Miguel López Miranda
Expediente 1100/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel López Miranda
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, A veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de quince de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del dieciocho al veinticuatro de octubre del presente año; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil diecinueve...Agréguese el escrito signado por el quejoso Miguel López Miranda, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en proveído de nueve de octubre pasado, del que se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda a estudio, al actualizarse a de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ***...Por su parte, el diverso numeral 5o, fracción I, párrafo primero, de la Ley en cita, dispone:***...Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es...Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su aclaración, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia...En el caso que nos ocupa, del examen integral de la demanda y escrito aclaratorio, se obtiene que el quejoso, en esencia, se duele, de que la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aceptó la renuncia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora I, sin señalar la falta grave que incurrió...Por su parte, de la Secretaria de Gobierno, la emisión del oficio 100-133 de fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual informa a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la aceptación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, de la renuncia a que se hace alusión en el párrafo que antecede...Lo anterior, de acuerdo a que el tres de octubre de dos mil diecinueve, Eduardo Tomas Medina-Mora Icaza y/o Eduardo Medina Mora I., presentó la renuncia a su cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como fundamento legal, el párrafo tercero, del artículo 98 Constitucional, no obstante fue omiso en precisar la causa grave motivo de la misma, como lo exige el aludido numeral...Por lo que menciona que tal situación, viola sus derechos fundamentales en cuanto integrante de la colectividad mexicana (al ser ciudadano mexicano), como lo cita en escrito aclaratorio, afectación que deriva del acto reclamado al incumplir el requisito exigido por el aludido ordenamiento legal...Actos reclamados, que refiere el peticionario lesionan en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad jurídica, al no estar debidamente fundados, ni motivados...Es así, porque la cuestión planteada por el quejoso en el presente asunto, consiste en examinar si la aceptación de la renuncia del Ministro de que se trata por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al aducir que no cumple con lo expuesto en el artículo 98 de Carta Magna, y como consecuencia el oficio dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, le causa alguna afectación a su esfera de derechos humanos, ya que dichos documentos, dice, carecen de la debida fundamentación y motivación, al hacerse omitido señalar la causa grave que originó la renuncia, sin precisar nada más sobre el particular...De modo tal, que para estudiar el fondo de esa petición, previamente es necesario analizar si cuenta con un interés legítimo que lo habilite a controvertirlo o si por el contrario, tan sólo detenta un interés simple que lo excluye de dicha posibilidad...Al respecto, este juzgador considera que el interés mostrado por el quejoso, en relación con lo antes mencionado, califica únicamente como simple y, por consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia inicialmente referida...Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha norma y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico....Disposiciones de las que se desprende que el juicio de amparo será procedente únicamente cuando el acto de autoridad combatido afecte algún derecho subjetivo de quien lo promueva -interés jurídico- o incida en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden normativo -interés legítimo- y, por ende, si no se actualiza alguna de dichas hipótesis el juicio de amparo será improcedente, como sería en caso de que el quejoso mostrara tener tan sólo un interés igual al de cualquier individuo por el sólo hecho de ser miembro de la sociedad, o sea, simple...Ahora bien, para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica entendida en sentido amplio, no precisamente patrimonial -se parte del reconocimiento de un derecho objetivo-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como mera posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia concesoria implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse...De modo que el individuo que cuenta con dicho interés se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, no tiene que provenir de una facultad otorgada expresamente por el ordenamiento jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación de derechos subjetivos...De lo hasta ahora reseñado, tenemos que el interés legítimo tiene dos requisitos de existencia, de los cuales, uno atiende a la relación entre el acto reclamado y el individuo en el que explayan sus efectos y el otro al beneficio obtenido ante una eventual sentencia de protección constitucional, es decir, el primero se relaciona con la naturaleza del acto reclamado y el segundo con la consecuencia y los alcances de la posible concesión del amparo... Ciertamente, para tener por colmado el primer requisito, debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, que sitúe al individuo en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad...Y el segundo de ellos se acredita cuando de ser el caso, la concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico a favor del quejoso, o sea, en un efecto positivo en su esfera de derechos, ya sea actual o futuro, pero cierto y determinado, que debe ser resultado inmediato de la resolución que llegue a dictarse...Existiendo entre ambos requisitos un orden lexicográfico de valoración, al entrar al estudio del segundo de ellos, deben analizarse los efectos y las consecuencias de la posible concesión de amparo desde la perspectiva de la naturaleza del acto reclamado y no de manera aislada o autónoma, dado que sólo de esa forma es posible dotar de contenido real al derecho humano respectivo y, de ser el caso, garantizar su tutela efectiva, pues si se soslaya dicha circunstancia, se podría brindar una protección constitucional que no traiga un beneficio