Miguel Lopez Mendez
Expediente 2224/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2224/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Lopez Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
MESA 5-A.- Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido vía electrónica, el oficio signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargada del despacho, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 145/2019, que le fue remitido para notificar al quejoso Miguel López Méndez, el proveído de treinta de abril del año en curso (fojas 39 y 40). Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dése de baja.
- Principal
MESA 5-A.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; agréguese a sus autos únicamente el original del incidente de suspensión respectivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, generados en los Juzgado de Distrito, en sus puntos Vigésimo, y Vigésimo Primero, en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción IV, párrafo segundo del punto mencionado en último término, se considera que es susceptible de depuración el presente expediente, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdos General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, así como el original del incidente de suspensión, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio, para que esta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Decimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la depuración del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido. Por último, toda vez que el quejoso de mérito, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17, con sede en Playas de Catazaja, Chiapas; con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que en auxilio de la justicia federal, notifique el presente proveído al quejoso Miguel López Méndez. Asimismo, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible a este Juzgado de Distrito, con las constancias de notificación respectivas.
- Principal
MESA 5-A.- Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido vía electrónica, el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 96/2019, de nuestro índice, que se remitió para notificar a la parte quejosa el proveído de catorce de marzo del año en curso. Por tanto, dese de baja del libro de gobierno, correspondiente a las comunicaciones oficiales enviadas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio recibido vía electrónica, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 26/2019, que le fue remitido para notificar al quejoso Miguel López Méndez, el proveído de veintitrés de enero del año en curso (foja 226). Asimismo, del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de enero del año en curso, sin que hubiera hecho manifestación al respecto (foja 226), según diligencia actuarial de quince de febrero del año en curso (foja 290 vuelta). Ahora, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de doce de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo al quejoso Miguel López Méndez, (fojas 37 a 47). Inconforme con dicha resolución, la Subdirectora de Área de la Dirección de Amparo y Derechos Humanos de la Unidad de Asuntos Legales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia definitiva (foja 88), del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando registrado en el libro de gobierno de dicho Tribunal bajo el número amparo en revisión 372/2018 (fojas 132). En proveído de once de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria emitido por el Tribunal Colegiado en mención, dictado en sesión de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 134 a 192), la Superioridad en comento, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados por el juez de Distrito en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel López Méndez, contra el acto y autoridades señalados en el resultando primero de este fallo." De lo anterior, se sigue que los efectos del fallo protector fueron para que: " a) Dejar insubsistente el oficio con el que ordenaron el traslado del quejoso Miguel López Méndez, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Diecisiete, en Playas de Catazajá, Chiapas, al Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con asiento en Villa Comaltitlán, en donde lo ingresaron en el mes de septiembre de dos mil quince. b) Ordenar el traslado e ingreso inmediato del quejoso al centro de reclusión de origen, es decir, al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número Diecisiete, en Playas de Catazajá, Chiapas." Por lo tanto, en el mencionado proveído se requirió cumplimiento a las autoridades responsables en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 194 y 195). En acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el telegrama enviado por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (foja 200). El veintiuno de noviembre de la anualidad pasada, se recibió el telegrama enviado por el Director del Cereso número 17, con residencia en Catazajá, Chiapas, en el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria (foja 206) En autos de veintiuno y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signados por la Directora de Área de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, mediante los cuales informaron sobre dicho cumplimiento según oficios SEGOB/CNS/OADPRS/29700/2018 y OADPRS/UALDH/DA/046/1206/2019 (fojas 219 a 222, 228 a 231) y remitió copias certificadas de los mismos y del acta de egreso relativo, con el que se acredita que el quejoso de mérito, egresó del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, para ser ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social número 17 de Playas de Catazajá, Chiapas (foja 224 y 233). El veintitrés y veinticinco de enero del año que transcurre, se procedió a vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación a dicho cumplimiento (fojas 226 y 233). En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, el artículo 196, de la Ley de Amparo, establece en lo que es de interés lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". De lo anterior se deduce que a fin de determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Como se precisó, el efecto sustancial de la ejecutoria de amparo fue para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, dejaran sin efecto el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29700/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, y trasladaran al referido impetrante del amparo del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, donde se encontraba, al Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Número 17, con residencia en Playas de Catazajá, Chiapas, donde antes se encontraba (fojas 218 a 222). Por lo tanto, si con el acta de egreso por traslado número 1/2019, del dos de enero de dos mil diecinueve (fojas, se acredita que las autoridades responsables trasladaron al aquí quejoso al establecimiento penitenciario en donde originalmente se encontraba (fojas 230 y 231), es inconcuso que han cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Por último, toda vez que el quejoso de mérito, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 17, con sede en Playas de Catazaja, Chiapas; con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, para que en auxilio de la justicia federal, notifique el presente proveído al quejoso Miguel López Méndez. Asimismo, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible a este Juzgado de Distrito, con las constancias de notificación respectivas.
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