Miguel Jesús Martín Morales
Expediente 1472/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Jesús Martín Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Miguel Jesús Martín Morales; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1472/2021-5, promovido por Miguel Jesús Martín Morales, por conducto de su apoderado legal Martín Rogelio García Ramón, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios del artículo 8 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 1400-II- recibido en el buzón judicial el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común el diecisiete siguiente, y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, remitió copia certificada del juicio de amparo 1409/2021-III, promovido por Lucía de la Cruz García y otros, por conducto de su apoderado legal Martín Rogelio García Ramón, en virtud de la separación de juicios decretada en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el referido juicio de amparo del índice del citado órgano federal, correspondiéndole conocer a este juzgado los actos reclamados por el quejoso Miguel Jesús Martín Morales. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se previno al quejoso Miguel Jesús Martín Morales, por conducto de su apoderado legal Martín Rogelio García Ramón, para que: Acreditara la personalidad con la que se ostentó, en su carácter de apoderado legal de Miguel Jesús Martín Morales, ya que omitió exhibir documento original o certificado para tal efecto. Exhibiera las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes común el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y recibido en la misma fecha en la oficialía de partes de este juzgado, Miguel Jesús Martín Morales, por conducto de quien se ostentó como su apoderado legal Martín Rogelio García Ramón, en virtud de la separación de juicios, precisó el acto reclamado, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "LA OMISIÓN DEL ACUERDO PARA NUEVO SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS CONFESIONAL DE AMBAS PARTES, TESTIMONIAL OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA Y LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA, QUE NO OBSTANTE E HABER SIDO ACORDADAS DESDE LA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020; ÉSTAS A LA FECHA NUNCA FUERON DESAHOGADAS A UN AÑO Y NUEVE MESES, DE HABERSE ACORDADO LAS MISMAS, COMO SE DESPRENDE DE LA CITADA AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020. (.)." AUTORIDAD RESPONSABLE 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previa ratificación de contenido y firma del escrito aclaratorio, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, registrada bajo el expediente 1472/2021-5; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de señalar nueva fecha y hora para el desahogo de pruebas en el expediente laboral 740/2018, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de pruebas en el expediente laboral 740/2018, de su índice; sin embargo, de las documentales que adjuntó al mismo, consistente en copia certificada de los acuerdos de cinco y diecisiete de enero, ambos de dos mil veintidós, emitidos en el referido expediente laboral de su índice, se advierte su existencia. Constancias a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable al encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, se advierte que el Tribunal responsable, en atención que las fechas señaladas en el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, para para el desahogo de las probanzas que previamente calificó de legales en el expediente laboral 740/2018, de su índice, aún no habían sido desahogadas, señaló las nuevas fechas y horas para la celebración de las probanzas que a continuación se refieren: Las nueve horas del ocho de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia confesional ofrecida por la demandada Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, a cargo de la parte actora, y ordenó que al término de ésta, por economía procesal, deberá continuarse la audiencia confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la entidad pública demandada, por conducto de la persona física que acredite tener amplias facultades para absolver pociones en su nombre; a Las nueve horas del nueve de marzo de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Vidaura Hernández y Jesús Antonio Lázaro de la Cruz; Las diez horas del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo de la diligencia de inspección ocular ofrecida por la parte actora. Asimismo, de la copia certificada del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal responsable, se advierte que se ordenó regularizar el procedimiento en razón de que en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, por error involuntario se asentó que se procedía al desahogo de pruebas ofrecidas por la entidad pública demandada Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huimanguillo, Tabasco, así como la audiencia confesional ofrecida por la parte demandada Secretaría de Salud del Estado; precisando que lo correcto es que la parte demandada en el expediente laboral de origen es la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había señalado nueva fecha y hora para el desahogo de las probanzas calificadas como legales en el expediente laboral 470/2018, de su índice; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que en proveído de diez de los actuales, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurre del quince al veinticuatro del precitado mes, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de los acuerdos de cinco y diecisiete de enero de dos mil veintidós, que obran en el expediente laboral 740/2018 de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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