real al amparista sino tan sólo formal, que genere una indeterminación de la sustancia o núcleo del derecho relativo al desnaturalizarlo o despojarlo de su verdadera esencia, lo que sería contrario a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, en relación con su reconocimiento y protección...Ahora bien, las afectaciones a derechos humanos que eventualmente podrían entrañar intereses legítimos para combatirlas vía juicio constitucional pueden ocasionarse por una importante variedad de actos de autoridad que a su vez llegan a incidir de diversas maneras en tales derechos, por lo que deben abordarse desde una perspectiva diferenciada, que permita determinar la manera en la que interactúan con los derechos en los que impactan y resolver congruentemente en consecuencia; ante esa variedad de afectaciones e interacciones de los derechos humanos, hay casos en los que si bien las referidas afectaciones son a intereses colectivos, el beneficio objetivo de la posible concesión es determinable tan sólo en el ámbito individual de quien promueve el juicio de amparo y no de la comunidad, por depender tal evaluación de cuestiones fácticas, de información empírica o de preferencias subjetivas no medibles bajo parámetros técnicos o estadísticos, circunstancia frente a la cual no es posible sostener que un sólo miembro de la colectividad cuente con un interés legítimo para controvertirlas, puesto que excedería en demasía lo que a su esfera jurídica atañe...Se trataría, pues, de la incidencia de las preferencias de un solo individuo, vía amparo, en derechos de la colectividad que no necesariamente se verían beneficiados objetivamente por una concesión de amparo, incluso podrían verse perjudicados...Lo hasta aquí plasmado, no significa que una persona no pueda defender los intereses propios que comparte con la colectividad vía juicio de amparo, siempre y cuando los efectos concesorios tengan posibilidad de diferenciarse o escindirse del ámbito jurídicamente resguardado de la colectividad, pues en tales casos estamos frente a una interacción diversa entre las consecuencias de los actos de autoridad y los derechos, en la medida en que la incidencia de la afectación si bien podría ser colectiva, es divisible entre los individuos que la integran... Así, tenemos que cuando algún derecho humano sometido a estudio vía juicio constitucional, cuenta con más de una dimensión, como podría ser una individual y otra colectiva, para determinar si se colma el segundo de los requisitos del interés legítimo, deben de analizarse los efectos de la concesión en relación con la perspectiva correspondiente -individual o colectiva-, o si se prefiere, en caso de que la dimensión en estudio sea la colectiva, para sostener que el quejoso cuenta con un interés legítimo para controvertir el acto de autoridad que afecta al derecho jurídicamente reconocido, debe de considerarse si los efectos de la concesión generarían un beneficio objetivo y determinado en la colectividad correspondiente o sólo al individuo independientemente del resto de los integrantes de su comunidad o a ambos, de modo que la posible concesión que llegue a dictarse sea acorde con la dimensión del derecho humano analizado...Por esto último es que en el caso el quejoso no cuenta con interés legítimo para controvertir el acto de autoridad combatido, consistente en la aceptación por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora I., que aparece en su escrito de demanda, pues en la demanda de amparo el mismo no refirió razonamientos lógicos jurídicos que sustentaran el perjuicio que como ente colectivo, esto le ocasiona, por los cuales acudía a esta instancia Constitucional, es decir, no manifestó afectación alguna a un interés legítimo ni jurídico, pues la misma solo la promovió por derecho propio, sin expresar nada más sobre el particular... De ahí que no se colmen los requisitos antes mencionados, relativos a la afectación a un interés legítimo, pues el quejoso sólo señaló que con el acto reclamado se transgrede su derecho fundamental de legalidad al no estar debidamente fundados ni motivados los actos reclamados, sin precisar de manera lógica jurídica como se anticipó, cuál es su cualidad para promover la demanda de amparo a estudio, a efecto de estar en condiciones de determinar si en un momento dado, los efectos de la concesión generarían un beneficio objetivo y determinado en la colectividad correspondiente o sólo al individuo independientemente del resto de los integrantes de su comunidad o a ambos, de modo que la posible concesión que llegue a dictarse sea acorde con la dimensión del derecho humano analizado...Entonces, al no ser objetivamente determinable que el efecto de la posible concesión sería benéfico para la colectividad mexicana o sólo para el peticionario del amparo, es factible sostener que este último no colma los requisitos necesarios para contar con un interés legítimo que lo habilite a controvertir los actos reclamados y, por consiguiente, que tan sólo cuenta con un interés simple al respecto...Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo... Respecto a su petición de que se autorice la consulta del expediente electrónico al usuario Damocles, dígase al quejoso que deberá estarse a lo acordado en proveído de ocho de los actuales, en el que se proveyó lo conducente...Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito presentado vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIEL) con número de cadena 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.34.33.32.34.39.30, a nombre de ********************; atento a su contenido, dígase al promovente que con esta fecha se habilitó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el campo que lo autoriza para acceder al expediente electrónico del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de seis de septiembre de este año, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el cual transcurrió del diecisiete de septiembre al ocho de octubre del presente año, sin que interpusieran el referido recurso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Asimismo, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión relativo al expediente 100/2019 por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión relativo al incidente de suspensión 100/2019 así como ambos cuadernos incidentales del juicio 223/2019, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. Notifíquese.
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