Miguel Maldonado Castillo
Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Maldonado Castillo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, sin que hasta la fecha hubiese realizado manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el mencionado auto y procédase a proveer sobre la procedencia del juicio en los términos en que se encuentra planteada, esto es, únicamente respecto de la omisión de dar contestación a su escrito presentado el dos de octubre del año en curso. 2. Desechamiento parcial de la demanda. El suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 877/2020-III Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como de su anexo, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar la omisión en que incurren el Director de Ecología y Servicio Municipal y Titular de la Unidad de Transparencia, ambos del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, al no emitir la respuesta respectiva a la petición que les fue presentada el dos de octubre de dos mil veinte. En virtud de lo anterior, el suscrito considera que en relación con la omisión reclamada, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; los cuales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Quinta Época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, Sección Administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Tiene igual aplicación la tesis I.4o.A.68 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, página 390, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses". Al respecto, el artículo 201 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, el cual es aplicable al caso por los motivos que enseguida se expondrán, precisa que el término para que una dependencia o entidad resuelva una petición no podrá exceder de tres meses. En efecto, el arábigo 12 del ordenamiento legal referido, establece que las disposiciones de éste son de observancia obligatoria en el Estado de San Luis Potosí, y tienen por objeto establecer los procedimientos para la actuación de las autoridades administrativas y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y los artículos 63 y 94, fracciones XV y XXII del Reglamento Interno de la Administración 1 "ARTÍCULO 20. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia o entidad resuelva lo que corresponda, a no ser que se decrete la caducidad prevista en el primer párrafo del artículo 194 de este Código. [.].". 2 "ARTÍCULO 1º. El presente Código es de orden e interés público y de observancia obligatoria en el Estado de San Luis Potosí y tiene por objeto establecer los procedimientos para la actuación de las autoridades administrativas y para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.". 3 ARTÍCULO 6º. El Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal. Para atender el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las dependencias, áreas administrativas y organismos previstos en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en este Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Municipio. Sin perjuicio de que para examinar y resolver los negocios del orden administrativo y para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, el Ayuntamiento puede crear otras direcciones, departamentos, unidades administrativas o dependencias para dichos fines. 4 ARTÍCULO 9º. El Presidente Municipal se auxiliará en el desempeño de sus funciones de las siguientes dependencias municipales: (.) XV. Departamento de Ecología y Aseo Público; (.) XXII. Unidad de Acceso a la Información; (.)". Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, prevén que el Presidente Municipal es el titular de la Administración Pública Municipal, y se auxiliará para atender el despacho de los asuntos de su competencia, de dependencias, áreas administrativas y organismos previstos en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, entre los que se encuentran la Dirección de Ecología y Aseo Público, y la Unidad de Acceso a la Información. Sobre tales bases es evidente que las autoridades aquí responsables, al ser autoridades administrativas que forman parte del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, deviene inconcusa la aplicación de la norma referida. En el caso, el escrito de petición tiene fecha de recepción de dos de octubre de dos mil veinte, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el veinte de noviembre del año en curso; es decir, han transcurrido menos de tres meses de haber ejercido el derecho de petición, por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el artículo 20 del Código Procesal Administrativo para el Estado de San Luis Potosí, resulta notoria e indudablemente improcedente al no haber transcurrido los términos previstos en estos. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso máximo necesario para que materialmente las autoridades den contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. 1. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Miguel Maldonado Castillo, contra la omisión del Director de Ecología y Servicio Municipal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí y de otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 877/2020-III, y fórmese el expediente respectivo. 2. Prevención. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio (en caso de desahogarse físicamente), esto es, dos para las autoridades responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, o mediante documento digital con firma electrónica presentado mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, atienda lo siguiente: a) Del capítulo de acto reclamado se advierte que el quejoso reclama la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a su escrito presentado el dos de octubre del año en curso, donde solicitó información sobre la denuncia popular realizada por éste. En el apartado de antecedentes el promovente refiere que el diecinueve de agosto del año en curso, presentó una denuncia popular ante la Dirección de Ecología y Servicio Municipal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, y en virtud de que no ha obtenido respuesta alguna, a través de la diversa misiva presentada el dos de octubre del año en curso, pidió información respecto de la aludida queja, sin que a la fecha se haya dado respuesta. De lo anterior no existe certeza si la parte quejosa en el presente asunto también reclama la omisión de acordar su escrito presentado el diecinueve de agosto del año en curso, por el que realizó una denuncia popular ante la Dirección de Ecología y Servicio Municipal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí. En consecuencia, el quejoso deberá precisar si también señala en el presente asunto la omisión de acordar su escrito presentado el diecinueve de agosto del año en curso, por el que realizó una denuncia popular ante la Dirección de Ecología y Servicio Municipal del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte- 1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". En la misma tesitura es aplicable también, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento". Así como, la Jurisprudencia número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo indicado dentro del término concedido, se procederá a proveer sobre la procedencia del juicio en los términos en que se encuentra planteada, esto es, únicamente respecto de la omisión de dar contestación a su escrito presentado el dos de octubre del año en curso. 3. Consulta del expediente electrónico, notificaciones por la vía electrónica y autorizados de la parte quejosa. Respecto a la petición de la parte quejosa de que se autorice consultar el expediente electrónico a través de los usuarios "sergioivanbadillo"; dígase al promovente que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta; realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica. Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Emilio García González, Sergio Iván García Badillo y Nadia Yazari Guzmán Rodríguez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 3465774, 2432671 y 9188695, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Ricardo Jasso Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.cb 27/05/23 19:31:20 Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos del citado numeral a Nallely del Rocío Reynaga Torres, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el aludido sistema, ni acreditó encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. 4. Información de contacto. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, y diverso 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico nallely_reynaga@hotmail.com, y el teléfono 4441606438, a fin de que, de estimarse necesario, se establezca contacto con dicha parte procesal, con la precisión que tal autorización no conlleva que por dicho medio electrónico se le realicen notificaciones a través de tales medios. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué por medio de lista (previa razón asentada como soporte), en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. 6. Notificaciones por lista. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, y adicionalmente, se remitirán por correo electrónico a la administración del edificio en que se aloja este juzgado las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. 7. Diversas determinaciones. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, con sujeción a lo antes expuesto: Desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que haga al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Lo cual deberá llevarse a cabo una vez que esté en operación el área de fotocopiado que presta servicio a los justiciables. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza a la parte quejosa para reproducir o fotografiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Para sendas actividades, habrá de presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, las determinaciones emitidas en el presente asunto que incluyan la evidencia criptográfica (firel) del suscrito y del secretario que actúa dando fe, las podrá descargar en sus equipos de cómputo y éstas serán consideradas como copias certificadas electrónicamente. 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 9. Identidad de expedientes físico y electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 13 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye tanto al secretario como al actuario encargados de este asunto, a efecto de que den puntual cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General de referencia a fin de que se verifique oportunamente que coincidan tanto en el expediente impreso, como el electrónico. 10. Datos personales. Con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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