Miguel Humberto Partida Pérez

Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
404/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Miguel Humberto Partida Pérez
  • Subdirectora de la Escuela Secundaria "Revolución", de Ahuacatlán, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    veinte de mayo de dos mil veintidós10895En veinte de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza, con el oficio con número de registro 10895 y anexos. Conste. TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se recibe promoción. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de veintidós de abril de dos mil veintidós, dictada por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, en el amparo en revisión 550/2021 (auxiliar 141/2022), del índice del tribunal oficiante, relativo al juicio de amparo 2076/2019 de la estadística de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, de la ejecutoria en análisis, se advierte que dicho órgano colegiado revocó la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente la sentencia recurrida de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve; 2) Provea lo concerniente a efecto de que atendiendo al principio de saneamiento procesal, ordene correr traslado al agente del Ministerio Público Federal adscrito al órgano jurisdiccional, con la copia de la demanda de amparo; y, el actuario respectivo, levante razón de su entrega; 3) Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal del juicio de amparo y con plenitud de jurisdicción emita la resolución que proceda conforme a derecho." En ese tenor, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno y, en consecuencia, la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Luego, con fundamento en el dispositivo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, para lo cual se deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo y el actuario judicial adscrito deberá levantar la razón de su entrega; por lo que, una vez hecho lo anterior, se continuará con la secuela procesal del presente juicio de amparo y con plenitud de jurisdicción se emitirá la resolución que proceda conforme a derecho. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así, lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. LUIS

  2. Incidental

    doce de abril de dos mil veintidósEn doce de abril de dos mil veintidós, el licenciado José Javier Ruiz Martínez, Secretario de Juzgado, certifica: Se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y nueve minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional. b) Con la circunstancia de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no remitió la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Tepic, Nayarit, doce de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, rindiendo su informe con justificación y remitiendo en apoyo a éste, las constancias relativas al juicio de origen 323/2018 de su estadística. Ahora, del contenido de dichas documentales, se aprecia que por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente de origen, se tuvo a Joseph Raymond Francis, en su carácter de representante legal de la moral SD Inmobiliaria Sociedad Anónima de Capital Variable, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintiuno, misma que se admitió en ambos efectos; sin que a la fecha se tenga conocimiento de lo resuelto por el ad quem respecto a dicho medo de impugnación. Requerimiento. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al citado ente responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, remita copia certificada, completa, legible y ordenada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado, toda vez que las mismas, resultan necesarias para la resolución del presente juicio de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Se señala nueva fecha. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario José Javier Ruiz Martínez, que autoriza y da fe. Perla

