Miguel Gutiérrez González y Otros.
Expediente 74/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Gutiérrez González y Otros.
- Miguel Gutiérrez González
- Graciela Elena Álvarez Garnica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho por el que se declaró cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto la parte quejosa como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME) y se tiene por consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por tanto, debe conservarse la demanda, ampliación de la misma y sentencia respectiva. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria encargada del trámite para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- De la certificación de cuenta y el estado procesal del presente juicio, se advierte ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, para manifestarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de protección por parte del Director General Jurídico Consultivo y de asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en el sentido de: 1. Tomar en cuenta la totalidad del cúmulo probatorio para determinar las diversas fechas desprendidas de los medios de prueba agregados a la indagatoria; en caso de estimar prescrita la acción penal, puntualizar la última fecha considerada como de ejecución del delito; si la acción es de comisión consumada o continua; y ajustarla a los supuestos del artículo 129 del Código Penal del Estado. 2. Luego asentar, con la escritura de constitución de la sociedad de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, y del acta de protocolarización ante notario de dieciocho de julio de dos mil cinco, se advierte la existencia de la sociedad, y de un predio dentro de su patrimonio, con derechos reales sobre él. 3. Además, que la diligencia ministerial de fe de inspección ocular de diez de marzo de dos mil once, da fe de la existencia de un inmueble denominado parque funerario Cristo Rey, destinado a panteón, y contiene indicios respecto a la disposición de ese inmueble por uno de los denunciados. 4. Lo anterior deberá ser considerado para el estudio conducente a los delitos de despojo y abuso de confianza. 5. También deberá establecer, el oficio ++ signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, al cual anexó las inhumaciones y cremaciones realizadas en el parque funerario Cristo Rey, sociedad anónima de capital variable, en el periodo comprendido del año dos mil doce a dos mil dieciséis; y la existencia de constancias inherentes a la promoción de juicos en contra de los señalados como probables responsables, que son documentos que importan una obligación, y constituye una acción continua, en perjuicio de la sociedad; encuentran adecuación con el tipo penal de abuso de confianza. 6. Esclarecer el contenido de cada una de las pruebas de la indagatoria, su valor probatorio -individual y conjunto- conforme a los preceptos legales aplicables dada la naturaleza de cada una de ellas; y la forma de corroborarlas entre sí o la imposibilidad de hacerlo por falta de idoneidad en sus datos. Por tanto, a pesar de que las partes omitieron expresar argumentos en torno al cumplimiento, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, voy a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable , si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues, sería infructuoso para la parte quejosa haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos- . Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que aquel solo se materializa hasta su fiel ejecución . Bajo esa premisa, veo materializado el derecho de acceso a la justicia de ++, esta última por medio de su apoderada legal ++, pues la autoridad responsable ha actuado, conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia. Veamos: La parte quejosa vio transgredido sus derechos constitucionales, ante la actuación del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al haber confirmado el inejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa ++ de las del índice de la Agencia del Ministerio Público Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional Adscrita a la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional. Sin embargo, a raíz de la concesión de amparo, se determinó que la actuación por parte del director responsable al hacer la revisión sobre el no ejercicio de la acción penal, relativa a los hechos denunciados, sólo comprendió una valoración general de algunas pruebas de la averiguación previa, en particular, la denuncia de ustedes ahora quejosos, y su ampliación, como se advierte de la resolución combatida. Por lo que, analizar las pruebas de esa manera, resultó insuficiente para poder tener por agotada la obligación de motivar su determinación conforme al contenido del artículo 16 de la constitución, porque estableció la prescripción respecto de dos delitos sin tomar en cuenta diversas fechas desprendidas de otros medios de prueba y porque esos distintos elementos probatorios, contienen indicios de la existencia de condiciones relativas a los tipos penales de despojo y abuso de confianza. Asimismo, en sentencia se señaló que el análisis general de las pruebas de la indagatoria, efectuado en la resolución combatida, resultó insuficiente para considerar