Miguel Llanes Sandoval

Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
760/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Miguel Llanes Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se asienta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento legal, en contra del auto dictado el seis de diciembre de dos mil veintidós (fojas 14 a 20), en el que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, envíese al archivo.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Llanes Sandoval, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte del Distrito de Guasave, Sinaloa y otras autoridades. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente a registro de juicios de amparo, con el número 760/2022, que es el que le corresponde y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, antes de admitir una demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo, sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexen, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis de la demanda de amparo se desprende que el promovente reclama el auto de no vinculación a proceso de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 205/2022 por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte del Distrito de Guasave, Sinaloa. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (.)" De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, el artículo 467 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 467. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de Control: VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso". De lo transcrito se advierte que contra el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso, procede el recurso de apelación; por lo que si en el caso concreto se controvierte el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós dictado dentro de la causa penal 205/2022 por el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte del Distrito de Guasave, Sinaloa, por medio del cual determina la no vinculación a proceso en contra de Rosaura Llanes Sandoval, esta determinación es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la víctima dentro de la causa penal 205/2022, ahora parte quejosa previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el recurso de apelación, susceptible de modificar, revocar o nulificar el auto combatido. Máxime, que el quejoso no es extraño al proceso natural y el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. Aunado a que de conformidad con los artículos 108, 09, fracciones XIV y XXV, 459 y 467, fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales las resoluciones que se pronuncien respecto a la vinculación o no vinculación proceso procede apelación interpuesta por la víctima u ofendido pues se le reconoce el derecho de impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado. Teniendo en consideración que no se encontró la cédula profesional que acredite en el legal ejercicio de la profesión de licenciados en derecho a ********************y en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a través del acuerdo 24/2005, y en la demanda de amparo no se proporcionan los datos correspondientes para ejercer dicha profesión; téngaseles por autorizados para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de autos, en tanto realizan el registro correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este juzgado, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, durante el curso del procedimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea "juicio en línea"; quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3º de la Ley de Amparo, así como 89 y 90 del Acuerdo General conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a realizar la digitalización del presente auto y promoción acordada en el mismo, en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

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