finalmente hágase de conocimiento a las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe."

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de nueve de diciembre año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *****************, por propio derecho; contra actos de la Jefa de Unidad Departamental de Substanciación del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el Ciudad de México y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1780/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, pues los actos combatidos son de carácter intraprocesal y no tienen una ejecución de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable El artículo 113 citado establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente.1 No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa.2 Con base en lo expuesto, resulta válido sostener que en el caso la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque basta el análisis integral de la demanda de amparo a partir del señalamiento de actos reclamados para advertirla plenamente. De manera que la presente determinación no se presume ni se basa en indicios, e incluso se llegaría a la misma conclusión independientemente de los demás elementos que se pudieran aportar al expediente (informes, pruebas y alegatos). Actos reclamados De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la intención de *********************, por propio derecho, es reclamar el acto siguiente: a) La emisión del acuerdo de uno de noviembre de dos mil veintiuno, notificado al suscrito por medio del oficio SCG/OICCJSL/JUDS/0215/2021, de cuatro de noviembre del año en curso, a través del cual la Jefa de Unidad Departamental de Sustanciación del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, hizo del conocimiento que dejó sin efecto alguno el acuerdo de admisión del informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro del procedimiento administrativo número OIC//CJU/D/0339/2019. b) La emisión del oficio SCG/OICCJSL/JUDS/0220/2021, de doce de noviembre del año en curso, signado por la Jefa de Unidad Departamental de Sustanciación del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, a través del cual le hizo la devolución de la prueba superveniente ofrecida por el suscrito. c) La emisión de un nuevo informe de presunta responsabilidad administrativa en cumplimiento a lo ordenado en el resultando segundo del acuerdo de uno de noviembre dos mil veintiuno. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo y oficio reclamados que se encuentran contemplados en los incisos a) y b) del capítulo respectivo, fueron emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no es de imposible reparación. En dicho precepto se prevé: "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el acuerdo y oficio reclamados que se encuentran contemplados en los incisos a) y b) del capítulo respectivo, fueron emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no son de imposible reparación, toda vez que no afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para controvertir el acuerdo y oficio reclamados que se encuentran contemplados en los incisos a) y b) impugnados, ya que dichos actos no constituyen un acto de imposible reparación en la medida en que no afecta derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte, sino que, en su caso, sólo afecta derechos procesales y, en consecuencia, la violación alegada, en caso de trascender al resultado del fondo, debe hacerla valer cuando impugne la resolución definitiva de dicho procedimiento. En efecto, con la Ley de Amparo vigente, la concepción jurídica de los actos dentro de juicio de imposible reparación ha cambiado, pues la afectación en grado predominante o superior ha dejado de ser un criterio que sirva para determinar a aquéllos. En la Ley de Amparo abrogada, no se definía a los actos de imposible reparación, razón por la cual fue en la jurisprudencia en donde se definieron; sin embargo, en la Ley de Amparo vigente sí se definen a dichos actos. Así, al hacer lo que antes no había hecho -definir los actos de imposible reparación- el propio legislador excluyó la posibilidad de que se introdujera dentro de dicho concepto a los actos intraprocesales que generan una afectación en grado predominante o superior, es decir, limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio. Bajo esa tesitura, al haber cambiado sustancialmente el marco normativo sobre los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: "(.) el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Lo anterior, implica que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, pero no procesales, con independencia del grado de afectación que generen, consideraciones que son exactamente aplicables a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, como del que derivan los actos reclamados. Motivos de la improcedencia del juicio de amparo Como primera premisa, es necesario establecer que el acuerdo de uno de noviembre de dos mil veintiuno, fue dictado dentro de un procedimiento administrativo, pues fue emitido en el expediente **************, por el Jefe de la Unidad Departamental de Substanciación del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el Ciudad de México, así como la emisión del oficio SCG/OICCJSL/JUDS/0220/2021, de doce de noviembre del año en curso. -actos reclamados- En segundo