Miguel Gutierrez Mora
Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Gutierrez Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÌCULO 27, FRACCION I, INCISO C), NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE ACUERDO: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la constancia de la que se advierte que el aquí quejoso recibió el certificado parcelario número ********************, recaído a la solicitud de trámite ********************. Constancia a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, considerando que en el caso se reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: "a).- De la autoridad señalada como responsable reclamo la omisión de darme cita para obtener respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud de inscripción de la sentencia dictada en el juicio ******************** del índice del Tribunal Agrario del Distrito XXXI. b).- La omisión de entregarme física y materialmente mi Certificado Parcelario que me acredite como titular de una parcela del ejido "********************" municipio de ******************** estado de Veracruz." En ese tenor, a criterio de la suscrita en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, remitió la constancia de la que se advierte que el aquí quejoso ********************, recibió el certificado parcelario número ********************, recaído a la solicitud de trámite ********************. En razón de lo anterior, al haberse entregado el certificado parcelario número ********************, y considerando que el acto reclamado consistía precisamente en omisión de entregarle el certificado parcelario, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que su entrega fue con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veinticinco de enero del año en curso-; de modo que, se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo por habérsele acordado favorable su petición. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada de forma manifiesta e indubitable, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de la constancia que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, más dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso, por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita."
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que el quejoso en este juicio interpusiera el recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, deberá destruirse con posterioridad al VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la constancia de la que se advierte que el aquí quejoso recibió el certificado parcelario número ********************, recaído a la solicitud de trámite ********************. Constancia a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, considerando que en el caso se reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: "a).- De la autoridad señalada como responsable reclamo la omisión de darme cita para obtener respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud de inscripción de la sentencia dictada en el juicio ******************** del índice del Tribunal Agrario del Distrito XXXI. b).- La omisión de entregarme física y materialmente mi Certificado Parcelario que me acredite como titular de una parcela del ejido "********************" municipio de ******************** estado de Veracruz." En ese tenor, a criterio de la suscrita en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, remitió la constancia de la que se advierte que el aquí quejoso ********************, recibió el certificado parcelario número ********************, recaído a la solicitud de trámite ********************. En razón de lo anterior, al haberse entregado el certificado parcelario número ********************, y considerando que el acto reclamado consistía precisamente en omisión de entregarle el certificado parcelario, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que su entrega fue con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veinticinco de enero del año en curso-; de modo que, se ha dejado de afectar los derechos del solicitante de amparo por habérsele acordado favorable su petición. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada de forma manifiesta e indubitable, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de la constancia que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, más dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso, por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de este en la audiencia constitucional. Además, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el oficio que se provee, en términos del precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En otro aspecto, como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se autoriza como delegados de su parte a las personas mencionadas en su informe de ley, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, del informe justificado de cuenta, se advierte que la autoridad informa que se pone a disposición del aquí quejoso , en el módulo de atención a tramites de esa Delegación, el certificado de derechos parcelarios expedido a su favor, previa identificación y firma de recibido, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, debiendo acudir previniendo las medidas sanitarias correspondientes dictadas por el Sistema Estatal de Salud, entre ellas, uso de cubre bocas obligatorio, contar con su propio bolígrafo, mantener sana distancia y se le tomara la temperatura corporal la cual no deberá ser igual o mayor a 37.5° C, ya que de ser así no podrá ingresar al inmueble que ocupa esa representación. En mérito de lo anterior, requiérasele al quejoso Miguel Gutiérrez Mora, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante la citada autoridad a fin de que le sea entregado el certificado de derechos parcelarios expedido a su favor, debiendo acreditar dentro de mismo término lo anterior, apercibido que no hacerlo este juzgado acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.
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