Miguel Jaimes Ramos

Expediente 629/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Miguel Jaimes Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de once de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se determina: Al haberse desechado la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, de acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de enero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio mediante el cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ese Órgano de Control Constitucional no acepta la competencia planteada por éste Juzgado Primero de Distrito, mediante proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, y remite el juicio de amparo indirecto 629/2021 promovido por Miguel Jaimes Ramos, en su carácter de Primer Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otra autoridad. En atención al mismo, este juzgador declara no combatir la determinación pronunciada por la autoridad de cuenta, y desiste en declinar competencia; por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado, se avoca al conocimiento del asunto y remítase acuse de recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y provéase lo conducente. En ese sentido, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".IV. ACTOS RECLAMADOS: Al Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero: a).- El acuerdo y/o auto de fecha -veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, notificado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente laboral número 366/2009, en el que la autoridad responsable ilegalmente no acordó favorable la regularización del procedimiento respecto de los salarios caídos, pese a que estos ya habían cesado por acuerdo del mismo tribunal responsable y la indemnización Constitucional por no haber sido condenada en el laudo, cuya determinación atenta contra lo establecido en los artículos 1°, 14, 16, 17, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no funda ni motiva adecuadamente su determinación, violando con ello los principios de legalidad, debida fundamentación y motivación, principio de legalidad, congruencia, seguridad jurídica, exhaustividad y certeza, y debido proceso, principios fundamentales con las que deben conducirse todas las autoridades, al momento de ejercer sus funciones, más aun las autoridades jurisdiccionales encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las normas que rigen sus actos para brindar seguridad y certeza jurídica a los justiciables. A la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero: Además del acto antes precisado también se le reclama: b).- Como consecuencia de lo anterior, también reclamo el ilegal requerimiento de pago que ordena la responsable en el proveído de veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) dictado en contra de mi representado por la cantidad de $3,418,416.71 (tres millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 71/100 M.N.) por concepto de salarios caídos, toda vez que dicha cantidad no ha sido generada por ese concepto, pues como ya se precisó, los salarios caídos cesaron en el juicio natural desde el 02 de diciembre de 2015 y de manera ilegal la responsable los cuantifica hasta el treinta de septiembre de 2021, lo cual atenta contra lo establecido en los artículos 1º, 14, 16, 17, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no funda ni motiva adecuadamente su determinación, violando con ello los principios de legalidad, debida fundamentación y motivación, principio de legalidad, congruencia, seguridad jurídica, exhaustividad y certeza, y debido proceso, principios fundamentales con las que deben conducirse todas las autoridades, al momento de ejercer sus funciones, más aun las autoridades jurisdiccionales encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las normas que rigen sus actos para brindar seguridad y certeza jurídica a los justiciables." En ese sentido, con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el diverso numeral 2°, se invoca como hecho notorio el recurso de inconformidad 11/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, del que se advierte lo siguiente: Silvia Cuevas Sánchez promovió juicio de amparo indirecto contra la autoridad y acto reclamado que a continuación se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con domicilio en Av. Juárez, esquina Quinta Roo, S/N, Edificio Vicente Guerrero, Planta Baja, Col. Centro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO. La resolución interlocutoria de fecha 21 de Noviembre del 2012, dictada por la responsable, en el expediente laboral número 366/2009, del índice del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, promovido por SILVIA CUEVAS SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, mediante la cual declara improcedente el recurso de revisión promovido por la hoy quejosa en contra del auto de fecha nueve de agosto de 2012, que ordena archivar el asunto laboral como total y definitivamente concluido, cuando el laudo ejecutoriado no ha sido cabalmente cumplido." Dicho juicio constitucional correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, quien en auto de catorce de febrero de dos mil trece, lo registró con el número 227/2013-VII, admitió a trámite la demanda; seguido el procedimiento el ocho de julio de dos mil trece dictó sentencia, que otorgó la protección constitucional a la quejosa, en los términos siguientes: "[.] Por tanto, al actualizarse las violaciones procesales de mérito, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable: a) Deje sin efectos la resolución interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada en el juicio laboral 366/2009; b) En su lugar, dicte otra en el (sic) que se pronuncie en relación a la procedencia del recurso de revisión interpuesto por la actora, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en esta sentencia, resuelva lo que en derecho corresponda. c) Deje sin efectos el auto de nueve de agosto de dos mil doce, únicamente en la parte relativa en la que ordenó archivar el asunto total y definitivamente concluido. d) Provea respecto de la diligencia efectuada el dieciséis de marzo de dos mil doce y realice los actos tendentes a ejecutar el laudo en su totalidad. [.] Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: ÚNICO: La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Silvia Cuevas Sánchez, contra el acto que reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo". Inconforme con la sentencia referida, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien lo registró con el número 295/2013 y en auxilio de las labores de dicho órgano jurisdiccional el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil trece, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por Consuelo Sánchez Virrueta, con el carácter de apoderada del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, por las razones contenidas en el considerando segundo de esta ejecutoria. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida." Por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil trece, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ordenó requerir a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, cumpliera con la sentencia de amparo; de igual manera, la apercibió que de no dar cumplimiento sin causa justificada, se haría acreedor a una multa de cien días de salario mínimo y remitiría los autos al Tribunal Colegiado para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo. En cumplimiento de la citada ejecutoria, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante oficio número 15237/2013, de cuatro de diciembre de dos mil trece, remitió copia certificada del auto de tres del citado mes, con la que manifestó dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Continuados los trámites tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo mediante oficio 10399/2019, de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la Presidenta Encargada del Despacho, por Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, remitió copia autógrafa de la comparecencia de veintidós de octubre del citado año, a través de la cual, la parte actora, quejosa en el juicio de amparo, recibió de conformidad el título de crédito exhibido por la demandada mediante promoción de tres de octubre citado, salvo buen cobro del mismo y se dio por pagada del monto de la condena establecida en el laudo dictado en el expediente laboral número 366/2009; por su parte, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en forma colegiada, al quedar sin materia el juicio natural, ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero tuvo por recibida la comunicación oficial descrita y con la misma dio vista a la parte quejosa por un término de tres días, a quien por diverso proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se le tuvo desahogada la vista otorgada. Posteriormente, mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el autorizado de la parte quejosa, denunció repetición de acto reclamado; el juez de Distrito lo admitió a trámite mediante acuerdo de veintidós de noviembre siguiente y ordenó darle vista a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días, rindiera informe y manifestara lo que a su derecho conviniera. Por oficio número 1088/2020 de trece de enero del año en curso, la Presidenta Encargada del Despacho, por Ministerio de Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, rindió informe negando que haya incurrido en repetición del acto reclamado, con base en que, si bien con fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve dictó un proveído mediante el cual ordenó archivar el expediente laboral 366/2009 como total y definitivamente concluido, también lo era que, con fecha trece de enero de dos mil veinte, dejó sin efectos dicha determinación; lo anterior, porque no se tomó en consideración que los tomos primero y segundo del juicio natural se encontraban en poder del Primer Tribunal Colegiado, para la substanciación del recurso de inconformidad 30/2009, promovido por la parte actora, derivado del juicio de amparo indirecto 166/2018, quedando pendientes algunas actuaciones por realizar en el juicio laboral. Al oficio descrito, la autoridad responsable adjuntó copia autógrafa del acuerdo de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente laboral número 366/2009, el cual es de contenido siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a diez de enero del dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el expediente laboral número 366/2009, promovido por la C. SILVIA CUEVAS SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO; ahora bien, previo estudio de las actuaciones que obran en los autos del expediente en que se actúa, se desprende que con fecha veintidós de octubre del dos mil diecinueve, se dictó acuerdo, mediante el cual se ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido, sin tomar en consideración que los tomos I y II del presente expediente, se encontraban en poder del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo de este Vigésimo Primer Circuito, para la substanciación del Recurso de Inconformidad 30/2009 promovido por la parte actora, derivado del juicio de indirecto (sic) 166/2018, quedando pendiente algunas actuaciones que se deben de realizar en el presente juicio; en tal circunstancia, y para prever cualquier tipo de nulidad de actuaciones, con fundamento en los artículos 685 y 686, de la Ley Federal del Trabajo supletorio a la Ley de la materia, se corrige el procedimiento y se deja sin efecto alguno el acuerdo antes referido únicamente por cuanto hace a que se ordena archivar el asunto como total y definitivamente concluido, así mismo y toda vez que la parte demandada en su escrito presentado el día tres de octubre del año dos mil diecinueve, solicitó que una vez que sea entregado el título de crédito exhibido en el mismo se archive el expediente como total y definitivamente concluido, dése vista a la parte actora para que dentro de un término de tres días hábiles mismo que les iniciará al día siguiente hábil en que sean notificados del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga, hecho que sea lo anterior, se acordará conforme a derecho corresponda, esto para todos los efectos legales a que haya lugar." Así, en proveído de siete de febrero de dos mil veinte, el Juez de Distrito declaró cumplida en su totalidad la ejecutoria de mérito y desestimó las manifestaciones de la quejosa. Inconforme con el referido auto, Silvia Cuevas Sánchez interpuso el recurso de inconformidad el cual fue invocado como hecho notorio en párrafos que anteceden, del que se advierte que el Tribunal de Alzada, determinó declararlo fundado en razón de que: "La autoridad responsable, en lo relacionado con el inciso a), ciertamente dejó sin efectos la resolución interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada en el juicio laboral 366/2009; dado que, textualmente, realizó la acotación siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre del año dos mil trece. [.] Agréguense los oficios de referencia a los autos del expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes; por otro lado, atendiendo al contenido de la resolución antes citada, se deja sin efecto alguno la resolución interlocutoria de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil doce, asimismo se procede a dictarse otra tomando en consideración el inciso b), es decir se pronunciará en relación a la procedencia del Recurso de Revisión interpuesto por la parte actora y de acuerdo a las consideraciones vertidas en la presente sentencia de amparo y a los lineamientos establecidos se dicta otro, bajo los siguientes: CONSIDERANDOS [.]" En cambio, el efecto de la ejecutoria de amparo precisado con el inciso b), en donde se le constriñó a dictar otra resolución en la que se pronunciara en relación a la procedencia del recurso de revisión interpuesto por la actora, y de acuerdo a las consideraciones vertidas en esa sentencia, resolviera lo que en derecho corresponda, no se encuentra cumplido. Es así, puesto que, conforme a las consideraciones del fallo protector, como antes se precisó, en la nueva resolución la autoridad responsable estaba obligada a considerar que el recurso de revisión interpuesto por la trabajadora actora contra el auto de nueve de agosto de dos mil doce, dictado por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se encuentra previsto en la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y que no es aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo; y acorde a ello, resolver lo que en derecho correspondiera. No obstante, en la sentencia interlocutoria de tres de diciembre de dos mil trece, dictada por la autoridad responsable en el expediente laboral 366/2009, precisamente en el considerando primero, la autoridad responsable sustentó su competencia para conocer del recurso de revisión planteado por la actora y aquí recurrente, en el artículo 89 de la Ley Número 51 local, así como en los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, en el considerando segundo procedió a fijar la litis y en el considerando tercero se adentró a resolver el referido recurso de revisión. De donde se advierte que la autoridad responsable soslayó pronunciarse en relación a la procedencia del recurso de revisión interpuesto por la actora, toda vez que de acuerdo a las consideraciones vertidas en la propia sentencia de amparo, al emitir la nueva resolución estaba obligada a considerar que el recurso de revisión interpuesto por la trabajadora actora contra el auto de nueve de agosto de dos mil doce, dictado por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se encuentra previsto en la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y que no es aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo; y acorde a dichos lineamientos resolver lo que en derecho correspondiera; empero opuesto a ello, en la resolución de tres de diciembre de dos mil trece, omite realizar tales precisiones previas, previamente a pronunciarse en cuanto a la materia de impugnación del citado recurso. Por lo tanto, en el referido aspecto no está cumplida la ejecutoria de amparo. En relación con el efecto de la sentencia de amparo indicado en el inciso c), donde se le ordenó dejara sin efectos el auto de nueve de agosto de dos mil doce, en la parte relativa en la que ordenó archivar el asunto total y definitivamente concluido; la autoridad responsable acató dichos lineamientos, pues en el considerando tercero la interlocutoria de tres de diciembre de dos mil trece, precisó lo siguiente: "III.