Miguel Hernández Ventura
Expediente 760/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Miguel Hernández Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, trece de septiembre de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 123 y 124), quienes no realizaron manifestaciones (fojas 129 y 130). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de abril de dos mil veintidós, este órgano colegiado resolvió conceder a ******************** la protección constitucional solicitada en los términos siguientes (fojas 75 vuelta y 76): "(.) OCTAVO. Efectos del fallo protector. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para que el efecto que la Junta responsable proceda en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Reponga el procedimiento para el efecto de que, en lo que concierne a establecer la fecha de ingreso de la parte actora, lo prevenga para que aclare la demanda laboral y precise la fecha de ingreso a la fuente de trabajo. 3. Prevenga al actor para que aclare la demanda en cuanto al reclamo de horas extras por el periodo comprendido desde la fecha de ingreso y hasta el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, esto es, la fecha que aconteció el despido. 4. Con la aclaración correspondiente realizada por el actor debe correrse traslado a la parte demandada para el efecto de que, dentro del término establecido en la ley, pueda contestar lo que a su derecho convenga. 5. Al emitir el nuevo laudo deberá proceder en los términos siguientes: a) Reitere las determinaciones sobre: La existencia la relación de trabajo. Que el puesto que desempeñó actor fue el de asistente de avalúos. Que el despido injustificado aconteció el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. La condena al pago de indemnización constitucional y salarios caídos. b) Resuelva lo que en derecho proceda sobre la fecha de ingreso del actor a la fuente de trabajo, para lo cual debe tomar en cuenta que la demandada opuso la excepción de prescripción. c) Respecto de la condena a horas extras parta de la base de que el actor trabajaba de lunes a viernes de cada semana doce horas y media y resuelva lo que en derecho proceda, luego, para su cuantificación también deberá tomar en consideración la fecha de ingreso a la fuente de trabajo que hubiere quedado comprobada. d) En cuanto a la condena de prestaciones secundarias consistentes en vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras y reconocimiento de las semanas laboradas sobre las que el patrón omitió enterar cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para su cuantificación deberá tomar en cuenta la fecha de ingreso a la fuente de trabajo que hubiere quedado comprobada". Cabe destacar que en el juicio de amparo directo ********************, con el cual este asunto guarda relación se negó la protección constitucional. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que procedió en los términos siguientes: En auto de tres de mayo de dos mil veintidós determinó (foja 90): 1. Dejar insubsistente el laudo reclamado de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 2. En ese mismo proveído ordenó reponer el procedimiento y otorgó a la parte actora el término de tres días hábiles para que aclarara su escrito de demanda y precisara la fecha de ingreso a la fuente de trabajo. 3. Asimismo, previno a la parte enjuiciante para que aclarara su demanda en cuanto al reclamo de horas extras por el periodo comprendido desde la fecha de ingreso y hasta el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que aconteció el despido. Apercibió a la parte actora que de no realizar la aclaración solicitada se le tendría por precluida tal prerrogativa; además, puntualizó que una vez que la accionante diera cumplimiento al requerimiento realizado se acodaría lo que en derecho correspondiera. 4. Con motivo de que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo, la responsable en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, le hizo efectivo el apercibimiento decretado y declaró precluído su derecho; en ese mismo auto declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Secretario proyectista auxiliar de la junta responsable, para que formulara el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 99). Lo anterior evidencia la imposibilidad de que la junta atendiera el lineamiento precisado en el punto 4 de los efectos de fallo protector, consistente en que con la aclaración correspondiente se corriera traslado a la parte demandada para que dentro del término establecido por la ley pudiera contestar lo que a su derecho conviniera. 5. La junta responsable dictó nuevo laudo el ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual procedió en los términos siguientes: a) Reiteró las determinaciones consistentes en: La existencia de la relación de trabajo en virtud de que el demandado no demostró que el vínculo que lo une con el actor fuere diverso (foja 119). Con apoyo en lo anterior la junta tuvo por ciertos los hechos afirmados por el actor relativos al puesto que desempeñó de asistente de avalúos y que el despido injustificado aconteció el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 119). La condena al pago de indemnización constitucional por el importe de tres meses de salario y salarios caídos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses (foja 119 vuelta). b) Determinó que al no demostrar la parte demandada que el vínculo que la une con el actor fuera diverso al de una relación laboral ésta debe tenerse por cierta y, en consecuencia, por comprobado el hecho afirmado por el accionante respecto a que la fecha de ingreso a la fuente de trabajo fue el nueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 119). c) Respecto de la condena a horas extras la responsable