Miguel Hidalgo Torres

Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
21/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Miguel Hidalgo Torres

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO. ARCHÍVESE. ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. COMO EXISTEN DOCUMENTOS REQUIÉRASE A LA QUEJOSA POR EL PLAZO DE 90 DÍAS PARA QUE ACUDA A RECOGERLOS, CON APERCIBIMIENTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito signado por el quejoso Miguel Hidalgo Torres, por propio derecho, por medio del cual atiende el requerimiento formulado en proveído de once de enero de la presente anualidad; por tanto, se tiene por desahogada la prevención en los términos en que lo hace y para los efectos legales a que haya lugar. En atención a su contenido, con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como nuevo domicilio de la parte quejosa el que indica. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, se prevé que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Asimismo, debe decirse que la demanda de amparo y el escrito de desahogo, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, a página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado en esencia, la emisión del concepto personal emitido por el Director del Hospital Militar de Zona de Temamatla, México, perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenido en la Hoja de Actuación de treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida a nombre del impetrante; así como la omisión de otorgar protección contra las injerencias, ataques a la honra y la reputación que refiere derivan de la emisión de dicho concepto; y, la ejecución de la determinación del mencionado concepto particular. En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte de oficio que respecto de dicho actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 63, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna, ya que tal actuación por sí sola, no le genera perjuicio alguno al impetrante. Para clarificar tal aserto, se tiene presente que los preceptos invocados establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" En términos de los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. Ya que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Sustenta lo dicho la jurisprudencia 1º.A. J/17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, tomo 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de diciembre de 1992, bajo el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 2a./J. 142/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XVI, diciembre de dos mil dos, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste." En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo, indefectiblemente, a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. En ese sentido, a juicio de esta potestad de amparo, la emisión del concepto personal emitido por el Director del Hospital Militar de Zona de Temamatla, México, perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenido en la Hoja de Actuación de treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete; de ninguna manera revelan afectación a la esfera jurídica del impetrante, pues tal actuación en realidad constituye únicamente el documento en el que se conceptúa la actuación y se asienta la historia periódica de los Generales, Jefes y Oficiales durante su permanencia en una Unidad, Dependencia o Instalación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los conceptos que en ella se anotan sirven como antecedente para la formación de la Hoja de Servicios del militar; lo que desde luego, no crea derechos u obligaciones al enjuiciante de amparo. El aserto anterior se deduce del contenido de los numerales 23 a 26 de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que son del tenor siguiente: "Artículo 23.- La Hoja de Actuación es el documento en el que se conceptúa la actuación y se asienta la historia periódica de los Generales, Jefes y Oficiales durante su permanencia en una Unidad, Dependencia o Instalación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Deberán ser elaboradas por los Comandantes, Directores o Jefes de quienes dependan tales militares, en los formatos que expida la Secretaría de la Defensa Nacional. Artículo 24.- Los conceptos que se anoten en las Hojas de Actuación servirán como antecedente para la formación de la Hoja de Servicios del militar. Los responsables de anotar conceptos en las Hojas de Actuación deberán ajustarse a la realidad con criterio sereno, razonado y justo, fuera de todo perjuicio de carácter personal y sin menoscabo del decoro y dignidad militares. Asimismo, deberán tener en cuenta que el concepto que emiten debe servir para hacer que el militar conozca sus errores y deficiencias y los corrija, en caso de que su actuación no haya sido satisfactoria. Artículo 25. Cuando un General, Jefe u Oficial cause alta en una Unidad, Dependencia o Instalación del Ejército o Fuerza Aérea Mexicanos, se le abrirá una Hoja de Actuación en la que deberán constar: I. Los datos generales, incluyendo la procedencia del interesado, el número de su matrícula, la fecha de su alta, el nombre del Organismo y el número del oficio por el que se ordenó el movimiento; II. Los ascensos obtenidos, indicándose el motivo de su otorgamiento; III. Los cargos desempeñados; IV. Las comisiones conferidas, incluidas las que no sean de las que normalmente deba desempeñar el militar conforme a su jerarquía. Cuando el militar desempeñe alguna comisión a las órdenes de algún Comandante, Director o Jefe diferente al de su adscripción, éste expedirá un certificado de la actuación de aquél y se anotará en la Hoja de Actuación un extracto del certificado, documento que se agregará al expediente; V. Los estudios acreditados por instituciones oficiales y los reconocidos por autoridades educativas, conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; VI. Los hechos meritorios en que el militar se distinga en alguna forma de la generalidad del personal, tales como participación en escritura y publicación de libros y artículos de relevancia, en la elaboración de proyectos de leyes o reglamentos o de reformas a éstos y en estudios sobre la milicia, así como los hechos distinguidos