  3. Incidental

    seis de abril de dos mil veintidósEn seis de abril de dos mil veintidós, se da cuenta a la Jueza de Distrito, con las copias de la demanda promovida por José Ernesto Robles Delgado, ocurso aclaratorio y acuerdo dictado en esta misma fecha en el juicio principal. Conste. TEPIC, NAYARIT, A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apertura de incidente de suspensión. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples del escrito de demanda, del líbelo aclaratorio y del proveído emitido en esta fecha en el cuaderno principal de donde deriva este incidente, como lo prevén los artículos 110 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 290/2021, promovido por José Ernesto Robles Delgado, acorde a lo dispuesto en los arábigos 125 y 128 del citado ordenamiento legal, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Fecha de audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. Informe previo. Con apoyo en los dispositivos 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba el oficio respectivo, en el cual, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto, envíesele copia simple de la demanda y líbelo aclaratorio. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza de los actos que se les reclaman. Concesión de la medida cautelar. Ahora bien, se deduce que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el arti´culo 128 de la Ley de Amparo para conceder la suspensio´n provisional solicitada, conforme a lo siguiente: 1. La medida cautelar es solicitada por la parte quejosa. 2. El acto reclamado resulta existente para efectos de la suspensio´n provisional, dado que se presume tal circunstancia con lo manifestado en la demanda de amparo. 3. La naturaleza del acto reclamado admite suspensio´n, pues se advierte que genera efectos positivos con su ejecucio´n y es susceptible de paralizarse. 4. No se sigue perjuicio al orden pu´blico e intere´s social, pues la relacio´n juri´dica subyacente versa sobre la inmovilizacio´n o congelamiento de las cuentas bancarias a nombre del quejoso. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Fijación del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: La orden de bloqueo, inmovilización y suspensión de operaciones de la cuenta bancaria Enlace Personal número 1120753018, así como de la diversa Inversión Enlace Personal número 1120753250, de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. En ese tenor, por lo que respecta a las consecuencias del acto reclamado, con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, fracciones I y II y 139 del ordenamiento legal en cita SE CONCEDE al quejoso José Ernesto Robles Delgado la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la institución bancaria responsable levante la suspensión de las cuentas que reclama y, por ende, el peticionario de amparo pueda disponer libremente de las cuenta bancaria Enlace Personal número 1120753018, así como de la diversa Inversión Enlace Personal número 1120753250, de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, la cuales tiene a su nombre. Lo anterior, hasta en tanto tengan conocimiento sobre lo que se resuelva en definitiva en este incidente de suspensión. Ello es así, en razón de que de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y su anexo no se advierte que el referido acto reclamado hubiera sido emitido con motivo de alguna solicitud formulada por un gobierno extranjero ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien, que dicha autoridad estuviera auxiliando en la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental. No obstante, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la presente medida cautelar no surtirá sus efectos si el congelamiento de mérito se emitió con motivo de alguno de los supuestos precisados en el párrafo que antecede, o bien, si las descritas cuentas no se registren a nombre del quejoso; lo cual deberán acreditar con la documentación fehaciente al rendir su informe previo. En efecto, los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 78/2019 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Vigésimo Primero del Primer Circuito y Segundo del Cuarto Circuito, ambos en Materia Administrativa, destacaron, entre otros aspectos, que el ejercicio de la facultad de inclusión de personas en la lista de bloqueo, no consiste en una sanción, sino que únicamente se trata de una medida cautelar de índole administrativa, pues no deriva de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una autoridad administrativa que, en ejercicio de sus funciones, lo realiza para la protección del sistema financiero. Asimismo, que a partir de la información recabada el Ministerio Público podrá ejercer sus atribuciones, sin que ello implique que la lista en sí misma sea de carácter penal, pues el acto emana de una autoridad administrativa para la protección del sistema financiero, con independencia de que eventualmente los datos puedan emplearse en la formulación de una denuncia. Por tanto, establecieron que con la presentación de la demanda de amparo, no existen datos que arrojen una contravención al interés social o a disposiciones de orden público, en especial porque la inclusión de una persona en el listado de bloqueo emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera solamente se traduce en el despliegue de una medida cautelar de índole administrativa referida al sistema financiero, y no en que la persona en cuestión se encuentre realizando una conducta penal. Luego, concluyeron que en los juicios de amparo en que se reclame la orden de bloqueo de cuentas atribuida a la Unidad de Inteligencia Financiera, sí es posible decretar la suspensión provisional, la cual tendrá como efectos que se ordene el desbloqueo de las cuentas bancarias a fin de que la parte quejosa pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos. Ello es así, sobre la base de que al momento de la presentación de una demanda de amparo en contra del citado bloqueo, sí es posible advertir la existencia de una intromisión en la esfera jurídica del quejoso -en tanto no puede acceder a sus fondos económicos-, mientras que no es factible considerar por el simple hecho de que se permita al quejoso a que acceda a su cuenta, que se actualice una transgresión al interés social o a disposiciones de orden público. Lo afirmaron de ese modo, bajo el argumento de que al momento de la presentación de la demanda inicial de amparo, únicamente se tiene conocimiento de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado la cuenta en cuestión, sin tener datos sobre los motivos que suscitaron dicho bloqueo y, en consecuencia, no es posible considerar a priori y en perjuicio del titular de la cuenta -que no podrá disponer de sus recursos económicos- que el levantamiento del bloqueo implicaría una contravención al interés social o una vulneración a disposiciones de orden público. Sin embargo, en la ejecutoria en análisis, se advierte una excepción a la regla, a saber, cuando el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (como el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país. De los razonamientos expuestos emanó la jurisprudencia 2a./J. 87/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos treinta y siete, Tomo II, Mayo de 2019, Materia Común Administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. A consideración de esta Segunda Sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público así como al principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efectos si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta Segunda Sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior no implica que al momento de dictarse la suspensión provisional la autoridad deba acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva." Fijación de garantía. Sin que en el caso haya lugar a requerir garanti´a para que la medida suspensiva surta efectos, pues, de momento, no se advierte la existencia de tercero interesado a quien se ocasione daño o perjuicio, ni intere´s fiscal que´ garantizar, en te´rminos de los arti´culos 132 y 135 de la Ley de Amparo. Notificaciones a las autoridades. Las notificaciones a las autoridades responsables y con carácter de terceras interesadas, respecto de acuerdos de trámite que no sean trascendentales, serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado federal . Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Gladys Yadira Núñez Yáñez, que autoriza y da fe. D*Fer.

  4. Incidental

    Tepic, Nayarit, uno de abril de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido vía correo electrónico por la Administradora de Correos Urbana del Valle, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de localizar la pieza postal que le fue solicitada mediante proveído de dieciocho de marzo de la anualidad en curso; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales a que haya lugar el comunicado de mérito. En el entendido de que se estará en espera de la información solicitada. Notifíquese.

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