Miguel Mar Rodriguez
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Miguel Mar Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, doce de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] el [los] ocursante[s] exhibe el original de la demanda; por tanto, este juzgador ordena que dicho[s] comunicado[s] debe[n] obrar como constancia, en virtud de que ya se proveyó lo conducente. Ahora bien, respecto a la petición que realiza la parte quejosa de que se provea lo relativo a su demanda de amparo, se debe señalar que no es permitido a las autoridades judiciales revocar sus propias determinaciones, ya que un principio de justicia y de orden social exige que tengan firmeza las decisiones emitidas en un juicio y estabilidad los derechos que en ellas se conceden a las partes y en ese sentido en el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte, se proveyó lo relativo a su escrito de demanda. Sobre el particular y por identidad jurídica sustancial, se cita el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior integración, publicada en la página tres mil doscientos diecisiete, del Tomo LXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con la voz y contenido siguientes: JUECES DE DISTRITO, NO PUEDEN REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES. Si el Juez de Distrito reconoció la personalidad del promovente del amparo, como representante legítimo de su esposa, y el auto respectivo quedó firme, por no haber sido impugnado mediante el recurso de queja, que pudo ser precedente, dicha personalidad ya no puede desconocerse por el Juez, porque ello equivaldría a revocar el auto indicado, y los Jueces de Distrito no pueden revocar sus propias determinaciones, que sólo pueden modificarse mediante los recursos procedentes, por esta Suprema Corte de Justicia. Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. Ciertamente el Juez de Distrito, por lo general, no puede revocar sus propias determinaciones; pero cuando ordena, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se subsane alguna omisión que advierta en la substanciación del procedimiento, de alguna manera tiene que revocar alguno o algunos de los acuerdos emitidos en la etapa o en las etapas procesales ya concluidas, porque de otra manera no podría subsanar la omisión advertida y se haría inoperante el citado precepto legal. Pero esta facultad de regularizar el procedimiento está limitada a que el propio juzgador no afecte algún derecho procesal adquirido por alguna de las partes en lo actuado. Con esta limitación, la facultad de que se trata es una excepción, pues, al principio de que el Juez de Distrito no puede revocar sus propias determinaciones. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta hasta ahora, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Mar Rodriguez, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tampico, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 40/2021-IV-A. Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 3°, 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que en lo conducente establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." [.] El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3, de la Ley de Amparo, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, en los escritos de demanda que se presenten de forma física resulta indispensable que contengan la firma autógrafa del promovente para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso a estudio, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno, se presentó a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, sin firma autógrafa, tal y como se advierte de los sellos de recepción estampados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, y por la Oficialía de Partes de este juzgado, en los que se asentó que dicha demanda se recibió en copia, ya que la firma que aparece no está en original, lo que constituye un requisito indispensable para considerarse ejercida la acción de derechos fundamentales, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En ese sentido, debe decirse que la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte del promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que hubiera sido materia de aclaración, pues de considerarlo así, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En efecto, debe decirse que en este caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Así, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, pues, al carecer de firmas la demanda, es claro que el promovente no manifiesta su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ahora, si como en el caso, la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma autógrafa; formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte agraviada. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, al no constar la voluntad del agraviado de solicitar la protección de la Justicia Federal, tiene que concluirse que, si la demanda fue presentada sin firma, no se presupone el interés del agraviado de motivar al órgano jurisdiccional. Consecuentemente, ante la falta de firma electrónica del directo quejoso, es que no existe la manifestación de su voluntad para instar el presente asunto, por tanto, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3°, 5° y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 80, Segunda Parte, Materia Común, página 29, Registro: 235463, de rubro y texto siguientes: La anterior determinación, no se traduce en la denegación del acceso a la justicia, toda vez que, de la narrativa del escrito de demanda se advierte que el impetrante se encuentra en libertad; de ahí que se encuentre en aptitud de presentar una demanda de amparo en la que no soslaye los requisitos requeridos por la ley de la materia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, en virtud de que el presente asunto versa sobre la materia laboral y la parte quejosa tiene el carácter de trabajador[a] en el asunto de origen, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Juan Manuel Vargas Ortega, Fabián Jiménez Correa, Mayra Cecilia Vargas Ortiz y Francisco Javier Oliva Michel,; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Mar Rodriguez, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Tampico, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 40/2021-IV-A. Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 3°, 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que en lo conducente establecen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 3.- En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." [.] El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3, de la Ley de Amparo, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, en los escritos de demanda que se presenten de forma física resulta indispensable que contengan la firma autógrafa del promovente para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso a estudio, se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno, se presentó a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, sin firma autógrafa, tal y como se advierte de los sellos de recepción estampados por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, y por la Oficialía de Partes de este juzgado, en los que se asentó que dicha demanda se recibió en copia, ya que la firma que aparece no está en original, lo que constituye un requisito indispensable para considerarse ejercida la acción de derechos fundamentales, pues éste se rige por el principio de instancia de parte agraviada. En ese sentido, debe decirse que la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte del promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que hubiera sido materia de aclaración, pues de considerarlo así, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En efecto, debe decirse que en este caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Así, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, pues, al carecer de firmas la demanda, es claro que el promovente no manifiesta su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ahora, si como en el caso, la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma autógrafa; formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte agraviada. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, al no constar la voluntad del agraviado de solicitar la protección de la Justicia Federal, tiene que concluirse que, si la demanda fue presentada sin firma, no se presupone el interés del agraviado de motivar al órgano jurisdiccional. Consecuentemente, ante la falta de firma electrónica del directo quejoso, es que no existe la manifestación de su voluntad para instar el presente asunto, por tanto, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3°, 5° y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 80, Segunda Parte, Materia Común, página 29, Registro: 235463, de rubro y texto siguientes: La anterior determinación, no se traduce en la denegación del acceso a la justicia, toda vez que, de la narrativa del escrito de demanda se advierte que el impetrante se encuentra en libertad; de ahí que se encuentre en aptitud de presentar una demanda de amparo en la que no soslaye los requisitos requeridos por la ley de la materia. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, en virtud de que el presente asunto versa sobre la materia laboral y la parte quejosa tiene el carácter de trabajador[a] en el asunto de origen, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Juan Manuel Vargas Ortega, Fabián Jiménez Correa, Mayra Cecilia Vargas Ortiz y Francisco Javier Oliva Michel,; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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- Miguel Hernandez Rodriguez874/2018
- Miguel Hernandez Rodriguez29/2019
- Miguel Lomely Solano Rodríguez775/2020
- Miguel Mar Rodríguez318/2021
- Miguel Mar Rodriguez50/2021
- Miguel Mar Rodriguez406/2018
- Miguel Mar Rodriguez972/2019
- Miguel Mariscal Martinez984/2018
- Miguel Mariscal Martinez628/2016
- Miguel Mariscal Martinez290/2019