lugar, dichos actos no son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que la afectación que producen no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos. Lo anterior, ya que a través de la actuación combatida, el Jefe de la Unidad Departamental de Substanciación del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el Ciudad de México, determinó dejar sin efectos, el acuerdo de admisión de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, así como sus actos consecutivos, con motivo que el informe de presunta responsabilidad administrativa se encuentra incompleto. No se pasa por alto para este órgano jurisdiccional, que del oficio de devolución de los medios probatorios ofrecidos por el quejoso, la responsable fundamentó su actuar, entre otros, en el artículo 270 fracción II y VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 270.- Además de las atribuciones que corresponden a las autoridades substanciadoras de conformidad con la legislación y demás disposiciones jurídicas y administrativas en materia de responsabilidades administrativas, corresponde a las personas titulares de las unidades de Substanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría General en Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, órganos de apoyo y de asesoría, de la Administración Pública de la Ciudad de México. (.) II. Realizar o valorar las investigaciones, así como recabar o valorar las pruebas relacionadas con el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a efecto de determinar la prevención, la procedencia de su admisión, la abstención del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; (.) VII. Iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando una resolución firme del Tribunal de Justica Administrativa así lo ordene; (.) Como se puede advertir sustancialmente de la fracción II, dicha autoridad tiene la facultad de valorar las investigaciones, así como recabar o valorar las pruebas relacionadas con el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a efecto de determinar la prevención, procedencia de su admisión o la abstención del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa; por lo que, la autoridad responsable dejó sin efectos el acuerdo de admisión y como consecuencia las demás acciones relativas. De esta manera, la afectación que dicha actuación produce o pudiera producir es de carácter meramente formal, pues se circunscribe a los requisitos de procedibilidad del acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, lo cual en todo caso se traduce en violaciones de carácter formal y su incidencia se da sobre derechos adjetivos. De igual forma, la afectación que dichos actos pudiera ocasionar no incide en ningún derecho sustantivo, sino que en todo caso se traduce en una violación de carácter adjetivo, relacionada con la aplicación de las leyes que rigen al juicio contencioso administrativo y, de manera específica, las relativas a su procedencia. Por lo mismo, se trata de violaciones que no afectan de manera actual un derecho sustantivo y, en todo caso, el perjuicio que pudieran generar es susceptible de ser combatido de manera conjunta en la resolución que se dicte en el fondo, en el caso de que las violaciones lleguen a trascender a aquélla. Máxime que no podría considerarse como derecho sustantivo violado el derecho de acceso a la justicia, ya que éste por sí mismo constituye un instrumento de las distintas fases procesales que conducen a la resolución en la que sí habrá de decirse sobre el derecho materia del juicio. Sin embargo, en el caso concreto los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) no impiden de forma actual el ejercicio de ese derecho. Así, en la especie, el análisis de la demanda de amparo es suficientemente claro como para advertir e identificar la naturaleza de los actos combatidos ya multicitados, es decir, no existe la menor duda de que se tratan de actos dictados dentro de un procedimiento, cuyas consecuencias no rebasan lo puramente procesal. Por otra parte, respecto el acto que reclama señalado en el inciso c) del apartado correspondiente, consistente en "la emisión de un nuevo informe de presunta responsabilidad administrativa", tal y como se desprende de su redacción, son actos futuros de realización incierta que no consta su veracidad, ya que si bien se desprende del oficio que reclama dicha aseveración por la autoridad responsable, lo cierto es que aún no existe. Sobre los actos futuros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una distinción entre los que son de realización inminente y los que son de realización incierta. Así, se define a los primeros como aquellos que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve3. Por su parte, a los actos futuros de realización incierta se les define como aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones.4 Conclusión Por lo tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b) ambos de la Ley de Amparo, así como 113 de este ordenamiento, y por los motivos expuestos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****************. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Por lo que hace a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.6 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Rafael Vargas Téllez, que autoriza y da fe."

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