estableció que la parte actora trabajaba de lunes a viernes de cada semana de las nueve a las diecinueve treinta horas, esto es, doce horas y media de tiempo extraordinario; luego, precisó que como la jornada extraordinaria excede de nueve horas a la semana, respecto de las primeras nueve corresponde a la patronal la carga de la prueba, pero ésta no comprobó haber pagado dicho tiempo extraordinario, lo que originó tener por cierto que el actor laboró las primeras nueve horas extras. Asimismo, la junta estableció que al enjuiciante le correspondía demostrar haber laborado las horas extras excedentes a las primeras nueve a la semana, pero que no acreditó ese extremo, motivo por el cual condenó a la parte demandada a pagar sólo nueve horas de tiempo extraordinario laborado semanalmente (fojas 120 vuelta y 121). Enseguida, para cuantificar la condena al pago de horas extras partió de la base de que el actor laboró 27.29 semanas, que corresponden al periodo laborado del nueve de marzo (fecha de ingreso que quedó comprobada) al dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. d) La responsable cuantificó la condena de prestaciones secundarias consistentes en vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y reconocimiento de las semanas laboradas sobre las que el patrón omitió enterar cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; para ello tomó en cuenta que la fecha de ingreso a la fuente de trabajo fue el nueve de marzo de dos mil diecisiete y que la relación laboral feneció el dieciocho de septiembre siguiente, pues se advierte que únicamente condenó al pago proporcional correspondientes a dos mil diecisiete (fojas 120 vuelta y 121 vuelta). No pasa inadvertido que la responsable al resolver sobre el reclamo de prestaciones secundarias omitió ocuparse de la excepción de prescripción opuesta por la demandada y resolver lo que en derecho proceda, tal como se indicó en el fallo protector, empero, la observancia de ese lineamiento estaba supeditada a lo que la propia junta determinara con motivo de la prevención que hizo al actor para que aclarara la demanda respecto de la fecha de ingreso a la fuente de trabajo. De tal manera que, como se destacó anteriormente, ante la abstención del actor de desahogar la vista para aclarar la demanda tuvo por cierto que la relación laboral inició el nueve de marzo de dos mil diecisiete y que subsistió hasta el dieciocho de septiembre siguiente, esto es, seis meses y nueve días, de ahí que si la demanda laboral fue presentada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, resulta que respecto del reclamo de prestaciones secundarias en nada incide la excepción de prescripción de tales prestaciones respecto de las vencidas con anterioridad a un año anterior a la data de presentación de la demanda laboral. De lo anterior se concluye que, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a diez de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 123 y 124), quienes no realizaron manifestaciones (fojas 129 y 130). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de siete de abril de dos mil veintidós, este órgano colegiado resolvió conceder a ******************** la protección constitucional solicitada en los términos siguientes (fojas 75 vuelta y 76): "(.) OCTAVO. Efectos del fallo protector. Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para que el efecto que la Junta responsable proceda en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Reponga el procedimiento para el efecto de que, en lo que concierne a establecer la fecha de ingreso de la parte actora, lo prevenga para que aclare la demanda laboral y precise la fecha de ingreso a la fuente de trabajo. 3. Prevenga al actor para que aclare la demanda en cuanto al reclamo de horas extras por el periodo comprendido desde la fecha de ingreso y hasta el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, esto es, la fecha que aconteció el despido. 4. Con la aclaración correspondiente realizada por el actor debe correrse traslado a la parte demandada para el efecto de que, dentro del término establecido en la ley, pueda contestar lo que a su derecho convenga. 5. Al emitir el nuevo laudo deberá proceder en los términos siguientes: a) Reitere las determinaciones sobre: La existencia la relación de trabajo. Que el puesto que desempeñó actor fue el de asistente de avalúos. Que el despido injustificado aconteció el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. La condena al pago de indemnización constitucional y salarios caídos. b) Resuelva lo que en derecho proceda sobre la fecha de ingreso del actor a la fuente de trabajo, para lo cual debe tomar en cuenta que la demandada opuso la excepción de prescripción. c) Respecto de la condena a horas extras parta de la base de que el actor trabajaba de lunes a viernes de cada semana doce horas y media y resuelva lo que en derecho proceda, luego, para su cuantificación también deberá tomar en consideración la fecha de ingreso a la fuente de trabajo que hubiere quedado comprobada. d) En cuanto a la condena de prestaciones secundarias consistentes en vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras y reconocimiento de las semanas laboradas sobre las que el patrón omitió enterar cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para su cuantificación deberá tomar en cuenta la fecha de ingreso a la fuente de trabajo que hubiere quedado comprobada". Cabe destacar que en el juicio de amparo directo ********************, con el cual este asunto guarda relación se negó la protección constitucional. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que procedió en los términos siguientes: En auto de tres de mayo de dos mil veintidós determinó (foja 90): 1. Dejar insubsistente el laudo reclamado de cuatro de junio de dos mil veintiuno. 