Miguel Hernández Castillo
Expediente 1771/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Miguel Hernández Castillo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de febrero de dos mil dieciocho.Agréguense a los autos el oficio y anexos que remite la autoridad responsable, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, ya que el dos de enero de dos mil dieciocho, se tuvo totalmente concluido el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
...se ordena el archivo...
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito para notificar personalmente el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido, en virtud de que éste fue puesto en libertad; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, realícese por lista la notificación inmersa en el referido acuerdo, así como las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad. Asimismo, glósense a los autos las constancias enviadas vía correo electrónico por la autoridad responsable, a través de las cuales hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el seis de diciembre de dos mil diecisiete, el quejoso fue puesto en libertad al concederse el beneficio de la libertad anticipada. En ese contexto, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, en virtud de un acto posterior y diverso. Acorde con lo anterior, se considera que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado ya que como se advierte de la actuación judicial realizada el once de diciembre de dos mil diecisiete, por el fedatario de la adscripción, el quejoso Miguel Hernández Castillo, fue puesto en libertad el seis de diciembre de dos mil diecisiete, por remisión de la pena. Aunado a que de las constancias remitidas por la autoridad responsable vía correo electrónico se advierte que el seis de diciembre del año en curso, el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, previo trámite, determinó conceder al quejoso el beneficio de la libertad anticipada, ordenando su libertad. Actuaciones a las que se les otorga pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de una diligencia realizada y constancias emitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones; eficaces para demostrar que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso -omisión de dar trámite, contestación o resolver la petición de beneficios de libertad anticipada-, restituyéndolo así en el goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado que tenían. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, resulta procedente declarar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada en proveído de uno de diciembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, al cual anexa las constancias con las que dice acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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