respetado el derecho de legalidad previsto en el artículo 16 de la constitución, pues existen medios de prueba de donde se desprenden elementos integradores de los tipos penales de abuso de confianza y despojo, así como fechas posteriores a las consideradas para el establecimiento de la figura de prescripción. La autoridad ordenadora responsable restituyó a los quejosos en el goce de sus derechos violados. Hago esa afirmación porque por resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho por el Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en acatamiento a la ejecutoria de amparo aquí dictada, dejó insubsistente la determinación de quince de diciembre de dos mil diecisiete. Luego, dictó otra resolución en la que siguió los lineamientos establecidos por este órgano de control constitucional, con los requisitos establecidos en la sentencia de amparo porque: Precisó que ++, sabedor que no contaba con la autorización para la comercialización de espacios en el parque funerario ++, siguió efectuando la venta de derechos de ocupación en dicho parque funerario, como se observó de los títulos y planillas de venta, así como el informe emitido por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de ++, con los cual corroboró que en los años dos mil doce, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, se realizaron servicios de inhumaciones y cremaciones solicitadas por la funeraria +++ Lo que conlleva a tener por colmado el primer punto de los efectos de la concesión de amparo, al tomar en cuenta la totalidad del cúmulo probatorio para determinar las diversas fechas desprendidas de los medios de prueba agregados a la indagatoria. Dijo la responsable, que de la referida relación constante de cuatro hojas hasta el año dos mil dieciséis, Alejandro Corona López, desplegó conductas engañosas, con las cuales obtuvo un lucro indebido, pues recibió cantidad de dinero por la venta de servicios funerarios a pesar de no estar legitimado para ello. Llegó a la convicción que fuera hasta el año dos mil dieciséis, que ++ realizó acciones que se adecúan a las hipótesis contenidas por los artículos 402 y 404, fracción VII, del código sustantivo penal, razón por la cual la querella formulada por ++++ de ocho de marzo de dos mil once y ratificada el mismo día, se tiene que las reglas para el cómputo del plazo para la prescripción de la acción persecutoria, son las previstas en la fracción I del artículo 129 y 133 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Señaló la responsable que no ha surgido la figura de la prescripción y por los cual se negó a confirmar la determinación de inejercicio de la acción penal persecutoria dictada por el Agente del Ministerio Público el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, razón por la que el representante debe allegarse de más pruebas a fin de llegar al esclarecimiento de los hechos puestos de su conocimiento y en su momento procesal determine los conducente al ejercicio o no de la acción penal. Con tales argumentos colma el punto dos de la concesión de amparo, en la cual se impuso que en la nueva resolución debería asentar que con la escritura de constitución de la sociedad de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, y del acta de protocolarización ante notario de dieciocho de julio de dos mil cinco, se advertía la existencia de la sociedad, y de un predio dentro de su patrimonio, con derechos reales sobre él. En la misma línea, precisó que del informe rendido por el Presidente Municipal Constitucional de +, Puebla, advirtió que del año dos mil doce al dos mil dieciséis, esa presidencia, con motivo de las solicitudes de funeraria +++, otorgó permisos para inhumaciones y cremaciones. Es decir, que ++, hizo uso de un derecho real que no le pertenecía, que su actuar fue de propia autoridad, esto es, sin la autorización del representante legal de la moral parque funerario ++ para lograr su objetivo empleó engaño. Ante ese razonamiento la responsable determinó necesario que el Agente del Ministerio Público procediera a la investigación de los hechos descritos por los querellantes, que obtenga pruebas conducentes que los lleven a la comprobación de los elementos del delito de abuso de confianza. Con tales afirmaciones cubrió el punto cinco de la concesión de amparo, consistente en establecer que con el oficio ++ signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, al cual anexó las inhumaciones y cremaciones realizadas en el parque funerario ++, sociedad anónima de capital variable, en el periodo comprendido del año dos mil doce a dos mil dieciséis; y la existencia de constancias inherentes a la promoción de juicos en contra de los señalados como probables responsables, que son documentos que importan una obligación, y constituye una acción continua, en perjuicio de la sociedad; encuentran adecuación con el tipo penal de abuso de confianza. Además, la responsable determinó necesario que el Agente del Ministerio Público procediera a la investigación de los hechos descritos por los querellantes, que obtenga pruebas conducentes que lo lleven a la comprobación de los elementos del delito de abuso de confianza; y ello constituye el cumplimiento inicial del punto cuatro Por tanto, la responsable consideró demostrado