Miguel Guerrero Favila
Expediente 777/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Miguel Guerrero Favila
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, doce de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Coordinador de Brigadas Especiales de la Ciudad de México, por medio de la cual pretende rendir su informe previo. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos sin mayor proveído, en virtud de que resulta extemporáneo a la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil veintidós. No obstante, con apoyo en los artículos 9° y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, causo ejecutoria la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; sin embargo, se reservó ordenar el archivo hasta en tanto se dictara la resolución el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la resolución interlocutoria dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; y toda vez que mediante proveído dictado en esta fecha en el cuaderno incidental, se tuvo por recibido el oficio signado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que remite testimonio de la resolución dictada en el R.A. 7/2022, y en el que resolvió lo siguiente: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta ejecutoria. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del cual, en atención al requerimiento formulado el siete de los corrientes, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, asimismo, solicita se vincule a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la citada secretaría, en razón de que aduce, es a quien le corresponde coordinar la corrección del título de propiedad respectivo. Atento a lo anterior, de autos se advierte que, por diverso oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.2663.2022, de cinco de abril del año en curso, la Directora de Ejecutorias, en ausencia de la Titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias en la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien a su vez actúa en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, solicitó que se requiera directamente al Registro Agrario Nacional como autoridad vinculada, toda vez que adujo, dicho órgano registral es quien debe pronunciarse respecto de la solicitud de inscripción del título de propiedad y acuerdo de titulación, realizada por la referida Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural. En atención a lo expuesto y tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Titular del Registro Agrario Nacional y a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan copia certificada de las constancias con las cuales acrediten haberse coordinado a efecto de pronunciarse respecto del trámite del acuerdo de titulación y título de propiedad 1022631, del predio "El Sinaí fracción I", mismo que además fue solicitado por la autoridad oficiante por oficios 13463, 13464 de veinte y veintiuno de agosto de dos mil veintiuno. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acato a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se impondrá a las personas físicas que ostentan el cargo de las autoridades requeridas una multa por ciento cincuenta días de la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirá copia certificada de los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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