Miguel Hernández de Jesús
Expediente 1189/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/09/2021
Partes del expediente
- Miguel Hernández de Jesús
- Ciudadanos Integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial Y de Honor Y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado por este órgano jurisdiccional en el que se sobreseyó fuera de audiencia, se provee lo siguiente: I. Causa estado. Con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. además, de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, entonces, es DESTRUIBLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF, y acorde con el Manual respectivo.
- Incidental
Se ordena el archivo del cuaderno original de suspensión por un plazo de tres años, computados a partir de esta fecha, y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. El presente asunto carece de relevancia documental pues el juicio principal se clasificó en esos términos, además, dado que se concedió la medida suspensional provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva, el cuaderno original es DESTRUIBLE. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF y el Manual respectivo.
- Incidental
Vista la cuenta que antecede, se advierte que los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no han dado cumplimiento a la sentencia pronunciada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparoMáxime que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional. Por tal razón, en la ley de amparo se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de junio del año en curso y, se ordena imponerles una multa de cien unidades de medida y actualización, a ..............., persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al representante de los trabajadores ............., a la representante de los patrones ..............., de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo Lo que revela que en esos supuestos, se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora; de ahí que se haga efectiva la medida de apremio que antecede. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el término improrrogable de tres días contados a partir del momento en que queden notificados del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento al fallo protector. Ante la omisión de la autoridad laboral para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena dar vista tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado como al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje .............., para los efectos legales conducentes. Toda vez que están obligados, como parte de su estructura y prestación del servicio público en materia de justicia social, conforme a la Constitución, que establece que todas las autoridades deben ajustar su actuación en observancia a los principios rectores de justicia social y protección de la clase menos favorecida, a fin de garantizar y respetar el derecho de los trabajadores a obtener, en caso de una contienda, la posibilidad real y efectiva de litigar con equidad frente al patrón mediante las herramientas y recursos necesarios que sean proporcionados por las autoridades encargadas de la solución de conflictos obrero-patronales
- Incidental
Se tiene a la Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por conducto de su representación, rindiendo su informe previo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista para conocimiento de las partes. DELEGADOS. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable señalando como delegados para oír y recibir notificaciones los mencionados en su ocurso de cuenta.
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