Miguel Hernandez Martínez

Expediente 440/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
440/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Miguel Hernandez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    II. Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil diecinueve. De la certificación que antecede se advierte que la parte agraviada quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído del ocho de abril del presente año, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es destruible, punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    II9 Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo pro... contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 440/2019-II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Del análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante reclama la omisión de emitir laudo correspondiente en el expediente laboral 804/2017, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión reclamada no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° del mencionado ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).". El énfasis es propio De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Destacando que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tal afectación, constituye uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de garantías, consagrado también en la fracción I del artículo 107 Constitucional, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.).". Respecto de este tópico, es oportuno traer al contexto que al resolver la Contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como pudiese ser la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. En el entendido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiese ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De ahí que el juicio de amparo interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Situación que en el particular no acontece. No obstante, antes de verificar si la omisión reclamada implica una paralización o dilación del procedimiento, primero debe establecerse si es susceptible de producir ese tipo afectación real y directa a los intereses jurídicos del quejoso, para lo cual es necesario que transcurra el plazo que la ley concede a la autoridad responsable para emitir la actuación cuya omisión se reclama. Dicha jurisprudencia es la 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Página: 1086, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Ahora bien, a efecto de determinar si la petición de amparo intentada encuadra en el supuesto de procedencia que prevé la ley, derivada de la existencia de una afectación real y actual, a la esfera jurídica del quejoso con motivo de la titularidad de un derecho subjetivo vulnerado con la omisión reclamada, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el hoy quejoso tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Sin embargo, la segunda no, debido a que a la fecha de presentación de la demanda no ha transcurrido el plazo legal que la autoridad tiene para actuar en el sentido que el impetrante sostiene; de ahí que la omisión reclamada aún no es susceptible de producir algún tipo de afectación real y directa a la esfera jurídicos del impetrante. A efecto de evidenciar tal aserto, debemos acudir a los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, que señalan: Ley Federal del Trabajo "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.) Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: (.) Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes.". Lo resaltado no es de origen. De la cita que antecede se aprecia que de conformidad con los plazos y términos establecidos en la legislación laboral aplicable, en el procedimiento que se lleva ante la responsable, una vez formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario en el sentido que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el entendido que del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se hubiesen recibido la copia del proyecto, lo estimen necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Destacando que con citación de las partes, la Junta señalará en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas, ello dentro de un término de ocho días; y, transcurrido dicho término, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación del laudo, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Así, una vez discutido, votado, aprobado y engrosado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. En tanto que, de la de manda formulada por el quejoso se advierte que bajo protesta de decir verdad indica que el veintiséis de febrero del año en curso, la autoridad señalada como responsable declaró cerrada la instrucción ordenando turnar los autos a proyecto para resolución, y si bien a la fecha de presentación de la demanda -cuatro de abril de la presente anualidad-, habían transcurrido los diez días a que hace alusión la ley laboral para que el auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo, no menos cierto es que aún no han transcurrido los plazos que establecen los diversos 886 a 890 del citado ordenamiento para que los integrantes de la Junta soliciten, si fuese necesario, se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, así como el término para la discusión, votación y aprobación del laudo. Razón por la cual, dicha omisión aún no es susceptible de producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, pues se insiste, para ello primero es necesario que transcurra el plazo legal en comento. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues hasta ahora la omisión reclamada no afecta los intereses jurídicos o legítimos del impetrante, produciéndole una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya que para ello primero tendrían que transcurrir al menos treinta y tres días hábiles; y, posteriormente, verificar si existió una abierta dilación del procedimiento o incluso, su paralización total, pero ello, una vez que transcurra el plazo legal que la ley concede a la autoridad responsable para actuar. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Martínez Hernández, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por notoriamente improcedente. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. En términos del artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el señalado se encuentra fuera de la residencia del presente órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, en consideración a que el presente auto es de tal trascendencia, por única ocasión notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el domicilio que indicó. REMISIÓN DE EXHORTO. Con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, y notifique personalmente el presente proveído al quejoso Miguel Martínez Hernández, o a sus autorizados Sara Ema Torres de la Torre, José Guillermo Arteaga Ávila, María del Socorro Martínez Reyes, Noé Enriqueta Rodríguez y Guillermo Arteaga Torres. No obstante ello, en caso de que el quejoso o cualquiera de sus autorizados comparezca al juzgado, se comisiona al actuario judicial para que lo notifique personalmente; en el entendido que se tomará en consideración la primera notificación. AUTORIZADOS. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase por autorizados a las personas que designa la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, para los efectos que señala. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito, para que en uso de sus atribuciones firme los oficios y comunicaciones derivadas del presente sumario constitucional. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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