2. En ese mismo proveído ordenó reponer el procedimiento y otorgó a la parte actora el término de tres días hábiles para que aclarara su escrito de demanda y precisara la fecha de ingreso a la fuente de trabajo. 3. Asimismo, previno a la parte enjuiciante para que aclarara su demanda en cuanto al reclamo de horas extras por el periodo comprendido desde la fecha de ingreso y hasta el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que aconteció el despido. Apercibió a la parte actora que de no realizar la aclaración solicitada se le tendría por precluida tal prerrogativa; además, puntualizó que una vez que la accionante diera cumplimiento al requerimiento realizado se acodaría lo que en derecho correspondiera. 4. Con motivo de que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo, la responsable en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, le hizo efectivo el apercibimiento decretado y declaró precluído su derecho; en ese mismo auto declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Secretario proyectista auxiliar de la junta responsable, para que formulara el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 99). Lo anterior evidencia la imposibilidad de que la junta atendiera el lineamiento precisado en el punto 4 de los efectos de fallo protector, consistente en que con la aclaración correspondiente se corriera traslado a la parte demandada para que dentro del término establecido por la ley pudiera contestar lo que a su derecho conviniera. 5. La junta responsable dictó nuevo laudo el ocho de junio de dos mil veintidós, en el cual procedió en los términos siguientes: a) Reiteró las determinaciones consistentes en: La existencia de la relación de trabajo en virtud de que el demandado no demostró que el vínculo que lo une con el actor fuere diverso (foja 119). Con apoyo en lo anterior la junta tuvo por ciertos los hechos afirmados por el actor relativos al puesto que desempeñó de asistente de avalúos y que el despido injustificado aconteció el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete (foja 119).La condena al pago de indemnización constitucional por el importe de tres meses de salario y salarios caídos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses (foja 119 vuelta). b) Determinó que al no demostrar la parte demandada que el vínculo que la une con el actor fuera diverso al de una relación laboral ésta debe tenerse por cierta y, en consecuencia, por comprobado el hecho afirmado por el accionante respecto a que la fecha de ingreso a la fuente de trabajo fue el nueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 119). c) Respecto de la condena a horas extras la responsable estableció que la parte actora trabajaba de lunes a viernes de cada semana de las nueve a las diecinueve treinta horas, esto es, doce horas y media de tiempo extraordinario; luego, precisó que como la jornada extraordinaria excede de nueve horas a la semana, respecto de las primeras nueve corresponde a la patronal la carga de la prueba, pero ésta no comprobó haber pagado dicho tiempo extraordinario, lo que originó tener por cierto que el actor laboró las primeras nueve horas extras. Asimismo, la junta estableció que al enjuiciante le correspondía demostrar haber laborado las horas extras excedentes a las primeras nueve a la semana, pero que no acreditó ese extremo, motivo por el cual condenó a la parte demandada a pagar sólo nueve horas de tiempo extraordinario laborado semanalmente (fojas 120 vuelta y 121). Enseguida, para cuantificar la condena al pago de horas extras partió de la base de que el actor laboró 27.29 semanas, que corresponden al periodo laborado del nueve de marzo (fecha de ingreso que quedó comprobada) al dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. d) La responsable cuantificó la condena de prestaciones secundarias consistentes en vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y reconocimiento de las semanas laboradas sobre las que el patrón omitió enterar cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; para ello tomó en cuenta que la fecha de ingreso a la fuente de trabajo fue el nueve de marzo de dos mil diecisiete y que la relación laboral feneció el dieciocho de septiembre siguiente, pues se advierte que únicamente condenó al pago proporcional correspondientes a dos mil diecisiete (fojas 120 vuelta y 121 vuelta). No pasa inadvertido que la responsable al resolver sobre el reclamo de prestaciones secundarias omitió ocuparse de la excepción de prescripción opuesta por la demandada y resolver lo que en derecho proceda, tal como se indicó en el fallo protector, empero, la observancia de ese lineamiento estaba supeditada a lo que la propia junta determinara con motivo de la prevención que hizo al actor para que aclarara la demanda respecto de la fecha de ingreso a la fuente de trabajo. De tal manera que, como se destacó anteriormente, ante la abstención del actor de desahogar la vista para aclarar la demanda tuvo por cierto que la relación laboral inició el nueve de marzo de dos mil diecisiete y que subsistió hasta el dieciocho de septiembre siguiente, esto es, seis meses y nueve días, de ahí que si la demanda laboral fue presentada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, resulta que respecto del reclamo de prestaciones secundarias en nada incide la excepción de prescripción de tales prestaciones respecto de las vencidas con anterioridad a un año anterior a la data de presentación de la demanda laboral. De lo anterior se concluye que, en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de julio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de trece de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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