Miguel Guerrero Soto
Expediente 1390/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1390/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- MIGUEL GUERRERO SOTO y Otros.
- Miguel Guerrero Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la diversa comunicación proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, lo anterior, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en virtud de que la referida comunicación ya obra en autos (foja 24) y se acordó lo conducente en auto de veintiséis de noviembre del año en curso....
- Principal
Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, el cual contiene inserto el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el recurso de queja 182/2019, de su estadística, interpuesto por la parte quejosa, del que se advierte que el referido Tribunal Colegiado acusó recibo del original del juicio de amparo 13902019 y original del escrito de agravios; asimismo, informa que admitió recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, agréguese el mismo, para que surta sus efectos legales correspondientes. ...
- Principal
interponen recurso de queja en contra del proveído de once de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en los dispositivos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 101 de la Ley de la Materia, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, el original y copia del ocurso de agravios, asimismo ríndase el informe sobre la materia de la queja. Fórmese cuaderno de antecedentes....
- Principal
Se tiene por recibido el ocurso signado por ***, mediante el cual, desahogan la prevención formulada en auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Sin que sea necesario capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); toda vez que por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, quedó registrado con el número 1390/2019-IV-C. PROCEDENCIA De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible que se forme una convicción diversa, con independencia de los elementos que de manera eventual pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." La parte quejosa reclama: "[.] a) Se reclama como acto la falta de notificación legal del Laudo de fecha 22 (veintidós) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), mismo que consecuentemente no fue legalmente notificado a los quejosos. b) Se reclama el embargo ordenado y realizado mediante Auto de Ejecución con Efectos de Mandamiento en Forma, de fecha 23 de agosto de 2019, dictado en contra de los Quejosos, en cuanto Parte Demandada en el Expediente Número J.8/1067/2014, promovido por el Actor y hoy Tercero Interesado de Nombre JUAN CARLOS ESTRADA SÁNCHEZ en contra de REFRIGERADOS HERNANDEZ (NOMBRE COMERCIAL) Y/O MIGUEL GUERRERO SOTO Y/O SOFIA ABGÉLICA GUERRERO SOTO Y/O ÁNGEL ERNESTO HERNANDEZ CAMACHO Y/O QUIEN RESULTE PATRON, PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO DEMADADA QUE SE UBICA EN CALLE QUNTA SUR TERCERA CERRADA SIN NUMERO, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN ,ESTADO DE MÉXICO..." [.]" Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado identificado con el inciso "a)" se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que en contra del acto reclamado procede el incidente de nulidad de notificación. Sobre el tema, se transcribe el contenido del artículo en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante la propia autoridad laboral; y en este caso, como se adelantó, es el incidente de nulidad, de conformidad con los artículos 752 en relación con el 762, fracción I, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado, la parte a la que perjudique una notificación o la falta de esta, por no haberse realizado de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley adjetiva, puede solicitar su nulidad, a través del incidente previsto por el artículo 762, 763 y 764 , de la Ley Federal de Trabajo, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que esa incidencia procede en contra de la falta de notificación de las determinaciones en el juicio, así como de las notificaciones que no se lleven a cabo conforme a la citada ley laboral, como lo establece el diverso 752 ; debió agotar el referido incidente, pues a través de éste, la notificación que reclama de ilegal y sus consecuencias, pueden ser nulificadas. Sirve de apoyo por las razones contenidas, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2013077, consultable en la página 1249, del Libro 36, Tomo II, Noviembre de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." En ese sentido, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance un recurso ordinario y medio de defensa legal, por medio del cual el acto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a esta instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues es parte demandada en el juicio laboral del cual deriva el acto reclamado; aunado a que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. De ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado con el inciso "b)", se considera que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Del segundo de los dispositivos citados, se tiene que ahí se regula la procedencia del juicio de amparo contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual, el legislador distinguió los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra el auto que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Siendo precisamente en ese momento procesal, a través del que, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. b) Actos de remate. De lo anterior se tiene que la intención del legislador para condicionar la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la ejecución de una sentencia, en lo que aquí interesa, a la última dictada en el procedimiento de ejecución, es la de evitar abusos del juicio de amparo. Precisamente, porque en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, tendió a evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se pueda impugnar, en forma indiscriminada, cualquier acuerdo o resolución que se emita en esa fase, soslayando que existe una condena firme, en la que la parte quejosa fue parte e intervino en el procedimiento relativo. Así, dicho precepto otorga la posibilidad a las partes de que las violaciones que se llegaran a concretar en el procedimiento de ejecución, puedan analizarse, cuando se promueva el amparo contra la última resolución, siendo en ese momento procesal cuando se reclamen en la misma demanda todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Tan es así que, para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en nada incide la eventualidad de que el juicio de amparo sea instaurado por la parte vencedora, porque esa cuestión no altera la circunstancia de que se entorpezca la ejecución de la sentencia. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 36/2004 proveniente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Ahora, a los actos de ejecución el legislador les otorgó la calidad de última resolución emitida en este proceso, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. En efecto, siendo estas las siguientes: La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o bien; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o; La que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo que a su vez, es concomitante a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (que substancialmente se reitera en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la vigente Ley de Amparo), en la jurisprudencia 32/2001, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Consecuentemente, como ya se indicó, respecto al primera acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance un recurso ordinario y medio de defensa legal, por medio del cual el acto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado, lo debió haber agotado previo a esta instancia constitucional. Por otra parte, en relación con el embargo de cuentas que refieren los quejosos, es evidente que constituyen uno de los actos dictados en el procedimiento de ejecución a los que se les otorgó la calidad de última resolución, ya que solamente constituyen determinaciones intermedias dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; por lo que, no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Pues la parte quejosa deberá esperar hasta que se dicte la última resolución en ese procedimiento de ejecución, que se ajuste a las características mencionadas, cuando proceda el amparo, y en el que podrá impugnar lo ahora reclamado. En relación a esto último, importa destacar que comúnmente los tribunales judiciales no emiten esa determinación en la que tenga por cumplida la sentencia, menos aún, expresamente declaran la imposibilidad en relación a su cumplimiento; sin embargo, ello, no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante la autoridad jurisdiccional correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación ordinaria no lo prohíbe. De lo expuesto se advierte que las causas de improcedencia mencionadas, son manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda, de ahí que el amparo contra el acto que se reclama, por las razones vertidas sea improcedente. Por lo hasta aquí expuesto, se considera que el juicio de amparo que se analiza resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, con fundamento en lo previsto por los artículos invocados; por las razones expuestas y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que por auto de veinticuatro de octubre del año en curso, se acordó lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS Sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que por auto de veinticuatro de octubre del año en curso, se acordó lo conducente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 1, 3, 68, 71, 108, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se elaborará la versión pública de este proveído ; asimismo, dígaseles que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de los datos sensibles que en su caso pueda contener, asimismo, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. Que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes de que se dicte sentencia; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que existan en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8 del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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