Miguel Lorenzo Pérez Pérez

Expediente 171/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
171/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Miguel Lorenzo Pérez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado el auto de veintisiete de junio del presente año, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Notifíquese Personalmente...

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, quince de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que rinde informe justificado en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo y remite copias certificadas deducidas del expediente laboral 1151/2012. En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente:  La omisión de la autoridad responsable de dictar el acuerdo de la admisión de pruebas respecto al procedimiento laboral en el expediente 1151/2012. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad de cuenta y que se agregan a los autos, este Juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa ha cesado en sus efectos. El Artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". El anterior precepto es claro al establecer que el juicio de amparo deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Por tanto, este Juzgado considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, en mérito a que de la constancia que el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado, la cuales tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley de la Materia, en términos de su artículo 2°; se advierte lo siguiente: La citada autoridad señalada como responsable, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictó un proveído en el expediente laboral 1151/2012, en el que levantó la reserva que decretó en la audiencia de cinco de octubre de dos mil dieciséis, procediendo a calificar las pruebas ofrecidas por las partes en litigio, esto es, aceptó todas y cada una de las ofrecidas por la parte actora y parte demandada, exceptuando la prueba IV del último de los mencionados, ya que será valorada al momento de dictar laudo, asimismo señaló diversas datas para el desahogo de todas y cada una de las probanzas aceptadas, ordenó a uno de los actuarios notificar dicho proveído a las partes, entre ellas al aquí quejoso En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos de los actos materia de la litis constitucional, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haber aceptado las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y señalado diversas fechas para su desahogo durante la tramitación del presente juicio de amparo, así como hacérselo de su conocimiento, hace que los efectos del acto reclamado desaparezcan, ya que cesó la omisión reclamada a la responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las osas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Órgano Jurisdiccional, resuelve abstenerse de analizar la violación de derechos humanos imputadas por la parte quejoso a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico; no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que sea óbice para éste juzgador el hecho que no se advierta de la constancia remitida por la autoridad señalada como responsable, la constancia de notificación a la parte quejosa de la diligencia de dieciocho de mayo actual, emitida en el referido expediente laboral, toda vez que éste órgano jurisdiccional le hará de su conocimiento de la citada diligencia al notificarle el presente acuerdo...

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, ocho de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN, ADMISIÓN Y AUDIENCIA Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Lorenzo Pérez Pérez, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco (Sala A), con sede en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 171/2018-VIII-16, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En consecuencia, con apoyo en los artículos 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Tramítese sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 128 de la ley de la materia; además, porque tampoco procede aperturarlo de oficio, puesto que lo reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 127 de la ley en mención. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORMES JUSTIFICADOS Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrán por rendidos extemporáneamente aun y cuando se rindan antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multárse con cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a), de la base II, del artículo 41 y, el párrafo primero de la fracción VI, del apartado A, del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo, al apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rindan sus informes justificados, lo hagan sin remitir, en su caso, copias certificadas completas y legibles de las constancias necesarias para la solución del juicio u omitan referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11. De igual forma, comuníquese que se sancionará con multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a), de la base II, del artículo 41 y, el párrafo primero de la fracción VI, del apartado A, del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo, al apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a las autoridades responsables, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." IMPROCEDENCIA Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. TERCERO INTERESADO Por otra parte, se reserva proveer sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obre en autos las constancias que remitan las autoridades responsables a sus informes justificados. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto, de la demanda de amparo y anexo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la instrumental de actuaciones, la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, así como la documental que adjunta en su demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. Por otra parte, con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en términos restringidos a las personas que menciona en su demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente la parte trabajadora. MEDIOS DIGITALES Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna, 1, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, atento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico. Notifíquese...

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