Miguel Laurentino Ortega Garay
Expediente 1059/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Laurentino Ortega Garay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que acusa recibo de las constancias del presente juicio de amparo, vía interconexión, las cuales fueron remitidas mediante acuerdo de veintiséis de febrero de este año, e informa que acepta la competencia declinada por este juzgado de distrito, asignándole el juicio de amparo 405/2021. En tales condiciones, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, se hace la observación de que el cuaderno de antecedentes que se formó es susceptible de destrucción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por medio lista de acuerdos al quejoso, el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno Agréguese a los presentes autos la comparecencia de la parte quejosa, por la que ratifica el escrito de desahogo del requerimiento que le fue formulado en proveído de uno de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio. Antecedentes relevantes. 1. Miguel Laurentino Ortega Garay manifiesta que trabaja en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Estanislao Ramírez Ruiz" del Instituto Politécnico Nacional. 2. El promovente refiere que recibió el oficio número DAJ-DAL-03-20/0948 de veintitrés de octubre de dos mil veinte emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional en el que se le emitió una calificación y un "exhorto" y se le hace saber que es con motivo de diversas denuncias realizadas en su contra. 3. Inconforme con esa determinación la promovente promovió el presente juicio de amparo. Incompetencia. Como se adelantó, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio de amparo indirecto, ya que a consideración de éste el órgano competente es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse el contenido del artículo 55 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece lo siguiente: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" [.] "III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial". Sobre la incompetencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativos, es preciso mencionar que se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO". Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, no basta que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad de trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, sino que se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo o de un conflicto obrero-patronal, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que el oficio número DAJ-DAL-03-20/0948 de veintitrés de octubre de dos mil veinte emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional en el que se le emitió una calificación y un "exhorto" y se le hace saber que es con motivo de diversas denuncias realizadas en su contra, se emitió derivado de las condiciones que rigen su relación laboral y no se basa en disposiciones sobre responsabilidades administrativas como servidor público sino que dicho extrañamiento constituye un acto del patrón que se impuso al quejoso con motivo de una conducta que realizó en su desempeño profesional, como docente en la institución educativa; por tanto, es de naturaleza laboral. Sirve de apoyo en el caso concreto la tesis I.14o.T.40 L (10a.), del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1983, Décima Época, de rubro y texto: "EXTRAÑAMIENTO A UN TRABAJADOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. SU IMPUGNACIÓN DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA LABORAL CUANDO ES IMPUESTO POR UNA AUTORIDAD EN CALIDAD DE PATRÓN, CON FUNDAMENTO EN DISPOSICIONES DE NATURALEZA LABORAL. Este Tribunal Colegiado considera que la impugnación contra la medida consistente en el "extrañamiento" impuesto a un trabajador académico por el director de un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos dependiente del Instituto Politécnico Nacional en su carácter de empleador, debe tramitarse en la vía laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que se encuentra fundamentada en diversas disposiciones de orden laboral, como son los artículos 44, fracciones I, II y III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 130, fracciones I, V y VII, del Reglamento Interno; 47 del Reglamento de las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico, ambos ordenamientos del propio instituto, así como el diverso 25, fracción V, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; de lo que se sigue que el origen del asunto no deriva de una sanción administrativa impuesta por el Estado a través del procedimiento regulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino que dicho extrañamiento constituye un acto del patrón que se impuso al quejoso con motivo de una conducta que realizó en su desempeño profesional, como profesor en la institución educativa mencionada; por tanto, de naturaleza laboral". En este contexto, si el acto reclamado señalado por la parte quejosa, consiste en el oficio número DAJ-DAL-03-20/0948 de veintitrés de octubre de dos mil veinte emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional en el que se le emitió una calificación y un "exhorto" y se le hace saber que es con motivo de diversas denuncias realizadas en su contra, es evidente que se surten los presupuestos de competencia de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo. Máxime que en el propio oficio reclamado se advierten los motivos y fundamentos que dan sustento al extrañamiento realizado al quejoso tal y como se advierte de la imagen que se inserta a continuación: (.) De la reproducción anterior, resulta necesario citar los numerales 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, que disponen: "(.) ARTICULO 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: I.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva; II.- Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación; III.- Por muerte del trabajador; IV.- Por incapacidad permanente del trabajador, física o mental, que le impida el desempeño de sus labores; V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada. c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren. g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores. h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el Titular de la Dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato correspondiente; pero si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los efectos del nombramiento. Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos. ARTICULO 46 BIS.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del Sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma. (...)" Conforme a la ley en comento, cuando el titular de una dependencia tenga conocimiento de hechos que le hagan presumir la probable configuración de alguna de las causas de cese previstas en el numeral 46, fracción V, de la citada legislación, procederá al levantamiento de un acta administrativa, con intervención del trabajador a quien se le atribuyan los hechos y de un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán tales hechos, la declaración del afectado, así como la de los testigos de cargo y de descargo que se propongan y si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma. Por tanto, si en el caso la naturaleza intrínseca del acto reclamado en esta instancia, tiene origen por probables faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; se desprende que su procedimiento es eminentemente laboral, el cual está regulado por normas jurídicas de ese mismo carácter, por lo que resulta claro que el oficio impugnado tienen naturaleza laboral; ya que se tendrá que analizar a la luz de disposiciones de esa índole En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente; por tanto, es evidente que se surten los presupuestos de competencia de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo, por ser a quien corresponde la jurisdicción laboral, atento a la expresión especializada de la administración de justicia, que tiene como ámbito objetivo de conocimiento las instancias mediante las cuales se pretende el reconocimiento de un derecho que se incorporó a la esfera jurídica del quejoso como consecuencia directa o indirecta de la existencia de una relación de trabajo. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias más relevantes que integran este expediente, así como copia autógrafa del presente proveído y estese a la espera de la determinación que tenga a bien adoptar el juzgado al que se declina competencia. Suspensión. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, en virtud de que los actos reclamados no son de aquéllos a los que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos ni directa ni indirectamente importen i) peligro de privación de la vida, ii) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, iii) deportación, expulsión, proscripción o destierro, iv) extradición, v) desaparición forzada, vi) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y vi) incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales
- Principal
Escrito aclaratorio. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Miguel Laurentino Ortega Garay, a través del cual desahoga el requerimiento de nueve de noviembre de dos mil veinte. Sentido de la determinación inicial Ahora bien, toda vez que la firma que calza el escrito de demanda y el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que ésta difieren entre sí, ya que se nota diferencia en los trazos que la conforman, circunstancia que es advertida por este órgano jurisdiccional, pues a simple vista no existe identidad entre las mismas, y si bien es cierto que el juzgador de amparo no es perito en grafoscopía, también lo es que, ante la evidente, notoria e indudable diferencia de esas firmas, se puede concluir que no se requiere de tales conocimientos para advertir esa circunstancia. Tal situación se advierte de la siguiente reproducción Firma de la demanda que dio origen al presente juicio Firma del escrito registrado con el folio 7120 En ese sentido y previo a acordar lo que en derecho proceda, con el fin de que este órgano jurisdiccional se cerciore de que el ocurso que ahora se provee fue efectivamente presentado por la parte quejosa Miguel Laurentino Ortega Garay, con fundamento en artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca personalmente al local de este órgano jurisdiccional, con identificación oficial válida y vigente, así como una copia fotostática simple de ésta y reconozca si es suya la firma que calza el escrito de cuenta, manifestando si corresponde a su puño y letra, advertido de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial. Es de precisar, que debido a la contingencia sanitaria que nos encontramos padeciendo acorde al Acuerdo General 212020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solo se permitirá el ingreso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación a través de cita, para lo cual, deberá prever dicha circunstancia. La generación de citas se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea, en un micrositio llamado Servicios jurisdiccionales donde encontrarán el sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentado el escrito aclaratorio de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 3 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Asimismo, se hace del conocimiento del quejoso, el contenido del artículo 231, fracción IV, del Código Penal Federal, que prevé 231. Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando cometan algunos de los delitos siguientes: IV. Simule un acto jurídico o un acto o escrito judicial, o altere elementos de prueba y los presente en juicio, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Miguel Laurentino Ortega Garay; contra actos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1059/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Aclaración del acto reclamado. En el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se establece que amerita prevenir al promovente cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tan es así, que el Pleno del Alto Tribunal ha establecido que cuando el Juez de Distrito proceda a la fijación de los actos reclamados no se debe atender a lo que en apariencia dijo el quejoso ni a los adjetivos que prejuzguen sobre su inconstitucionalidad. Ahora bien, la fijación precisa del acto reclamado es de vital relevancia para la delimitación de la materia del juicio, pues con base en su fijación es que las autoridades señaladas como responsables estarán en aptitud de poder manifestar con claridad si emitieron ese acto o si les es atribuible alguna omisión y, en su caso, defender su constitucionalidad. Así, la fijación del acto reclamado permite identificar al Juzgado de Distrito la manifestación del poder público de la autoridad sobre la que se habrá de ejercer control constitucional. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: "[.] la omisión de observar el contenido de los derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos humanos en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8. 9, 11, 13, 14, 15,16, 17, 24, 25, 26 y 29 (.) Ya que en el oficio número DAJ-DAL-03-20/0948 de fecha 23 de octubre del año 2020 signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional, en el cual se emite una calificación y un "exhorto" por el cual se pretende atribuir actos bajo supuestas denuncias que no se detallan a precisión, lo cual ha generado un estado de incertidumbre y zozobra jurídica, que en su momento deberá informarle a su Señoría, a efecto de que me encuentre en la condición de contestar las supuestas denuncias bajo las cuales se pretende sustentar el oficio de cuenta, sin que en ningún momento se emita en el contenido del mismo, la acusación que obra en mi contra, los hechos bajo los cuales se sustenta y el material probatorio con el cual se soporta los actos que me pretenden atribuir, vulnerando el principio de "presunción de inocencia" que el propio marco normativo regula en mi favor (.)". Ese acto, tal y como está señalado, resulta impreciso, pues además de que contiene calificativos que prejuzgan sobre su validez, de la lectura integra de la demanda, se advierte que la pretensión de la quejosa es saber el contenido del oficio número DAJ-DAL-03-20/0948 de veintitrés de octubre de dos mil veinte, signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional. En ese orden de ideas, la parte quejosa deberá manifestar si el acto que desea reclamar es precisamente el contenido del oficio en cuestión y también deberá manifestar y remitir constancias, mediante las que manifieste si le solicitó a la autoridad responsable que le informara el contenido de las denuncias contenidas en el oficio. 2. Copias. Deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio, debiendo tomar en consideración que corresponde una para la autoridad señalada como responsable y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo solicitado en los puntos 1 a 2, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado, a las personas que menciona. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,879 expedientes
- Miguel Hernández Huazo270/2021
- Miguel Hugo Sevilla Wrobel1864/2014
- Miguel Itzamora Vaca Miranda1713/2015
- Miguel Iván Vela Ordaz308/2018
- Miguel Jimenez Padilla y Otros.1323/2018
- Miguel Lara Cruz1243/2015
- Miguel Leal Flores1627/2016
- Miguel Llama Zesati1392/2018
- Miguel López Hernández696/2022
- Miguel Márquez Gómez980/2021
- Miguel Meza Ventura88/2022
- Miguel Montiel Vadillo1425/2019