- [.] en tal circunstancia se deja sin efecto el Auto de fecha nueve de agosto del año dos mil doce, únicamente en la parte relativa en la que se ordenó archivar el asunto total y definitivamente concluido. [.] En lo relacionado con el efecto precisado en el inciso d), de la ejecutoria de amparo, en la parte en que se señala, que proveyera respecto de la diligencia efectuada el dieciséis de marzo de dos mil doce, por el actuario adscrito al tribunal laboral, en la que asentó la imposibilidad de llevar a cabo la reinstalación de la actora y realizara los actos tendentes a ejecutar el laudo en su totalidad; no se encuentra cumplido, por lo siguiente: En la interlocutoria previamente descrita, emitida en el expediente 366/2009, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable se pronunció sobre la diligencia actuarial de dieciséis de marzo de dos mil doce, de donde advirtió la negativa del Ayuntamiento demandado de dar cumplimiento a la reinstalación de la trabajadora y en atención a lo solicitado por la parte actora en dicha diligencia, hizo efectivo el apercibimiento al demandado decretado en auto de veinte de febrero del año dos mil doce, en consecuencia, lo condenó al pago de la cantidad de $ 431,886.09 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 09/100 m.n.), como se corrobora con la transcripción siguiente: "III. Una vez fijada la litis y de acuerdo a las actuaciones que obran en el expediente laboral, de las pruebas aportadas y de las comparecencias levantadas de igual manera atendiendo la diligencia llevada a cabo por la actuaria por la actuaria de este Tribunal el día dieciséis de marzo del año dos mil doce, asimismo previo estudio de todo lo actuado en este Tribunal laboral declara Procedente el Incidente de Recurso de Revisión, promovido por la parte actora, en tal circunstancia, se deja sin efecto el auto de fecha nueve de agosto del año dos mil doce, únicamente en la parte relativa en la que se ordenó archivar el asunto total y definitivamente concluido. Asimismo atendiendo la diligencia levantada por la actuaria de este Tribunal el día dieciséis de marzo del año dos mil doce, de la que se desprende la negativa por parte del Ayuntamiento demandado a dar cumplimiento a la acción principal obtenida por la parte actora consistente en la reinstalación, por las razones y las manifestaciones expresadas en la diligencia de mérito, en atención a lo solicitado por la actora en la misma, en este acto se le hace efectivo el apercibimiento al demandado decretado por auto de fecha veinte de febrero del año dos mil doce, asimismo se procede a lo establecido por el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se condena al pago de $47,641.50 por concepto de noventa días de indemnización constitucional, $32,713.83 por concepto de 61.8 días en términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, $19,628.29 por concepto de 37.09 días de prima de antigüedad, en términos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y $331,902.41 por concepto de 627 días de salarios caídos cuantificados el dieciséis de marzo de dos mil doce a la fecha en que se dicte el presente proveído, lo que sumadas dichas condenas nos arrojan un gran total de $431,886.09 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 09/100 m.n.), por lo que en este acto se comisiona a la actuaria para que en compañía de la parte actora se constituya en el domicilio de la demandada lleve a cabo el Requerimiento de Pago y Embargo por las cantidades antes mencionadas en los términos y condiciones establecidos en auto de fecha veinte de febrero del año dos mil doce, como si a la letra se insertare en este acto, para los efectos legales a que haya lugar, así también se aclara que de acuerdo a lo argumentado y solicitado por la actora en la diligencia de mérito, acordando conforme a derecho, esto para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se declara procedente EL RECURSO DE REVISIÓN, planteado por la parte actora en contra del auto de fecha nueve de agosto del año dos mil doce, por las razones vertidas en los considerandos de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Con copia de la misma, notifíquese personalmente a las partes y continúese con el procedimiento en su etapa correspondiente." De lo anterior se aprecia que la autoridad responsable proveyó sobre la diligencia de dieciséis de marzo de dos mil doce, practicada por el actuario adscrito al tribunal laboral, en la que asentó la imposibilidad de llevar a cabo la reinstalación de la actora; empero, omitió realizar todos los actos tendentes a ejecutar el laudo en su totalidad. Ciertamente, como lo describe el juez de Distrito, en oficio número 10399/2019, de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la presidenta encargada de despacho, por ministerio de ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia autógrafa de la comparecencia de veintidós de octubre de ese año, en la cual la quejosa recibió un título de crédito exhibido por la demandada, mediante promoción de tres de octubre de dicha anualidad, salvo buen cobro del mismo, teniéndosele por pagada de la cantidad condenada en el laudo dictado en el expediente 366/2009, ordenando archivar el expediente como total y definitivamente concluido. Del acta de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se transcribe lo siguiente: "COMPARECENCIA. En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero siendo las doce horas del día veintidós del mes de octubre del año dos mil diecinueve, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, comparece la C. SILVIA CUEVAS SÁNCHEZ, actora en el expediente laboral número 366/2009, promovido en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO; compareciente que en este acto se identifica con su credencial para votar, se da fe que