Miguel Hernández López
Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2022
Partes del expediente
- Miguel Hernández López
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve ... contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtla y Copainalá del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 73/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Novena Época, registro I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que el promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad Responsable: Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtla y Copainlá del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Acto Reclamado: de la autoridad señalada como responsable se reclama la falta de motivación y fundamentación al emitir el acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se agendaron las once horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de juicio oral. Acuerdo que, en concepto del demandante, transgrede los derechos de seguridad jurídica de su defenso Miguel Hernández López, al programar la audiencia hasta esa fecha, violentando sus derechos fundamentales para una justicia pronta y expedita. Desechamiento. Lo anterior permite establecer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" En relación al acto reclamado, se actualiza dicha causal de improcedencia por las consideraciones siguientes. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De la transcripción anterior se advierte que dicho numeral concede el recurso o medio de defensa, respecto de las resoluciones de mero trámite, que se resuelvan "sin sustanciación"; dichas resoluciones son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial, y ante ellas procede el recurso de revocación. Ahora bien, para entender a qué se refieren las "resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial", desde una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a esa expresión, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. Sobre el tema, orienta la siguiente jurisprudencia. "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." (Registro: 2022001. Materia(s): Penal. Instancia: Primera Sala. Época: Decima. Tesis: 1a./J. 35/2020 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial, de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760. Tipo: Jurisprudencia). En ese contexto y del análisis de la demanda de garantías, se llega al convencimiento que contra el acto reclamado, procede medio de impugnación, mediante el cual puede ser modificado, revocado o nulificado; en virtud de que las partes pueden impugnar ante el juez de control que dictó la determinación que se impugna, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda, a través del recurso de revocación que prevé el artículo 465 citado; sin embargo, el accionante de esta instancia constitucional, no lo agotó previamente, por ello se considera que no se colmó el principio de definitividad que rige el procedimiento constitucional. Por lo que el promovente debió agotar el medio o recurso ordinario de defensa previsto en la legislación ordinaria, pues en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, son impugnables; sin embargo, al no haber agotado el medio ordinario de defensa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues en contra del mismo, debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 Constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Tiene aplicación al caso por analogía la jurisprudencia: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. (Registro: 2021251. Instancia: Primera Sala Décima Época. Materia(s): Penal, Común. Tesis: 1a./J. 85/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283. Tipo: Jurisprudencia). Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene de la quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones en Boulevard ... en esta ciudad. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Tevera Méndez, Francisco Pérez Pérez y Javier Orlando Aguilera Mendoza, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. Habilitación actuarial. En términos del precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el expediente se tramitará con supresión de los datos personales que resulten sensibles para el sistema electrónico dispuesto al respecto, salvo oposición que se presente por escrito, en que se haga manifestación indubitable que es deseo de alguna de las partes la publicación de su datos personales
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