que ++ hicieron uso del inmueble propiedad de la persona moral parque funerario ++, al disponer del inmueble destinado para panteón; lo cual corroboró a través del instrumento notarial ++, pasado ante la fe del notario público ++ el cual contiene la constitución de la sociedad mercantil parque funerario ++ en la cual ++ fue nombrado presidente del consejo de administración; sin embargo, debido a las irregularidades de su parte, el veintiuno de julio de dos mil se celebró asamblea general extraordinaria de socios, protocolizada en el instrumento notarial ++ de la Notaría Pública número ++++ de la ciudad de ++, pues advirtió que de conformidad al objeto social de la persona moral agraviada, contaba con el inmueble para la construcción y explotación de panteón. Con dicho razonamiento colmó el punto dos de los efectos del amparo, consistente en asentar con la escritura de constitución de la sociedad de tres de mayo de mil novecientos noventa y seis, y del acta de protocolización ante notario de dieciocho de julio de dos mil cinco, la existencia de la sociedad, y de un predio dentro de su patrimonio, con derechos reales sobre él. Sumó a ello la existencia de la inspección ministerial de ocho de marzo de dos mil once, y estableció con ella se probaba la existencia del bien inmueble destinado a panteón; con ello cumple el punto número tres. Expuestos los anteriores argumentos, la responsable concluyó pertinente que el Agente del Ministerio Público procediera a la investigación de los hechos descritos por los querellantes, que obtenga pruebas conducentes que lo lleven a la comprobación de los elementos del delito de despojo; parte complementaria para tener por cumplido el punto cuatro. Por tanto, no confirmó el inejercicio de la acción penal persecutoria y el consecuente archivo por prescripción de los delitos de fraude genérico y fraude específico. Con lo que acató el punto seis de los efectos de la sentencia de amparo, pues esclareció el contenido de cada una de las pruebas de la indagatoria, su valor probatorio -individual y conjunto- conforme a los preceptos legales aplicables dada la naturaleza de cada una de ellas; y la forma de corroborarlas entre sí o la imposibilidad de hacerlo por falta de idoneidad en sus datos. Ante tales circunstancias, el actuar de la autoridad responsable restituye a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. Pues el director responsable emitió nueva resolución en +++ del índice de la Agencia del Ministerio Público Mesa Tres de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional Adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, y realizó el estudio correspondiente con base en los lineamientos de la ejecutoria emitida por este órgano de control constitucional. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, determino cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Pero, si la parte quejosa llegara a estar inconforme con mi decisión de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, le informo tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Asimismo, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. A fin de registrar la presente determinación en los libros de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualizan las siguientes fechas: 1. La sentencia que resolvió el presente juicio constitucional se dictó el diez de julio de dos mil dieciocho (fojas 150 a 162). 2. Causo ejecutoria por ministerio de ley (al haberse desechado el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable) el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 205 a 221). 3. El quince de noviembre del año en curso (fojas 240 a 265), se recibió en este juzgado el oficio por el cual el directo responsable remitió las constancias conducentes relativas al cumplimiento al fallo protector. 4. En esta fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho-se declaró cumplida la ejecutoria de amparo-. Se hace saber a la parte quejosa que si llegara a estar inconforme con la decisión aquí planteada, tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo
- Principal
Se agrega al expediente el oficio del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al cual adjunta el acuse del Agente del Ministerio Público donde informa al director responsable el haber recibido la determinación dictada en cumplimiento al presente juicio de amparo, así también, agrega la constancia de la notificación realizada a la parte quejosa respecto de la mencionada resolución. Se toma conocimiento de lo anterior, sin necesidad de dar vista a las partes con las manifestaciones de cumplimiento realizadas por la responsable, pues en auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho se determinó lo conducente.
- Principal
Se agregan al expediente el oficio con anexo del Director General Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el cual aduce cumplir con la sentencia dictada en el presente sumario. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga respecto del aludido cumplimiento. Transcurrido dicho plazo, provéase si se encuentra cumplida a cabalidad la sentencia dictada en este juicio. Sustenta lo anterior lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO".
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