Miguel Juárez Dámaso
Expediente 2571/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2571/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/01/2019
Partes del expediente
- Miguel Juárez Dámaso
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio con anexos suscrito por el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por el que remite copia certificada del memorando DPJ/013/2019 emitido por el Jefe de Departamento de Pensiones y Jubilaciones de dicho Instituto, del que se advierte lo siguiente: - El Jefe de Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, informa que se encuentra imposibilitado para cumplir con la ejecutoria de amparo, toda vez que en repetidas ocasiones ha acudido al domicilio señalado por la parte quejosa a fin de notificarle el oficio DPJ/190/2018, sin embargo no hay nadie que acuda al llamado, por lo que solicita que se requiera al quejoso para que señale nuevo domicilio para tal efecto. Al respecto, debe decirse a la autoridad oficiante que el domicilio correcto del quejoso es el ubicado en calle 9 oriente, número 2020, interior número 6, segundo piso, despacho "B" Colonia Azcarate, Puebla; puesto que a foja 237 manifiesta que en reiteradas ocasiones se constituyó en el piso 6, siendo que el despacho señalado por Lenin Macuil Adrián para oír y recibir notificaciones se encuentra en el piso 2; por lo que, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se requiere al Jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias que acrediten que le notificó al quejoso el oficio DPJ/190/2018, a fin de proveer respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho durante el período vacacional de la titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil dieciocho y comunicada mediante oficio CCJ/ST/5850/2018, ante Guadalupe Luisa Mata Rosales, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número *****. Representante Común En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Donaciano Ramírez Ramírez, por así haberlo indicado la parte quejosa. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ********, en contra de los actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con residencia en la Ciudad de Puebla, por violación a los artículos 1, 14 y 16, constitucionales, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo se provee: Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, lo cual, técnicamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tenerle señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en esas condiciones con apoyo en la fracción I, inciso c), del citado precepto, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. ****** Se tiene como autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Tomas Juárez Pérez por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Análisis de desechamiento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ..... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Actos reclamados De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos ****** reclaman de la autoridad responsable el auto de once de octubre de dos mil dieciocho dictado en el expediente ***** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con residencia en la Ciudad de Puebla, en el que se dijo que una vez que ratificaran las prestaciones reclamadas, deberían a su vez, ratificar la petición sobre la medida precautoria solicitada. Es de indicarse que de los antecedentes del acto reclamado que expone la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio natural se encuentra en trámite, así como, figura como parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de parte actora en el mismo. Causal de improcedencia: artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo Respecto del acto reclamado consistente en el auto de once de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ***** del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete con residencia en la Ciudad de Puebla, en el que se dijo que una vez que ratificaran las prestaciones reclamadas, deberían a su vez, ratificar la petición sobre la medida precautoria solicitada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17 de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ..... Como se advierte del citado precepto legal, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquellos que no se promueva la demanda de amparo dentro de los plazos establecidos por la ley......
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