la fotografía del compareciente y que en este acto se le devuelve dejando copia firmada de recibida, lo anterior para los efectos legales. Acto seguido el Tribunal acuerda: primeramente la secretaria da cuenta de un escrito recibido ante este órgano laboral el día tres de octubre del año en curso, signado por el apoderado legal de la demandada, que en el mismo se agrega a los autos para que surta sus efectos conducentes; en atención al mismo se le tiene al promovente por exhibiendo un título de crédito número 000871 de fecha once de septiembre del presente año, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, por la cantidad de $175,678.38 (ciento setenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 38/100 M.N.) a favor de la actora del presente juicio; por lo que estando presente la misma en este acto se le da vista de lo anterior para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga, esto para los efectos legales a que haya lugar. Acto seguido en uso de la palabra la actora, manifiesta lo siguiente: solicito sea entregado el título de crédito exhibido por el demandado como pago parcial a las condenas decretadas en el laudo emitido en el presente juicio recibiendo dicho título de crédito salvo buen cobro. Acto seguido, el Tribunal acuerda: Ahora bien y para dar cumplimiento al laudo dictado en el presente expediente, así mismo para dar cumplimiento a una orden federal emitida por el H. Jugado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el amparo número 227/2013, y por lo que al darle vista a la actora compareciente previa identificación, téngase a la misma por recibiendo de conformidad el título de crédito exhibido por la demandada por la cantidad antes aludida salvo buen cobro del mismo; en este orden de ideas, téngasele a la demandada por cumpliendo en todas y cada una de sus partes la cantidad condenada en el laudo y al quedar sin materia alguna el presente juicio, en este acto, se ordena archivar el asunto como total y definitivamente concluido; esto para los efectos legales a que haya lugar. Por último, expídasele a las partes comparecientes copias certificadas, esto con fundamento en el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo supletorio a la Ley de la materia. Del anterior acuerdo queda notificada la parte actora e infórmese de lo anterior a la autoridad federal correspondiente. Con lo anterior se da por terminad ala presente firmando para constancia los que en ella intervinieron." Actuación del expediente 227/2013, que se tiene en copia certificada y de la cual se advierte que, mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veinte, se dejó sin efectos sólo en la parte en que se ordenaba el archivo del expediente laboral de origen, como total y definitivamente concluido; como lo informó la presidenta encargada del despacho por ministerio de ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 1088/2020, de trece de enero de dos mil veinte. El acuerdo referido, es de contenido siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a diez de enero del dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el expediente laboral número 366/2009, promovido por la C. SILVIA CUEVAS SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO; ahora bien, previo estudio de las actuaciones que obran en los autos del expediente en que se actúa, se desprende que con fecha veintidós de octubre del dos mil diecinueve, se dictó acuerdo, mediante el cual se ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido, sin tomar en consideración que los tomos I y II del presente expediente, se encontraban en poder del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Civil y de Trabajo de este Vigésimo Primer Circuito, para la substanciación del Recurso de Inconformidad 30/2009 promovido por la parte actora, derivado del juicio de indirecto (sic) 166/2018, quedando pendiente algunas actuaciones que se deben de realizar en el presente juicio; en tal circunstancia, y para prever cualquier tipo de nulidad de actuaciones, con fundamento en los artículos 685 y 686, de la Ley Federal del Trabajo supletorio a la Ley de la materia, se corrige el procedimiento y se deja sin efecto alguno el acuerdo antes referido únicamente por cuanto hace a que se ordena archivar el asunto como total y definitivamente concluido, así mismo y toda vez que la parte demandada en su escrito presentado el día tres de octubre del año dos mil diecinueve, solicitó que una vez que sea entregado el título de crédito exhibido en el mismo se archive el expediente como total y definitivamente concluido, dése vista a la parte actora para que dentro de un término de tres días hábiles mismo que les iniciará al día siguiente hábil en que sean notificados del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga, hecho que sea lo anterior, se acordará conforme a derecho corresponda, esto para todos los efectos legales a que haya lugar." Ahora bien, al margen de este último acuerdo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia de amparo, se conoce que en interlocutoria de tres de diciembre de dos mil trece, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha veinte de febrero del año dos mil doce y con fundamento en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, decretó condena contra el demandado Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, por la cantidad de 431,886.09 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 09/100 moneda nacional); sin embargo, en comparecencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, mediante la entrega de un cheque a la actora, por la cantidad de $175,678.38 (ciento setenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 38/100 M.N.), el cual fue recibido como pago parcial de las condenas decretadas en el laudo emitido en el juicio laboral, el tribunal responsable tuvo a la parte demandada cumpliendo la condena decretada; sin que explicara cómo es que llega a la conclusión de que la parte demandada cumplió en su totalidad la condena decretada en el juicio laboral, ni existen en autos las constancias con las cuales se corrobore que se encuentra cumplido el pago total de la cantidad que debió cubrirse a la trabajadora. Máxime que la parte actora en la comparecencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ante el tribunal laboral, solicitó que el cheque recibido "salvo buen cobro", se tuviera como pago parcial del monto total de la condena establecida en el laudo dictado en el expediente laboral de origen, en cambio, el tribunal laboral, tuvo por cubierto el monto total de lo adeudado. Por tanto, es de concluir que, contrario a lo sostenido por el juez de Distrito en la resolución de cumplimiento impugnada, las constancias remitidas por la autoridad responsable no acreditan que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 227/2013, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, se encuentre cumplida en su totalidad; precisamente porque no consta que se hayan acatado en su integridad los efectos del fallo protector en análisis, precisados en los incisos b) y d). Por tanto, el juzgador de amparo deberá requerir nuevamente a la autoridad responsable en términos de lo previsto en los preceptos 193 y 196 de la Ley de Amparo, para que, dentro del plazo legal, acate en sus términos el fallo protector, de acuerdo con los alcances y efectos ahí establecidos, sin excesos ni defectos." En cumplimiento a la resolución dictada en el recurso de inconformidad 11/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad: La autoridad responsable dictó el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil doce, únicamente por cuanto a lo precisado en el recurso de revisión. Asimismo, indicó que no es competente para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra del auto de nueve de agosto de dos mil doce, en razón de que el mismo no se encuentra previsto en la Ley 51del Estado de Guerrero. Así también, se advierte que requirió a la parte demandada para que dentro del plazo quince días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que se notificado exhiba el pago de $3´418,416.71 (tres millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 71/100 moneda nacional) a favor de la actora, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo le aplicaría una multa de doscientos días de salario mínimo vigente. De igual modo, mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno (acto reclamado), requirió a la parte demandada para que dentro del plazo quince días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que se notificado exhibiera el pago de $3´418,416.71 (tres millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 71/100 moneda nacional), en razón de que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte demandada, sin que en dicho requerimiento se mencionara el nombre de la persona física que ocupara el cargo de Primer Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que procedió a realizar el mismo requerimiento pero con el aparcamiento hecho a María Inés Mendoza Sandoval, en su carácter de Primera Sindica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero. Atento a lo anterior, respecto del acto reclamado a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 366/2009, se pone de manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En efecto, de lo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto, será procedente únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien tratándose de procedimiento de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien inmueble rematado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese entendido, se advierte que si el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado en el juicio natural o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, no sería procedente el amparo, de acuerdo al segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, puesto que los actos relativos a preparar y lograr la ejecución de la sentencia no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para realizarlo, y por tanto, no pueden estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia. En esas circunstancias, tomando en consideración el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99 (jurisprudencia P./J.32/2001); según la cual la procedencia del juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, solamente lo es contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución; y será ese el momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas, siempre y cuando estas hubieren dejado sin defensa al promovente, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de un laudo que constituye cosa juzgada, aun cuando la demanda de amparo sea promovida por la parte vencedora en el juicio natural, por la naturaleza propia del procedimiento, ya que éste se conforma por una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esta es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden, si en el auto impugnado sólo se trata de cumplimentar la sentencia de origen, es indudable que se actualiza la causal citada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa manifieste que la responsable no acordó favorable la regularización del procedimiento respecto de los salarios caídos; ya que como lo argumentó la responsable, dichos actos fueron consentidos, al no ser materia de las resoluciones reclamadas y que dicho acto fue únicamente en cumplimento a la ejecutora dictada en el recurso de inconformidad 11/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J.32/2001, consultable en la página 31, del tomo XIII, Abril de 2001 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN SUSTANCIAL Y PERENTORIA QUE OPONE EL EJECUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEBE HACERSE VALER EN EL AMPARO QUE SE INTENTE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: 1) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y 2) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), por ser en ésta en la que se materializará el agravio. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria opuesta por el ejecutado en la fase de ejecución de sentencia (como la de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución) es impugnable en el amparo que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, puesto que será hasta dicho momento que se actualice en agravio, si es que el sentido de dicha resolución final es adverso al ejecutado." En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia ya analizadas, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Jaimes Ramos, en su carácter de Primer Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, de Juárez, Guerrero, personalidad que acredita con la documental que exhibe y se le reconoce de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Amparo, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Regístrese en el libro de gobierno con el número 629/2021, que le corresponde y fórmese expediente. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, por cuestión de turno. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito, cuando los actos reclamados requieran o no ejecución material. La legislación ordinaria se ocupa de reglamentar con precisión, la forma de distribución entre los órganos encargados de impartir justicia dependientes de la Federación, respecto de los asuntos de los cuales deban conocer; de tal manera que, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del Capítulo II, Título IV, de la misma norma, en cualquier materia. Es el caso de la determinación del número, división en circuitos y competencia territorial de los órganos judiciales en el país, en uso de la facultad administrativa expresamente conferida por el artículo 94 párrafo sexto Constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal estableció el Acuerdo General 3/2013, modificado por Acuerdo General 51/2015. Según los cuales, el Vigésimo Primer Circuito comprende el Estado de Guerrero, que cuenta con diez Juzgados de Distrito, ninguno con especialización por materia; de los diez Juzgados de Distrito, el Primero, Séptimo y Décimo, tienen su sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por lo cual, gozan de idénticas facultades competenciales en razón de materia, territorio y grado, y cualquiera de ellos estaría facultado para conocer de todo asunto en que deba intervenir un Juez Federal, de conformidad con las normas generales y especiales aplicables. Precisamente por esa confluencia competencial, ha sido necesario establecer un sistema de distribución de asuntos que deban conocer los órganos del Poder Judicial de la Federación, y evitar así el desorden y desequilibrio en la distribución de cargas de trabajo, como prevenir cualquier práctica que pudiera permitir a los litigantes, elegir de antemano el tribunal que conozca de determinado asunto. Por ello, a fin de fincar la competencia para resolver el presente asunto, también se debe atender a la regla especial relativa al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, con relación al diverso publicado en el citado medio de difusión de catorce de marzo de dos mil dieciséis, mismos que regulan el funcionamiento, supervisión y control, de las oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Tal sistema de distribución se basa en la asignación aleatoria computarizada de asuntos a los diferentes tribunales con la misma residencia, tal como lo establece el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, y que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, que en su artículo 45 dispone: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I.Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo Asimismo, el artículo 46 del acuerdo citado en líneas precedentes, establecía: "ARTÍCULO 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.]." El artículo que antecede fue reformado y adicionado, en los normativos 29 párrafo primero, y 46 fracciones III y XIII, párrafos sexto y séptimo, a través del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, y que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 29. Las oficinas de correspondencia común, auxiliarán a las oficialías de partes de cada uno de los órganos jurisdiccionales a los que prestan servicio en la recepción de los asuntos de término, relativos a todas las materias, que estén dirigidos de manera concreta a cada uno de ellos fuera del horario de atención al público esto es, de las ocho horas con treinta minutos a las nueve horas y de las quince a las veinticuatro horas del día del vencimiento del plazo para su presentación, ello, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. . . Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.]. III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; XIII. [.]. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Los invocados preceptos legales determinan que, al recibirse un asunto se debe turnar a un órgano jurisdiccional determinado o específico, entre otros supuestos, cuando los actos reclamados deriven de un expediente administrativo o jurisdiccional, respecto del cual ya haya conocido previamente de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo asunto; y cuando un Juzgado estime que a otro le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado que considere debe conocer, por haber tenido conocimiento previo del asunto, lo que en el caso aconteció; ello, en razón que en el juicio de amparo 629/2021 del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se tiene que: Miguel Jaimes Ramos, en su carácter de Primer Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, de Juárez, Guerrero, acude a la presente instancia a reclamar de las autoridades responsables: El auto dictado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 366/2009, promovido en su contra por Silvia Cuevas Sánchez. Como consecuencia de lo anterior, también reclama, el requerimiento de pago a favor de Silvia Cuevas Sánchez, realizado en el citado auto, por la cantidad de $3,418,416.71 (tres millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 71/100 M.N. ). Luego, la parte quejosa, entre diversas cuestiones, en los antecedentes del acto reclamado señala: Que la autoridad responsable, dictó el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en juicio laboral 366/2009, promovido en su contra por Silvia Cuevas Sánchez, en cumplimiento al amparo 227/2013 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito ene l Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Que por escrito presentado el dieciocho de noviembre del año en curso, por conducto se su apoderado legal, solicitó la regularización del procedimiento laboral. Escrito al que recayó el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, en el que la responsable no acordó favorable su petición y determinó que se debía estar a lo acordado en el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en cumplimiento al amparo 227/2013 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito. Información que se ve robustecida y corroborada, con el resultado de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que es el programa automatizado e instaurado por el Consejo de la Judicatura Federal, para el reporte de datos estadísticos y sentencias emitidas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sistema del cual se corroboró que la existencia de los juicios de amparo 227/2013 y 750/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, promovidos por Silvia Cuevas Sánchez, derivan de actos cometidos en el juicio laboral de origen 366/2009 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Datos que se citan en el presente asunto como hecho notorio, de acuerdo a la jurisprudencia P./J.16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 (registro digital 2017123), de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Adicionado a lo anterior, debe tenerse en consideración que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto competencial 159/2007, resuelto el veinte de febrero de dos mil ocho, suscitado entre los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, determinó que, sobre tal sistema de turno aleatorio debe prevalecer el principio de seguridad jurídica a favor del quejoso. Por ello, en estricto cumplimiento al principio de seguridad jurídica, se considera que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es el competente para resolver el presente asunto, por ser el órgano jurisdiccional que conoció de los previos juicios de amparo 227/2013 y 750/2019, promovidos por Silvia Cuevas Sánchez, por diversos actos, pero derivados del mismo juicio laboral 366/2009, del índice de la propia autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Por ende, se estima que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es legalmente incompetente para conocer de este asunto, o cualquier otro derivado del juicio laboral 366/2009, del índice de la propia autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero., en razón de la previa tramitación de los diversos juicios de amparo 227/2013 y 750/2019, ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Luego, con fundamento en el artículo 46 párrafo sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, y que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, este juzgado federal declara que no es legalmente competente para conocer el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se ordena la remisión de los autos (con sus anexos) al similar Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad (que se considera competente para resolver de este asunto), a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. Fórmese cuaderno de antecedentes, y solicítese al órgano judicial de referencia el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Jesús Mendiola Villegas, Arturo Solís Felipe, Luis Gabriel Alvarado Avilés, Jaime Castillo Hilario, Ernesto Romero Pastor, Haydee Tilapa Vargas, Dora Miranda Valdez, José Nicanor Leyva,, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Elia Jiménez Figueroa, Hugo Baena Rivas, Juliette Nava Parra, Epifanio Santana Márquez, Marving Iván García Antunez, Laura Lizzet Antaño Sevilla, Noé Ortiz romero, Eugenio Valdez González, Kenia Navarro Mendoza, por no contar con dicho registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, que actúa ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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