Miguel López Montejo y Otros.

Expediente 1531/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1531/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
29/12/2017

Partes del expediente

  • Miguel López Montejo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda (fojas 8 a 13) considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda (fojas 8 a 13) considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Ignacio Lagunes León, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizado mediante oficio número CCJ/ST/5756/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Vicente David Burguet Franco, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo mencionado realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA."; asistido de Serafín Gómez Castro, Secretario que autoriza y da fe, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Fiscal Especializado en Justicia Indígena de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 4. Fiscal de Distrito Altos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 5. Actuaría Judicial adscrita al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 6. Actuaría Judicial adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 7. Comandante Regional de la Policía Especializada Indígena adscrito a la Comandancia Regional Indígena de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 8. Comandante Regional de la Policía Especializada Zona Altos adscrito a la Comandancia Regional Zona Altos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 9. Director de la Policía y Protección Civil Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 10. Director de la Policía Estatal Preventiva de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1531/2017-2-A. DESECHAMIENTO En atención a lo anterior, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: --- De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: --- Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, es menester señalar que en el presente asunto la parte quejosa señaló como actos de molestia todos los autos, decretos y resoluciones sobre la colocación de candados y sellos en copia simple que dicen "financiera rural", en las puertas de acceso a su propiedad, y en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: "(.) Pero es el caso que el día 15 de marzo del año 2014 sucedió problema social en la comunidad San Antonio El Monte, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nuestro dirigente local de la ONPP quien respondiera el nombre de *** brindó apoyo a sus agremiados llevándolos a nuestra propiedad, para alojarse ya que fueron expulsados de dicha comunidad, este caso tuvo conocimientos el Fiscal de Distrito Zona Altos, y como seguían los dimes y directas entre los habitantes del comunidad San Antonio El Monte, acudimos en varias ocasiones con el Ciudadano Fiscal del Distrito Zona Altos, para solicitarle su intervención para que desocuparan lo más pronto posible nuestro propiedad, bien inmueble que se localiza en la calle San Juan Bosco sin número, eje vial número dos, de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, multicitado en el presente juicio, toda vez que nosotros no teníamos nada que ver con este asunto, y además nos estaba causando pérdida en nuestra economía, siempre nos decía el ciudadano Fiscal que esperamos un rato, toda vez que, todavía no habían llegado a un acuerdo en su comunidad las personas que se encontraban alojados en nuestra propiedad, y pasaron varios mes. Ya fue que el día 28 de agosto del año 2015 fuimos ver muestra propiedad, grande fue nuestra sorpresa que al llegar ya se encontraban cerradas las puertas de acceso, con candados y sellos en hoja simples que dice: Financiera Rural y se encontraba también un patrulla de la policía municipal resguardando el bien inmueble y le preguntamos qué había pasado y donde se encontraban las personas que estaban adentro y nos contestó que ya se habían marchados a su comunidad, y nos indicó que no podíamos pasar por órdenes superiores. (.)". De lo anterior, se evidencia que en el caso, los promoventes tuvieron conocimiento de los actos que reputan violatorios de derechos fundamentales desde el veintiocho de agosto de dos mil quince, pues, como ya se dijo, refieren "bajo protesta de decir verdad" en su escrito de demanda que en esa fecha tuvieron conocimiento de los actos señalado de inconstitucionales, consistente en todos los autos, decretos y resoluciones sobre la colocación de candados y sellos en copia simple que dicen "financiera rural", en las puertas de acceso a su propiedad, de ahí que se sostenga que la demanda de amparo de que se trata se presentó de forma extemporánea. En efecto, la manifestación de los quejosos en el escrito que se provee, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: --- Por tanto, lo anterior, es suficiente para acreditar que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que en esta instancia se reclama desde el veintiocho de agosto de dos mil quince. Por consiguiente, si presentó la demanda de amparo hasta el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, así como del asentado por la oficialía de partes de este Juzgado, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente hábil (treinta y uno de agosto de dos mil quince), al en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados (veintiocho de agosto de dos mil quince), hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (catorce de diciembre de dos mil diecisiete), transcurrió en exceso el aludido término de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. --- En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, último párrafo y 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos restringidos a ***, toda vez que así lo manifestó la parte quejosa en su escrito de cuenta. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a *** APERTURA DE TOMO Dado el volumen de las constancias que remite la parte quejosa, consistente en copia certificada del cuadernillo de incidente derivado del expediente número *** se ordena formar un tomo, respetando folios, rúbricas y entresellos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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