que haya ejecutado en campaña o acción de guerra, específicamente aquéllos que sean de los señalados en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento o puedan equipararse a ellos; VII. Las campañas y acciones de guerra a que concurrió, expresando su duración y fijando las fechas en que tuvieron lugar, y los hechos de armas en que tomó parte, detallando su importancia militar, duración, intensidad y el mando que llevó o la comisión que desempeñó durante la acción; VIII. Cuando un militar haya llevado el mando de la operación se anotarán los resultados obtenidos. Cuando haya operado en apoyo o en refuerzo de una Unidad distinta, el Comandante de ésta le expedirá el certificado con los datos necesarios para que se hagan las anotaciones respectivas; IX. Los premios y recompensas que haya obtenido, anotando en cada caso los hechos que determinaron su otorgamiento, conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento. De igual manera, se asentará la información relativa a premios y recompensas concedidos por instituciones civiles; X. Los correctivos disciplinarios a que se haya hecho acreedor y las causas que los generaron; XI. Los conceptos sobre valor, instrucción, aptitud y conducta civil y militar. Cuando se trate de Generales y Jefes, los conceptos serán formulados por el Comandante, Director o Jefe de la Unidad, Dependencia o Instalación de quien dependan. En el caso de los Oficiales, serán formulados por el Consejo de Honor. Estos conceptos se formularán en pliego por separado y se agregarán a la Hoja de Actuación; XII. La honradez, concepto que comprenderá la calidad del individuo para conducirse de manera firme y constante en el manejo de recursos, respeto de los derechos de otros y la costumbre de dar a cada uno lo que le pertenece, así como evitar acciones contrarias al Deber, el Decoro, el Honor y la Justicia; XIII. Las faltas temporales y sus causas; XIV. El concepto particular del Comandante, Director o Jefe del Organismo al que pertenezca el interesado, mismo que se anotará cada año o cuando éste cambie de adscripción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de esta Ley; XV. El cómputo anual del tiempo de servicios que comprenderá desde la fecha de alta hasta el 31 de diciembre, salvo que el militar haya cambiado de adscripción antes de esta fecha; XVI. El cómputo total del tiempo de servicios en la Unidad, Dependencia o Instalación, el que será asentado al causar baja el interesado en la misma. En este caso, la Hoja de Actuación será cerrada y se anotará el motivo de la baja, citando el oficio con que se ordene ésta, y XVII. La certificación de los jefes de las oficinas administrativas o de quienes realicen estas funciones en las Unidades, Dependencias e Instalaciones en el caso de que se cierre la Hoja, anotando el motivo del trámite. El Comandante, Director o Jefe del Organismo visará la Hoja y el interesado deberá firmarla. Artículo 26. Las Hojas de Actuación se cerrarán en los casos siguientes: I. Por finalizar el año, en la segunda quincena de diciembre de cada año; II. Por baja en la Unidad, Dependencia o Instalación, al pasar un General, Jefe u Oficial a otro Organismo. En este supuesto, la Hoja se cerrará con la fecha de la baja y se anotará el cómputo del tiempo de servicios correspondientes a su permanencia en ésta, y III. Por cierre para que el interesado participe en concursos de promoción. En los casos previstos en las fracciones I y II, la Hoja de Actuación se expedirá en original y tres copias que deberán ser firmadas por el interesado. El original se enviará a la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana o Dirección del Arma o Servicio a que pertenezca el militar, una copia se remitirá a la unidad administrativa referida en el Artículo 2 de esta Ley, otra se entregará al interesado para que se entere de su contenido y una más se conservará en el archivo de la Unidad, Dependencia o Instalación que la emita." Por tanto, se advierte que el concepto particular, elaborada por lo Comandantes, Directores o Jefes de quienes dependan tales militares, constituyen observaciones que sirven como antecedente para la formación de la Hoja de Servicios del militar y para hacer que el militar conozca sus errores y deficiencias y los corrija, en caso de que su actuación no haya sido satisfactoria, de lo que se sigue que tales actos únicamente tienen como fin mejorar las prácticas institucionales. Por tanto, aun cuando las mismas pueden contener observaciones no satisfactorias, tal emisión de ninguna manera denota afectación alguna en la esfera de derechos del justiciable, ya que esa vulneración, en todo caso, se materializará hasta en tanto se genere a consecuencia de las observaciones contenidas en el mencionado concepto particular un acto que en el que se determine que el militar en realidad incurrió en alguna infracción al régimen disciplinario o que incumplió con las obligaciones inherentes a su cargo. De ahí que a juicio de este órgano jurisdiccional, la emisión de la Hoja de Actuación por el cierre del año dos mil diecisiete, emitida a nombre del quejoso, en que se contiene el concepto particular que refiere, dicho actos no afecta de manera directa la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que como se hizo patente en párrafos anteriores, no afecta alguno de los derechos fundamentales, puesto que constituye una observación que incluso debe servir para que conozca sus errores y deficiencias y los corrija, con el objeto de procurar el debido desempeño de las funciones que realiza el personal militar, circunstancia que de ninguna manera presupone por sí, la existencia de una afectación a un derecho legítimamente tutelado de la parte impetrante. Y sin que el quejoso refiera concretamente la existencia de un acto de ejecución o emitido con motivo de dicho concepto personal que le cause un perjuicio concreto. Así es, los actos reclamados que se analizan no implican una cuestión de fondo, ni alguna resolución administrativa que lleve implícita una coerción, sino que únicamente se trata de actos declarativos, sin otro efecto que el de expresar los conceptos que servirán como antecedente para la formación de la Hoja de Servicios del militar, los cuales aunque podrían causar