Miguel Hexahelt Reyes Landa
Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Hexahelt Reyes Landa
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo en este asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de referencia para los efectos legales procedentes Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en la carátula del expediente y archívese el presente asunto como concluido. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, en el que no existen documentos originales y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de mayo de dos mil diecinueve. Del estado procesal que guarda este asunto, se advierte que en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 451), se dejó a disposición del quejoso ***** el billete de depósito número N-***** que exhibió como medida de aseguramiento en este asunto, el cual le fue notificado de manera personal a su autorizado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 452), sin que a la fecha haya comparecido ante este órgano jurisdiccional para recibirlo. Asimismo, consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el término de dos años previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación para la prescripción de los depósitos al cuidado del Gobierno Federal; consecuentemente, se declara prescrito a favor del Fisco Federal el billete de depósito N-*****, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 882 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, una vez que se declare firme este acuerdo, envíese la garantía descrita debidamente endosada a la Tesorería de la Federación con residencia en la Ciudad de México, para su cobro, con copia certificada del auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, su notificación y del presente acuerdo.
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXX, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 434/2019 que le corresponde. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo invocado dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del artículo transcrito, se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. La anterior disposición, contienen a lo que doctrinalmente se le denomina como "principio de definitividad", el cual consiste en que, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse todos los recursos y medios ordinarios de defensa existentes en contra del acto reclamado por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De esta forma tal y como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de Tesis 265/2013, el agotamiento de los recursos ordinarios, antes de promover el juicio de amparo, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares, sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Así, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ahora, para determinar cuál es el recurso que la ley ordinaria señala, procede en contra del acto que se reclama en la demanda a estudio, es preciso tomar en cuenta lo establecido en los artículos 506, 507 y 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, los cuales establecen: Artículo 506. Los autos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 507. La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia. Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." De los artículos transcritos, se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, que son apelables las sentencias definitivas, los autos que decidan un incidente o los autos que causen un daño irreparable en sentencia. Asimismo, que respecto de los autos que no son apelables, existe la posibilidad de interponer el recurso de revocación, ante el juez o tribunal del conocimiento, quien resolverá de plano o en audiencia que se resolverá dentro de los tres siguientes. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: ? El auto de diez de abril del año en curso, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el expediente civil XXXXXXXXX, de su índice, a través del cual acordó favorable la contestación de la parte demandada en reconvención. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la parte quejosa antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual resulta idóneo para revocar el acto reclamado en este juicio, toda vez que el auto combatido es de aquellos que pueden ser analizados a través de dicho medio de impugnación, al tratarse de un auto que no causa un daño irreparable en la sentencia, y no se está ante un caso de excepción al principio de definitividad. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 171803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/39 Página: 1214 DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a XXXXXXXXX, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y con las restricciones a que hace referencia dicho numeral XXXXXXXXX por contar con dicho requisito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaría quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. Finalmente, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que en el escrito de demanda la parte quejosa no cumplió con el requisito que establece el artículo 108 fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, omitió la protesta de decir verdad, de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; no obstante, se considera ocioso prevenirla para tal efecto, en virtud que aun cumpliendo con dicha formalidad, en nada variaría el sentido de lo acordado en párrafos que anteceden.
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