Miguel Humberto Villarreal Buenfil

Expediente 9054/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
9054/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • IGNACIO INOCENCIO DE DIOS MARTÍNEZ y Otros.
  • Miguel Humberto Villarreal Buenfil
  • MIGUEL HUMBERTO VILLARREAL BUENFIL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia se declara que dicha determinación, ha causado estado. Archivo del asunto como concluído Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es, depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó, negó y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo sexto del mencionado acuerdo general; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el numeral 18, del referido Acuerdo. Por otra parte, manténganse por separado el duplicado del incidente de suspensión, y en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es depurable, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada; en razón de lo acordado en línea precedentes, se ordena agregar copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35 del capítulo décimo tercero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la quejosa que deberá acudir al local que ocupa este juzgado de Distrito con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    ACUERDO Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio enviado vía juicio en línea por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado Federal el contenido del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que tuvo por recibido el oficio número 10166, suscrito por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, con el que le remitió el recurso de revisión 1492/2022, mismo que registró bajo el número de amparo en revisión 669/2022 e informa que ordenó dar cuenta al pleno de dicho tribunal. De lo anterior, se toma conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que el quejoso no hizo manifestación respecto a lo informado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a la ejecutoria de amparo, en atención a que no instauró procedimiento de revisión electrónica en contra del quejoso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver, oficiosamente, si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, así como si se incurrió en exceso o defecto. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que este juzgado concedió el amparo y protección al quejoso y que del análisis del décimo considerando de la misma se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sobre el particular se cita la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. " Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. (.)" De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica al quejoso y éste no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a su ejecución inmediata, además de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. (.)" De los elementos anteriores, esta juzgadora de Distrito considera que en relación con el quejoso Ignacio Inocencio de Dios Martínez, no existe materia para el cumplimiento de la sentencia de amparo. En primer orden, debe tenerse en cuenta que en este asunto se concedió el amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece y su reforma posterior publicada en el citado medio de comunicación el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica al quejoso y éste no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas, se circunscribe a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En la especie, el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación por el que se concedió el amparo estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que el treinta de noviembre de la citada anualidad se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación -que entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete-, por virtud de la cual se modificó la fracción IV del artículo 53-B y se derogó su segundo párrafo, en los términos siguientes: D.O.F. 9/12/2013 y su reforma de 18/11/2015 D.O.F. 03/11/2016 Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: [.] IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y notificación de la resolución con base en la información que se cuente en el expediente. En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo establecido en la fracción II de este artículo, la resolución provisional y, en su caso, el oficio de preliquidación que se haya acompañado, se volverán definitivos y las cantidades determinadas en el oficio de preliquidación se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. [.] Artículo 53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este Código, las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente: [.] IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que: a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente; b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o documentación aportada por el tercero. Segundo párrafo derogado. [.] Del cuadro comparativo anterior, se desprende que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete el legislador modificó el esquema procesal conforme al cual la autoridad hacendaria puede llevar a cabo la revisión electrónica de los contribuyentes. De dicha modificación destaca, entre otras cosas, la derogación del párrafo respecto del cual se concedió el amparo al quejoso. En tales condiciones, del análisis de los oficios que exhibió la autoridad responsable se desprende que en relación con el quejoso antes mencionado, no ejerció facultades de comprobación conforme al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, al advertirse que el quejoso fue omiso en realizar manifestación alguna al respecto de lo informado por la autoridad responsable y dado que esta última manifiesta que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichos contribuyentes y que la responsable no está en condiciones de sancionar a la citada parte por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual los quejosos ya están en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente acuerdo Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese personalmente a la quejosa esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo, provéase lo que corresponde en relación con el archivo del presente asunto. Notifíquese; por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. CAMBIO DE TITULAR Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha el presente asunto se encuentra pendiente de ser turnado para el dictado de la sentencia correspondiente; por tanto y considerando la circunstancia de que por oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza de Distrito Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.". Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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