Miguel Hernandez Flores
Expediente 676/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2022
Partes del expediente
- Miguel Hernandez Flores
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 676/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./4170/2022, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, remite copias certificadas de las constancias de notificación practicadas a las testigos Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 384/2017. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como prueba de la autoridad responsable las cédulas de notificación que remite. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 2 Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de Amparo Indirecto 676/2022-IV 3 destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, Miguel Hernández Flores, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad del Carmen, Campeche, consistente en la omisión de notificar a las demandadas (i) Maquinaria Doga, sociedad anónima de capital variable; (ii) Industria Regiomontana Quanton, sociedad anónima de capital variable; y (iii) Juan Francisco Campos Hernández, así como a las testigos Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González, el acuerdo emitido en el expediente laboral 384/2017, por el que se fijó hora y fecha para el desahogo de las siguientes pruebas: 1. La testimonial a cargo de Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González; y 2. La confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de Miguel Hernández Flores. Ahora bien, mediante oficio S.A./3906/2022 SA/3907/2022, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada de la cédula de notificación de catorce de septiembre de dos mil veintidós, de la que se desprende que a las demandadas (i) Maquinaria Doga, sociedad anónima de capital variable; (ii) Industria Regiomontana Quanton, sociedad anónima de capital variable; y (iii) Juan Francisco Campos Hernández, se les notificó el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, donde se señaló hora y fecha para el desahogo de la testimonial a cargo de Mónica Guadalupe Cruz 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 4 López y Katia de la Cruz González; la confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de Miguel Hernández Flores. Mientras que a través del oficio de cuenta, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, remite copia certificada de la cédula de notificación de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, de la que se desprende que a las testigos Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González, se les notificó el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, donde se señaló hora y fecha para el desahogo de la testimonial a cargo de Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González; la confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de Miguel Hernández Flores. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno, acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se afirma lo anterior, en razón de que las demandadas (i) Maquinaria Doga, sociedad anónima de capital variable; (ii) 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO Juicio de Amparo Indirecto 676/2022-IV 5 Industria Regiomontana Quanton, sociedad anónima de capital variable; y (iii) Juan Francisco Campos Hernández, así como las testigos Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González, ya quedaron notificados del acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 384/2017, por el que se fijó hora y fecha para el desahogo de las siguientes pruebas: 1. La testimonial a cargo de Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González; y 2. La confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de Miguel Hernández Flores. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Cabe precisar que en el presente asunto no se emplazó a los terceros interesados (i) Maquinaria Doga, sociedad anónima de capital variable; (ii) Industria Regiomontana Quanton, sociedad anónima de capital variable; y (iii) Juan Francisco Campos Hernández, pese a que el acto reclamado derivaba de un juicio y se reclamaron violaciones a los principios de plenitud y expedites en la administración de justicia. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído, dado que se decretó el sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: 26/08/23 13:47:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.65.88 MA. LETICIA MORONES ROMO 6 "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3906/2022 SA/33907/2022, de la Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que si es cierto el acto reclamado por el quejoso, refiriendo que ya fueron notificadas las demandadas Industria Regiomontana Quanton, y Maquinaria Doga, ambas sociedades anónimas de capital variable, así como el demandado físico Juan Francisco Campos Hernández, para el desahogo de las diligencias señaladas en el proveído de siete de julio del año en curso, y como justificación remiten copia certificada del auto y notificación de referencia que obran en el expediente laboral 384/2017. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene por ofrecida como prueba la documental que adjuntaron a su informe rendido, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, tomando en consideración que la Junta responsable, omite acompañar las notificaciones de Mónica Guadalupe Cruz López y Katia de la Cruz González; por tanto, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles remita las copias certificadas de referencia. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la Junta responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y DARLE LA INTERVENCIÓN QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 676/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE PREVENCION. Agréguese a los autos el escrito Mercy Ossana Luna Guzmán, en su carácter de apoderada legal de Miguel Hernández Flores, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Cabe mencionar, si bien el plazo para que la parte quejosa desahogara la prevención ordenada, al momento de presentar su escrito aclaratorio no había iniciado, sin embargo, ello no lo vuelve extemporáneo, pues sólo puede estimarse extemporáneo el desahogo realizado después de que fenezca el plazo otorgado. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 1/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, enero de 2016, Tomo II, página 1032, Décima Época, intitulada: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. NO ES EXTEMPORÁNEO EL INTERPUESTO ANTES DE QUE INICIE EL TÉRMINO LEGAL RESPECTIVO. Conforme al segundo párrafo del artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse dentro del término de 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de trámite impugnado; de su texto se advierte que el medio de impugnación no podrá interponerse con posterioridad a esa temporalidad, sin embargo, ello no impide que pueda presentarse antes de que inicie el término indicado, y el así interpuesto, se estime que no es extemporáneo." ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Mercy Ossana Luna Guzmán, en su carácter de apoderada legal de Miguel Hernández Flores, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, y otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, a la omisa, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Toda vez que, la parte quejosa no proporcionó el domicilio para emplazar a los terceros interesados MAQUINARIA DOGA, Sociedad Anónima de Capital Variable; INDUSTRIA REGIOMONTANA QUANTON, Sociedad Anónima de Capital Varibale; y Juan Francisco Campos Hernández, manifestando bajo protesta de decir verdad desconocerlos, por tanto, una vez que se reciba el informe justificado de las autoridades responsables; se acordará lo conducente a su emplazamiento. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las que ofrece en su escrito inicial de demanda, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y se tengan recibidas en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Asimismo, en cuanto a la presuncional legal y humana, se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, toda vez la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Notifíquese por lista a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.