perjuicio en relación con la comprobación, ajuste y cómputo de servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se insiste, dicha emisión por si sola no entraña una orden o determinación de las autoridades responsables, sino que para ello es menester que se decida iniciar un procedimiento administrativo y se emita una resolución en el mismo, la que de ser adversa a los intereses del quejoso, podrá ser controvertida a través de los medios de defensa que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.18o.A.13 A del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de dos mil once, consultable en la página 1952, del contenido: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO EL RESULTADO "NO APTO" DE SU EVALUACIÓN CONJUNTA DEL PROCESO DE CONTROL DE CONFIANZA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). El resultado "no apto" de la evaluación conjunta del proceso de control de confianza practicada a los agentes del Ministerio Público de la Federación, por sí solo no les causa perjuicio, pues para separarlos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal no basta esa evaluación, sino que es necesario sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en 2008, en el cual podrán cuestionar dicho resultado, pues aun cuando sirve de base para instaurarlo y para decretar su separación, como este hecho es futuro de realización incierta, no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos del examinado. Por tanto, los mencionados servidores públicos carecen de interés jurídico para reclamar en el amparo el mencionado resultado." También, se invoca por analogía, la tesis III.2o.A.11 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 5, publicada en la página 4706, cuyo rubro y texto son: "SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL AMPARO QUE PROMUEVAN CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA ES IMPROCEDENTE. Conforme a los artículos 44 a 60 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 83 a 88 de su reglamento, la referida institución cuenta con un Centro de Evaluación y Control de Confianza que tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza de sus servidores públicos, con sujeción a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de verificar que satisfagan los requisitos de permanencia en relación con el cumplimiento a los principios constitucionales de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Así, los mencionados servidores públicos deberán someterse y aprobar los siguientes exámenes: a) patrimonial y de entorno social; b) médico; c) psicométrico y psicológico; d) poligráfico, y e) toxicológico y, en caso de no resultar aptos, dejarán de prestar sus servicios en la dependencia, previo desahogo del procedimiento de terminación del nombramiento o de separación del servicio en que se les citará a una audiencia para que manifiesten lo que a su derecho convenga; una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización de dicha procuraduría resolverá lo que corresponda. En estas condiciones, los actos emitidos dentro de los procesos de evaluación de control de confianza no tienen, por sí solos, una ejecución de imposible reparación, porque no se ha emitido la resolución decisoria y, por tanto, el amparo promovido en su contra por los señalados servidores públicos es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el precepto 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo." Luego, al haberse demostrado que la emisión de la Hoja de actuación de treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, que contiene el concepto particular del Director del Hospital Militar de Zona Temamatla, México, no perjudica de manera personal y directa al quejoso, esto es, no trasciende de manera alguna su esfera jurídica y, por ende, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; por lo que, se impone DESECHAR LA DEMANDA de conformidad con los artículos 61, fracción XII, 62 y 217, todos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado a contrario sensu. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia XXVII.3o. J/10 (10a.), correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2008599, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de 2015, Tomo III, página 2281, que dice: "POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL RESULTADO "NO APROBADO" EN LA EVALUACIÓN PRACTICADA POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, NO AFECTA SU INTERÉS JURÍDICO. De los artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, vigente hasta el 9 de abril de 2013, se advierte que los procesos de evaluación de los policías municipales, periódicos y obligatorios, tienen por objeto comprobar si satisfacen los requisitos de ingreso y permanencia y cumplen los principios de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, que derivan del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, para tener por acreditado el interés jurídico, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado lesione algún derecho del que sea titular el quejoso. En ese sentido, la evaluación practicada por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza a los servidores públicos indicados, en los términos descritos, no afecta su interés jurídico, aun cuando haya arrojado el resultado "no aprobado", pues aquélla sólo tiene por objeto comprobar si el agente cumple con los requisitos de permanencia que establece el servicio civil de carrera policial, sin que un eventual resultado negativo tenga como consecuencia su desincorporación automática de la institución, pues sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de permanencia, pero, en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de Carrera Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización incierta, que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su esfera de derechos." Notifíquese, personalmente al quejoso.

  3. Principal

    VISTA LA DEMANDA, REQUIÉRASE A LA PARTE PROMOVENTE POR EL PLAZO DE 5 DÍAS PARA QUE DESAHOGUE LOS DIVERSOS PUNTOS, CON APERCIBIMIENTO, TÉNGASE COMO DOMICILIO Y AUTORIZADOS LOS QUE SE INDICAN. SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. NOTIFÍQUESE.

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