Miguel Laguna López
Expediente 760/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel Laguna López
Actuaciones
- Principal
En siete de julio de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de quince de junio de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 760/2016-6. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el número 12585, con anexo, la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 516/2016 y número de origen 216/2016, del índice de este Juzgado de Distrito, que le fue enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, llevara a cabo la notificación personal al quejoso Miguel Laguna López; lo que se llevó a cabo en términos de la notificación por medio de lista veintiocho de junio del año en curso; en consecuencia téngasele por debidamente notificado al quejoso del auto de quince de junio de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de amparo. Acúsese recibo de estilo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y del estado que guardan los presentes autos de las que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de quince de junio de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por MIGUEL LAGUNA LÓPEZ; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra.- DOY FE. Jessy*
- Principal
ZACATECAS, ZACATECAS, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de garantías promovida por MIGUEL LAGUNA LÓPEZ, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, que considera violatorios en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 760/2016-6 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando la Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma atente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: A). A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y B). A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso A), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En efecto, de la demanda de garantías se advierte que el quejoso reclama la resolución recaída en autos del expediente 360/2015, dictada en fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, en la que se declaró de improcedente las diligencias de jurisdicción voluntaria de información Ad Perpetuam. Ahora bien, el impetrante bajo protesta de decir verdad expuso: VII. FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA A MI PARTE LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. Señalo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la fecha de notificación al quejoso lo fue el día 25 DE FEBRERO DEL 2016. Lo expuesto por el garante en los términos antes indicados, constituye una confesión con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al respecto, la tesis consultable en la página 353, Volumen 205-216, Séptima Parte, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado. Conforme lo anterior, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento del acto que ahora reclama desde el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, según lo manifestó en su escrito de demanda; luego, partiendo de la indicada fecha, al catorce de junio del año en curso, en que se presentó la demanda que ahora se acuerda, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el en Estado, según se advierte del sello de recepción respectivo que obra en dicho libelo, inconcuso resulta que transcurrió el término de quince días que para promover el juicio establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; lo que pone de relieve que el impetrante consintió el acto que reclama y, por ende, resulta extemporánea su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sin que pase inadvertido acotar que en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, las cuales consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo en el diverso 113, se desecha de plano la demanda. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso señala como diverso acto reclamado: [.] la omisión de la responsable de haber omitido el envío de la demanda de garantías misma que presenté en tiempo y forma ante la misma, en fecha dieciséis de marzo del presente año como lo acredito con el documento que así lo prueba, y pese a ello la hoy responsable ignoró por error o dolosamente se abstuvo de enviar el original suscrito por el quejoso y a cambio de ello remitió una copia sin firma del propio quejoso y además lo remitió al Tribunal Colegiado de circuito a sabiendas que no era la autoridad responsable. Manifestación que no constituye propiamente un acto reclamado, sino la intención del quejoso de evidenciar que la presentación de su demanda se hizo en el término establecido en el artículo 17 de la ley de Amparo; sin embargo, la aludida omisión del Juez de Primera Instancia del distrito judicial de Pinos, Zacatecas no suspende de modo alguno, el término de la presentación de su escrito de demanda, pues del escrito que se anexa como acuse de recibo, se advierte que efectivamente el quejoso conocía la vía procedente, en razón a que ante la citada autoridad responsable promovió demanda de amparo indirecto, solicitando que la misma se remitiera al Juzgado Federal correspondiente para su tramitación; de ahí que el error en la presentación de la demanda no interrumpe el plazo para la promoción del juicio y la que se toma en cuenta para determinar su oportunidad es en la que llegó al conocimiento de este juzgado de Distrito, es decir, la contenida en el sello estampado por personal de la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito. Sustenta lo anterior, en lo conducente el criterio jurisprudencial de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo. Se tiene como autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Sergio Dávila Díaz de León (708459), toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditar lo anterior únicamente para oír y recibir notificaciones a Alfonso Reyes Díaz y como domicilio para tal efecto, el ubicado en Avenida Alameda número doscientos treinta y uno (231) interior trescientos nueve (309) en el Barrio de la Estación de la ciudad de Aguascalientes. Por tanto, y toda vez que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en el escrito de demanda, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el diverso artículo 2o. de la ley de la materia, gírese atento Exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique el contenido del presente proveído al quejoso Miguel Laguna López, en el domicilio ubicado en Avenida Alameda número doscientos treinta y uno (231) interior trescientos nueve (309) en el Barrio de la Estación de la ciudad de Aguascalientes y lo requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio para tal efecto en esta ciudad de Zacatecas, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes aun las de carácter personal se le harán por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial en que se asiente esa circunstancia. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye a la Secretaria respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR MEDIO DE DESPACHO A LA PARTE QUEJOSA.
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