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Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Mercy Ossana Luna Guzmán, en su carácter de apoderada legal de Miguel Hernández Flores, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 676/2022-IV, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, la promovente se ostenta como apoderada legal de Miguel Hernández Flores, personalidad que acredita con la copia digitalizada del acta de audiencia de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente laboral 384/2017, que exhibe manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que es copia fiel e inalterable de su original. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderada legal con el que se ostenta. PREVENCIÓN. En el caso que nos ocupa, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Mercy Ossana Luna Guzmán, en su carácter de apoderada legal de Miguel Hernández Flores, señala como autoridad responsable a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclama la abierta dilación al procedimiento ante la omisión de la responsable de notificar a las demandadas y atestes dentro del plazo establecido en el artículo 748 de la Ley Federal del Trabajo, sin que haya señalado como autoridad responsable al actuario de materializar dichas notificaciones. Lo anterior, sin soslayar que la omisión de practicar tal diligencia, también le es atribuible a la junta laboral, pues no obstante que materialmente quien debe practicar esa actuación es el notificador designado para tal efecto; sin embargo, ello no la releva de la responsabilidad de velar y vigilar que sus determinaciones y órdenes se cumplan en los plazos y términos que fijan las leyes; por lo que en ese sentido, cuando se reclame en juicio la abstención de practicar una notificación, estaremos en presencia de una responsabilidad compartida; lo que implica que necesariamente debe llamarse en sede constitucional, cuando se combate tal abstención, tanto a la junta laboral que ordena dicha diligencia, como al actuario de su adscripción que ejecuta tal orden, o bien, omite su ejecución, por ser a quien corresponde defender su acto, ya que él conoce los pormenores de la diligencia o las razones por las cuales se ha abstenido de actuar. Esto es así, pues en términos del artículo 743, en relación con el numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo, el servidor público encargado de realizar la notificación personal a las partes, es el actuario adscrito a las juntas laborales. En razón de lo anterior, dado que el quejoso no señaló como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, lo que se traduce en una irregularidad de la demanda de amparo que debe ser aclarada por el promovente, pues del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, deriva la obligación del quejoso de señalar con precisión las autoridad o autoridades responsables cuando se omita señalar como tal a una autoridad a la que pueda atribuírsele participación en el acto de autoridad reclamado, así como también, a quién o a quiénes ha omitido notificar en el juicio la autoridad responsable, y el acto que de cada autoridad se reclame; por tanto, con la finalidad de fijar debidamente la litis constitucional, para que de esta forma las autoridades responsables estén en condiciones de rendir con claridad el informe justificado que se les solicite, afirmado o negando el acto reclamado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. 2. Señale con precisión el o los actos que le atribuye a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Caracol, 121- A, colonia Justo Sierra, código postal 24114, Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Erika Berenice Díaz Pérez, Amy Valeria Mas Mas, Perla Rubí Hernández Francisco, Mario Rosado Coffin, Italia Rodríguez Bernabe, Mirley Bazan Bravo, Yolanda Heredia Aguilar, Mariana Guadalupe Salazar Cabrera, Carlos Aldair Chiguil Gómez y José Daniel Nápoles Flores. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al quejoso, con el nombre de usuario "ABGOADOS010914" consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "ABGOADOS010914", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que los referidos autorizados, tengan acceso al expediente electrónico y puedan consultarlo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales" con la parte quejosa, el número telefónico 9381082356. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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